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Oltra carga contra la ordenanza de mendicidad y prostitución de Barcala: "Estigmatiza a las víctimas, recuerda a la dialéctica franquista"

La vicepresidenta del Consell critica que la respuesta del Ayuntamiento sea imponer sanciones a mujeres prostituidas y personas sin recursos, algo que achaca a la deriva que se produce cuando se gobierna condicionado por Vox

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha cargado hoy contra el bipartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante, formado por PP y Cs, con relación a la aprobación de la polémica ordenanza de mendicidad y prostitución, la conocida como Ordenanza Cívica, que ha recibido el rechazo de más de 40 entidades sociales por considerarla injusta y por criminalizar a las personas más vulnerables, con multas de hasta 3.000 euros. La portavoz de la Generalitat ha considerado que se producen "síntomas alarmantes" cuando Vox condiciona determinados gobiernos, como a su juicio ocurre en la capital provincial, y ha defendido que con esta normativa se "estigmatiza" todavía más a las mujeres prostituidas y a las personas sin recursos. Todo ello utilizando una dialéctica que, según valora, recuerda a la que empleaba el régimen franquista cuando calificaba a determinadas personas como individuos de peligrosidad social.

Oltra se ha manifestado así durante su comparecencia semanal tras el pleno del Consell, donde ha sido cuestionada sobre si cree que hay partidos políticos, al margen de Vox, que no respetan la democracia y los derechos humanos; una aseveración que ella misma ha empleado en un momento de su intervención para referirse a la ultraderecha. En concreto, y preguntada por el uso de la violencia machista como arma política, ha advertido que desde la entrada de Vox hay una "anomalía democrática" en el Parlamento valenciano, recalcando que se trata de "un partido de extrema derecha, negacionista de la violencia de género, que está fuera del ámbito constitucional y de la defensa de los derechos humanos".

Las declaraciones de Oltra se producen un día después de la bronca sesión de control celebrada en las Cortes, donde fue el blanco de todos los ataques políticos de la oposición por su gestión en el caso del abuso sexual a una menor tutelada por la Generalitat a manos de su educador, que es su exmarido; un pleno en el que Oltra dijo sentirse objeto de una "cacería", aunque hoy ha afirmado sentirse "absolutamente apoyada por el Consell en su conjunto". Oltra ha relacionado todo este asunto con "algunas mimetizaciones por parte de los partidos que presuntamente encuadran dentro del ámbito de la democracia", en alusión a PP y Cs con la ultraderecha. Y ha encontrado un buen ejemplo en la ordenanza de mendicidad y prostitución aprobada en Alicante.

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha cuestionado que la respuesta del Ayuntamiento de Alicante sea multar a las mujeres prostituidas, víctimas de violencia machista y de explotación sexual. "A mi eso me preocupa, es añadir más daño a las víctimas y es ir en dirección contraria a las normativas internacionales, al Convenio de Estambul, a lo que Naciones Unidas plantea sobre cómo abordar esta cuestión", ha enfatizado la vicepresidenta primera de la Generalitat.

"Lo último que se tiene que hacer es multar a la víctima o a las personas sin recursos", ha subrayado, para ironizar después con lo "inútil que resulta, precisamente, multar a personas sin recursos.

La consellera cree que además de estigmatizar a las víctimas se emplea "una dialéctica de individuos de peligrosidad social, lo que le gustaba al régimen franquista". Con ello, ha recalcado que ve "derivas preocupantes cuando Vox condiciona los gobiernos". Con todo, ha dicho que espera que vuelva a equilibrarse la situación y que se pueda "sacar de la confrontación política algo compartido por todo el mundo", como es la condena de la violencia de género.

La controvertida ordenanza que ha sido objeto de las críticas de Oltra fue aprobada ayer jueves por la corporación de Alicante, con los votos a favor de PP, Cs y Vox, frente al rechazo de los grupos de izquierda, un documento criticado por entidades como Cáritas.

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