La Generalitat Valenciana se encuentra en una especie de callejón sin salida para acordar medidas tendentes a blindar las residencias de mayores frente al coronavirus. Mientras la Administración autonómica ha solicitado al TSJCV autorización para exigir el pasaporte covid a todos los visitantes a estos centros residenciales, no podrá hacer lo mismo con las plantillas de trabajadores. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha cuantificado hoy que entre un 5% y un 6% de los empleados se encuentra sin vacunar, pero no se les puede reclamar la inoculación debido a que es un requisito que solo podría regular el Estado, no las comunidades autónomas.

"Es entrar en una esfera de derechos para los que la Generalitat no tiene cobertura legal que le permita exigirla", ha explicado la portavoz del Gobierno valenciano. Oltra ha subrayado que la aprobación del pasaporte covid, pendiente de autorizar por los tribunales, ha sido una medida proyectada para todas las personas ajenas a las residencias, pero no para los trabajadores, ni de estos centros ni de cualquier otro establecimiento en el que se exija el certificado covid, como por ejemplo los hospitales o los locales de hostelería y ocio que tengan un aforo superior al medio centenar de personas.

Según la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, en esa cuestión entre en juego una "colisión de derechos que tiene difícil encaje", puesto que "si no hay un marco legal que ampare esa normativa de la vacunación obligatoria para trabajar en determinados sectores, como puede ser la sanidad o el espacio residencial", no se puede exigir a la plantilla. La vicepresidenta ha recalcado que en la actualidad, con la normativa en vigor, no hay vacunas obligatorias para ningún sector ni tampoco se puede obligar a ninguna persona a vacunarse.

En cuanto a las visitas y personal ajeno a las residencias, Oltra ha precisado que están pendientes de la autorización del TSJCV para poder pedirles el pasaporte covid, que ha recordado que tiene tres modalidades: acreditar la pauta completa de vacunación, probar que se tiene un diagnóstico negativo, con una PCR realizada en las 72 horas antes, o bien con un test de antígenos practicado hasta 48 horas antes. También sirve avalar una recuperación de contagio de covid en los 180 días anteriores a la emisión del certificado.

Claro que existen excepciones, como por ejemplo la población que no está obligada a vacunarse, como los niños menores de 12 años, que en su caso si podrían acceder a las residencias u otros centros si necesidad de mostrar el pasaporte.

Según ha subrayado Oltra, hasta el momento son seis comunidades autónomas las que ya cuentan con el pasaporte covid: Galicia, Aragón, Murcia, Baleares, Cataluña y Navarra. Con ello, la vicepresidenta ha mostrado su confianza en que, finalmente, el TSJCV avale la propuesta.

"Aprendizaje covid"

Por otra parte, Oltra ha informado de que las nuevas residencias de personas mayores incorporarán el "aprendizaje covid" con unidades de convivencia semejantes a un hogar. Para hacerlo posible el Pleno del Consell ha aprobado modificar varios decretos que permitirán ordenar el sistema público valenciano de servicios sociales con el objetivo de que los nuevos centros residenciales de personas mayores se estructuren en 'unidades de convivencia' para crear espacios más parecidos a un hogar, en lugar de megacentros, incorporando así los aprendizajes extraídos de la pandemia.

En concreto, el decreto aprobado por el Pleno modifica el decreto 59/2019 de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, junto a los decretos 181/2017 de acción concertada, el 38/2020 de atención primaria de servicios sociales y el 34/2021 que regula el mapa de servicios sociales, con el objetivo de adaptarlos al desarrollo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos.

Estas modificaciones permiten "la inclusión de aspectos esenciales e inaplazables para impulsar el modelo residencial del Plan Convivint que se proyectó la pasada legislatura", ha subrayado Oltra.

El nuevo texto también adecúan las plazas o servicios que se ofrecen en la acción concertada al mapa del sistema público valenciano de servicios sociales, e incrementa el mínimo de plazas a ofertar por los centros al 85% sobre el total de plazas autorizadas que tienen.

Asimismo, se establece que aquellos centros que ofrezcan la totalidad de las plazas para concertar obtendrán una puntuación adicional, y se reconoce la posibilidad de ampliar plazas concertadas para dar cobertura a situaciones de urgencias en los casos de personas usuarias en situación de especial vulnerabilidad.

Comisión organizativa técnica

Del mismo modo, el decreto aprobado hoy por el Pleno del Consell modifica el Decreto 38/2020 de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales para regular las comisiones mixtas para articular los traspasos de competencias entre administraciones, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Servicios Sociales Inclusivos.

En estos momentos, hay 33 entidades locales con 38 infraestructuras sociales que deben pasar a la Generalitat. De estos recursos, 28 corresponden al sector de personas mayores, 7 al de diversidad funcional, 2 son recursos mixtos y uno es de infancia y adolescencia.

La modificación de este decreto permitirá la creación de una comisión organizativa técnica con los profesionales de los servicios sociales de atención primaria, con el objetivo de que puedan participar en la adecuación de los servicios sociales municipales a la nueva ley.

Por último, se modifica el decreto 34/2021 que regula y aprueba el Mapa de servicios sociales de la Comunidad Valenciana para ajustar los términos de elaboración de los planes estratégicos de carácter zonal al Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, así como el proceso de zonificación.