La síndica del grupo Ciudadanos en las Cortes valencianas, Ruth Merino, acompañada del diputado Carlos Gracia, ha acudido hoy a la sede del Síndic de Greuges, en Alicante, para registrar una queja a raíz de las campañas promovidas por la “Plataforma per la Llengua”. También, para exigir que la Generalitat deje de inyectar subvenciones a una asociación que, según denuncian, se dedica a señalar públicamente a trabajadores, empresarios y docentes que no se expresan en valenciano, algo que coarta su libertad individual y los discrimina. La portavoz de la formación ha decidido acudir al defensor del pueblo en la Comunidad al considerar que el Gobierno del Botànic está respaldando dichas prácticas al nutrir económicamente al mencionado colectivo.
Merino ha tildado de "inadmisible" que se ingresen fondos públicos a una plataforma que, ha dicho, promueve "conductas de señalamiento" que no hacen más que aumentar la polarización social a través de iniciativas impulsadas para señalar a quienes no se expresan en valenciano. La síndica ha comparado estos hechos con lo que viene ocurriendo en Cataluña, por lo que cree que es necesario que se criminalicen comportamientos que no favorecen la convivencia.
En concreto, la formación naranja asegura que la "Plataforma per la Llengua" ha iniciado una campaña pública para señalar a aquellos trabajadores, comercios y empresas de la Comunidad Valenciana que según el consumidor discrimina el valenciano. Según se explica en la queja registrada en el Síndic, la campaña consiste en la edición y la distribución de adhesivos en los que se lee “Aquesta empresa discrimina el valencià” para que los consumidores que lo consideren peguen estos carteles en los locales de los comercios. Según el documento presentado, la asociación promotora de esta campaña recibe anualmente subvenciones de la Generalitat Valenciana, principalmente de la Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo. En total, la suma de dinero público recibido por la entidad desde 2016, con el Gobierno del Botànic, alcanza los 300.000 euros.
"Se trata de una actuación irresponsable y peligrosa y de un ataque intolerable a la libertad individual para elegir la lengua oficial en la que comunicarse, así como un señalamiento público inadmisible y amenazante por parte de entidades intolerantes que, además, están subvencionadas con dinero público de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", alerta Cs al Síndic.
Merino asegura además que esta no es la única campaña que "Plataforma per la Llengua", que sostienen que se autodenominan como “ONG del catalán” promueve para denunciar y señalar por razones lingüísticas. Recientemente, la asociación anunció una plataforma llamada “La universitat, en català!" para la que creó una web en la que los alumnos de las universidades catalanas, valencianas y baleares denuncien a profesores que utilizan el castellano y no el catalán en la facultad, según resaltan desde Ciudadanos.
Por todo ello, la síndica, en representación de su grupo parlamentario, solicita a la institución que preside Ángel Luna la exigencia del cese de las campañas promovidas por la asociación “Plataforma per la Llengua” que señalan públicamente, coartan la libertad individual y discriminan a trabajadores, empresarios y docentes de la Comunidad Valenciana. También, la paralización del apoyo de la Generalitat Valenciana y de la concesión de cualquier tipo de subvención pública a la asociación promotora de estas campañas que dicen que atacan los derechos sociales y las libertades de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y que las entidades públicas tienen en deber de proteger y hacer respetar. Son cuestiones que, según subrayan, contravienen disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, que recoge que el idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. También se dice que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua.
La supresión de subvenciones a entidades que tildan como pancatalanistas es algo que desde Ciudadanos también se ha exigido a través de las enmiendas registradas al presupuesto de la Generalitat para 2022. De igual forma, se exige suprimir la Oficina de Derechos Lingüísticos tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de doce de los dieciséis artículos del decreto de la Generalitat Valenciana que regula este organismo. También se propone la obligatoriedad de someter a votación por parte de los padres y madres del modelo lingüístico que desean que se aplique en cada centro educativo para, en definitiva, "cumplir el Estatuto respetando las diferentes realidades sociolingüísticas de la Comunidad Valenciana".
Tanto Ruth Merino como Carlos Gracia centrarán hoy su agenda de trabajo en Alicante, donde mantendrán diversas reuniones con representantes del sector hotelero, de la hostelería y el ocio nocturno para escuchar las necesidades de uno de los sectores más afectados por la crisis del covid. De esa forma, subrayarán que su formación está radicalmente en contra de la aprobación de la tasa turística que promueven Compromís y Unides Podem, mientras el PSPV pide que no se active por el momento. Además, expondrán algunas de las enmiendas presentadas al presupuesto, como la de impulsar un Bono Sénior para impulsar el turismo, dotado con cinco millones de euros, o un plan de recuperación para el ocio nocturno con 10 millones de euros.
