El Botànic ha formalizado hoy su división en torno a la polémica tasa turística para gravar las pernoctaciones en la Comunidad. El socio mayoritario de la coalición, el PSPV, ha votado en contra de la propuesta impulsada por Compromís y Unides Podem, que buscaba aprobar este gravamen a través de una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización, la conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022. Los votos de los socialistas, unidos a los de la bancada de la derecha, han sido determinantes para vetar la iniciativa debatida hoy en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda. No obstante, en principio, los valencianistas y los morados parecen estar dispuestos a defender su posicionamiento durante la sesión parlamentaria programada el 20 de diciembre, donde se abordará la aprobación definitiva de esta ley. Aún así, se admite que seguirá la negociación a tres bandas en un intento de evitar un voto dividido en dicho pleno.
El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha justificado el rechazo de su grupo a la tasa turística esgrimiendo los argumentos que ha venido utilizando en las últimas semanas. Mata ha recalcado que para la aprobación de una medida de estas características hay que escuchar primero al sector. Por tanto, cree que el cauce para debatir sobre esta cuestión debe ser a través de una proposición de ley, es decir, a través de un procedimiento ordinario. Es más, antes de la reunión de hoy, Mata se ha comprometido a impulsar ese proceso en el plazo más breve posible, tras haber alcanzado un acuerdo en la coalición de izquierdas para que la tasa sea de carácter municipal y voluntaria, lo que deja en manos de los ayuntamientos que se pueda o no activar.
"Ahora no es el momento, con la incerteza de la situación turística y económica. En los próximos meses sí que podremos llegar a un acuerdo", ha dicho Mata.
Por su parte, el síndico de Compromís, Fran Ferri, ha destacado que la tasa turística ya existe, pero es un gasto que en estos momentos asumen los valencianos, que sufragan los costes de servicios que genera el turismo. "El debate está en si la tienen que seguir pagando los vecinos o los turistas", ha recalcado, añadiendo además que la evidencia científica demuestra que las ciudades que han aprobado este gravamen no han perdido visitantes. Aún así, ha mostrado su confianza en que, finalmente, se pueda llegar a un acuerdo.
Pilar Lima, como síndica de Unides Podem, ha defendido que el turismo es un sector estratégico en la Comunidad pero ha enfatizado que no se puede negar que genera un impacto en el territorio y a nivel económico, con la degradación del medio o intensificando fenómenos como la gentrificación o el incremento del precio de los alquileres.
Con todo, no está claro que los socios de izquierdas vuelvan a votar divididos en la sesión del día 20 de diciembre. Cabe la posibilidad de que negocien una solución intermedia que pase por retirar la enmienda si se firma un compromiso efectivo de impulsar la tasa a través de una ley. Mientras tanto, la oposición de PP, Cs y Vox, en bloque, ha rechazado la puesta en marcha de esta medida.
Otro de los asuntos que el Botànic ha sacado adelante en la comisión de hoy ha sido el de la enmienda para introducir el concepto de violencia obstétrica en la legislación valenciana. En concreto, en la Ley de Salud y no en la de violencia contra la mujer, tipificándolo como violencia machista. Esa fue la propuesta inicial, pero, generó tal revuelo en el ámbito sanitario que se decidió dar marcha atrás y buscarle ese otro encaje normativo. No obstante, esta cuestión ha vuelto a agriar el debate de hoy por el rechazo de la derecha, al estimar que supondría denigrar y criminalizar a profesionales como ginecólogos, obstetras o matronas.
Se trata de una enmienda que generó discrepancias entre los socios y entre los colectivos profesionales, ya que inicialmente plantearon incluir la violencia obstétrica en la ley autonómica de violencia sobre las mujeres. De hecho, esta propuesta provocó la dimisión de dos ginecólogas de hospitales valencianos y el rechazo de la Conselleria de Sanidad que dirigen los socialistas.
En concreto, la nueva enmienda consensuada se limita a establecer una nueva sección y un nuevo artículo en la Ley 10/2014, de Salud de la Comunidad Valenciana, para añadir que se garantizarán las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la OMS.
Las tres fuerzas de la oposición han coincidido en criticar que los grupos que sustentan al Consell hayan presentado más de 70 "autoenmiendas" al proyecto de ley con el fin, a su juicio, de incluir modificaciones legislativas sin pasar por los controles pertinentes. También han reclamado una rebaja de impuestos, mientras la izquierda ha defendido su modelo de fiscalidad progresiva.
