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Ineca y la CEV cifran en 87 millones el déficit en obra pública del Consell en Alicante en 2020

Ambas instituciones critican que las inversiones ejecutadas no se hayan ajustado al peso poblacional de la provincia

Palacio, Ballester y Llopis, en la presentación del informe. | INFORMACIÓN

Los presupuestos de la Generalitat, tanto del ejercicio actual como del próximo, contemplan inversiones para la provincia ligeramente superiores a su peso poblacional. Pero eso no ha sido siempre así. De hecho, la dinámica habitual en los últimos tiempos ha venido siendo justo la contraria, y eso se ha puesto de manifiesto en la obra pública ejecutada, que solo en 2020 estuvo 87 millones de euros por debajo de lo que le hubiese correspondido al territorio alicantino, atendiendo a su número de habitantes. Así lo denuncian el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, que, además, se quejan del bajo nivel de territorialización de las inversiones, lo que impide conocer su destino.

Ineca y CEV Alicante han elaborado un informe sobre el impacto de los presupuestos de la Generalitat, destacando que para 2022 asignan a Alicante 259,6 millones de euros -94 más que un año antes-, por lo que ya son dos los ejercicios consecutivos en que el Consell contempla inversiones ligeramente superiores al peso poblacional de este territorio.

En este sentido, tanto el presidente de Ineca, Rafael Ballester, como el de CEV Alicante, Perfecto Palacio, se congratulan de que, tras años de reivindicaciones, por fin se estén teniendo en cuenta criterios poblacionales a la hora de repartir los fondos. De hecho, destacan que, si las inversiones se hubiesen basado anteriormente en este factor, la provincia tendría que haber recibido 254 millones de euros más en inversiones desde el año 2008.

Pero la cosa no acaba ahí, dado que, según explica el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, la deuda en las asignaciones para Alicante no está solo en el proyecto de presupuestos, sino también en la ejecución de obra pública. En el periodo comprendido entre 2000 y 2020, esta ejecución deja un saldo negativo de 577,5 millones atendiendo al criterio poblacional, de los que 87 millones corresponden al último ejercicio. El dato contrasta con el de Castellón y Valencia, con saldos positivos de 344,5 y 233 millones respectivamente en los últimos 20 años, que se quedan en 53 y 34,4 millones si solo se toma como referencia 2020.

El informe, por otro lado, pone de relieve el paulatino aumento de las inversiones no territorializadas, hasta el punto de alcanzar en 2022 el 54% del total. «Nos preocupa -indica Palacio- no saber dónde va a parar el dinero de los valencianos».

Ballester, por último, recuerda que, según se prometió, el déficit inversor de los presupuestos del Estado en la provincia debía corregirse con una aportación de 300 millones en los presupuestos de la Generalitat, algo que, resalta, «no atisbamos a ver en modo alguno».

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