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Agricultura solo ha pagado 25 de las 418 ayudas por la DANA dos años después

El departamento de Mireia Mollà nada más que ha abonado 117.000 euros, pero saca pecho de los 17 millones invertidos en obras hidráulicas y de caminos

La consellera Mireia Mollà en una de sus intervenciones de este jueves, con Morera al fondo. | INFORMACIÓN

Sacar los colores a la Conselleria de Agricultura, a tenor de su cuestionada diligencia para abonar las ayudas para paliar los efectos producidos por la DANA, se ha convertido en todo un recurso para la oposición. Y no es para menos. Dos años después de que la devastadora gota fría arrasara la Vega Baja, dejando en la ruina a cientos de productores, el departamento que dirige Mireia Mollà ha abonado indemnizaciones a 25 de los solicitantes. Tan solo a 25 de los 418 que cumplían los requisitos para acceder a unos fondos autonómicos que se sacaron con carácter «urgente», según especificaba la convocatoria, para la reparación de daños.

Las críticas a la gestión de la consellera de Compromís por todo este asunto han llegado desde diferentes instituciones y organismos, por parte de responsables políticos del Partido Popular y también de Ciudadanos. También de Vox, que este jueves preguntó a la consellera en las Cortes cómo es posible que dos años después de las lluvias torrenciales se haya resuelto un número tan bajo de expedientes, los mencionados 25, por un total que suma 117.000 euros, cuando se prometieron 20 millones. Pero Mollà, lejos de realizar cualquier ejercicio de autocrítica, sacó incluso pecho de su gestión.

La consellera se escudó en que el 90% de los expedientes presentados por los damnificados no reunía las condiciones mínimas para poder tramitarse, por lo que se tuvieron que alargar los plazos para la subsanación de errores. En concreto, la línea de ayudas contemplaba subvenciones de hasta 8.000 euros para acometer actuaciones en materia de infraestructuras como la reparación de vallados, balsas, desescombro, caminos de acceso o acequias, así como para paliar la pérdida definitiva de suelo y de capacidad productiva. Mollà, en sede parlamentaria, detalló que existen otros 25 expedientes resueltos que se publicarán en breve y argumentó que las resoluciones irán saliendo por tandas, cuando vayan estando listas, para no demorar todavía más la espera. Dijo, además, que las ayudas a los agricultores afectados no han sido solo esas, sino que se han invertido 15 millones «en tiempo récord» para reparar infraestructuras hidráulicas y otros dos millones en la remodelación de caminos de accesos. «Nos han felicitado todos los alcaldes de la zona por la urgente reparación de esos dos elementos básicos», alardeó la consellera desde la tribuna.

La reversión del departamento de Salud de Torrevieja fue otra de las cuestiones que se abordaron en sede parlamentaria. La titular de Sanidad, Ana Barceló, rechazó que se trate de un «proceso tortuoso» y que se hayan producido fugas entre los jefes de servicio, asegurando que algunos de ellos estaban contratados a la vez por los centros hospitalarios de Torrevieja y el Vinalopó, y hubo quienes optaron por seguir trabajando para la concesionaria, Ribera Salud. Barceló reiteró, en cualquier caso, que el Botànic seguirá adelante con su hoja de ruta para desmantelar las privatizaciones, aunque reconoció que no puede «estar satisfecha» con las listas de espera en los hospitales públicos valencianos para intervenciones quirúrgicas, comprometiéndose a reducirlas. «No podemos estar satisfechos con los tiempos», dijo, pero recordó el impacto de la pandemia y confió en ir a una «cierta normalidad».

El diputado de Cs Fernando Llopis hizo hincapié especialmente en la situación del hospital del Alcoy, donde se registran faltas de especialistas. La consellera explicó que se están desplazando hasta allí a anestesistas de otros departamentos para reducir las listas de espera quirúrgicas, puesto que las bolsas de empleo para contratar más están vacías. Añadió que, al mismo tiempo, se está impulsando un plan de choque y potenciando autoconciertos para acortar los plazos.

La Ley del Fondo de Cooperación se aplicará a partir de 2023

La Comunidad Valenciana ya cuenta con la Ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. Las Cortes autonómicas validaron este jueves la aprobación de la normativa con los votos a favor del Botànic y en contra de la oposición. El PP advirtió en el debate parlamentario de que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional al considerar que atenta contra la independencia de las diputaciones, al obligarles a aportar fondos de su presupuesto para repartir entre los municipios con base a los criterios recogidos. Unos parámetros que, según destacan, perjudican a los municipios de menor población.

La Generalitat insta a la Diputación de Alicante a sumarse al reparto de fondos el próximo año

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Por el momento, la nueva legislación no tendrá efectos prácticos hasta 2023. El Fondo de Cooperación del próximo año, en el que la Generalitat aporta 40 millones de euros, ya está acordado con las diputaciones de Castellón y Valencia, pero no con la de Alicante. Por tanto, no estará obligada a participar hasta el próximo ejercicio, y siempre que un tribunal no lo paralice.

El director general de la Administración Local, Toni Such, instó a la institución provincial de Alicante a sumarse al fondo el próximo ejercicio «para evitar la discriminación que sufren los municipios de esa provincia». Such destacó que el rechazo de Alicante durante cinco años a este plan ha provocado que las 141 localidades alicantinas hayan dejado de recibir 70 millones de euros. «Esa posición perjudica a los municipios y sus habitantes, pero también a sus alcaldes, de todos los grupos políticos, que tendrán que explicar por qué la negativa a formar parte del fondo», aseveró.

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