Existe un punto de acuerdo a un extremo y otro del país en torno a la reforma del sistema de financiación: las comunidades reclaman mayores recursos para hacer frente al mantenimiento de las competencias transferidas. No son solo las peor tratadas, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, las que exigen una mayor suficiencia financiera, sino que parece haber un convencimiento generalizado de la necesidad de reformular el reparto de fondos del Estado en ese sentido. Esa premisa, que viene siendo remarcada por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, está siendo defendida también desde territorios que forman parte del bloque de la España vaciada, el que pide que se primen criterios de dispersión geográfica y envejecimiento de la ciudadanía, frente a los que reclaman que predomine el parámetro de población ajustada, como es el caso del territorio valenciano.
Diálogo, hablar muchísimo. Esa fue la máxima que defendió este jueves Vicent Soler durante su participación en la mesa redonda «La reforma pendiente: sobre urgencias y parches», organizada en Santiago de Compostela y a la que acudieron los consejeros de Hacienda de Extremadura, Galicia y de Castilla y León, es decir, tres de los que se sitúan en el grupo de la España despoblada y que evidencian estrategias similares en defensa de sus intereses.
La cita de ayer despertaba especial interés puesto que era la primera vez que Soler participaba en un cónclave con algunos de sus homólogos ubicados en el grupo que defiende intereses contrapuestos; si bien, aunque siguen existiendo importantes diferencias a un lado y otro del tablero geográfico, también afloraron puntos de acuerdo. Suficiencia, equidad y aumento de recursos generalizado fueron algunos de los conceptos en los que coincidieron los representantes de dichas comunidades, lo que motivó que la delegación valenciana saliera de la cumbre con más optimismo del que arribó.
En su alocución, Soler insistió en la necesidad de adoptar criterios de población ajustada, es decir, que se mida el reparto en función del conjunto poblacional y dijo que, precisamente, el concepto de «ajustada» permite adaptar la distribución de fondos a las características de cada territorio. El conseller destacó que la propuesta valenciana busca «acabar con la inequidad horizontal entre comunidades autónomas y la insuficiencia global del sistema contando con más recursos». Desde el departamento de Hacienda aseguraron que ninguno de los participantes puso en duda que la Comunidad es la peor financiada del país y que Soler quedó satisfecho con el posicionamiento de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que insistió en que el problema que genera la infrafinanciación en determinados territorios se podría haber corregido con un fondo de nivelación transitorio de 2.500 millones.
El consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos (PP), abogó por un proceso de negociación multilateral en el que «se valoren bien cuáles son los principales factores de coste de las competencias» y en el que exista corresponsabilidad fiscal. Su homóloga en Extremadura, la socialista Pilar Blanco-Morales (PSOE), consideró que el nuevo modelo «tiene que salir de un pacto entre los grandes partidos nacionales, PP y PSOE», rechazó la confrontación y advirtió que no admitirán estar suprafinanciados, pues dijo que hacen frente a las necesidades de una población dispersa y envejecida. Desde Castilla y León, Carlos Fernández, insistió en la necesidad de mantener el fondo covid en 2022, señaló que todas las comunidades «necesitamos una reforma del modelo de financiación, eso es algo que nos une, nos une la voluntad de prestar servicios de calidad», y resaltó que el coste de los servicios en el medio rural es «bastante mayor».
