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El PSPV veta la tasa turística y advierte de que solo negociará si se da voz al sector

El socio mayoritario trata de ganar tiempo al votar en contra de la iniciativa de Compromís y Unides Podem, y les ofrece debatir sobre el impuesto sin prisas y en el marco de un proyecto legislativo - La derecha ataca con la bajada de impuestos

Diputados en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos celebrada este jueves en las Cortes valencianas. | INFORMACIÓN

El Botànic escenificó este jueves su división, una vez más, con relación a la tasa turística. Nada nuevo, solo que esta vez el desacuerdo se formalizó en sede parlamentaria. El socio mayoritario de la coalición, el PSPV, en sintonía con los tres grupos de la oposición, votó en contra de la propuesta impulsada por Compromís y Unides Podem, que pretendían aprobar este gravamen a través de una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización, la conocida como Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022. No obstante, todo parece indicar que todavía no se ha escrito la última página sobre este asunto.

El rechazo de los socialistas fue determinante para tumbar la iniciativa, pero eso no significa que el asunto haya quedado zanjado. Los valencianistas y los morados remarcaron su posicionamiento al advertir de que su enmienda sigue viva y que, en principio, solicitarán que se debata durante la sesión parlamentaria programada el 20 de diciembre, donde se abordará la aprobación definitiva de esta ley. Claro que fuentes de la coalición destacan la posibilidad de que, finalmente, se acerquen posturas, algo que pasa inevitablemente por un giro de guion. Por el momento, las negociaciones botánicas siguen en marcha.

El PSPV está a favor de apoyar el gravamen siempre y cuando sea de carácter municipal, voluntario y con un encaje normativo enmarcado e un procedimiento que posibilite escuchar al sector y avalar la propuesta con informes económicos. En todo caso, sería un gravamen que no se activaría mientras continúe la crisis generada por el covid, no «con la incerteza de la situación turística y económica», no en 2022, resaltó el síndico socialista, Manolo Mata. Ese es un camino que se debe recorrer sin prisas y que, según advierten los socialistas, solo se explorará si se retira la enmienda de sus socios. De lo contrario, cerrarán la puerta a este asunto el resto de mandato.

A nadie se le escapa que, hasta ahora, abrir ese melón solo les ha generado críticas de un sector, el turístico, que se posiciona rotundamente en contra de activar este impuesto, que se debate en pleno chaparrón por la pandemia. Los valencianistas, en anteriores ocasiones, ya aceptaron que no se cobre a los turistas hasta que no se constate la recuperación del sector, si bien su síndico, Fran Ferri, reiteró que la tasa turística ya existe, pero es un gasto que en estos momentos asumen los valencianos, que sufragan los costes de servicios que genera el turismo. «El debate está en si la tienen que seguir pagando los vecinos o los turistas», recalcó, añadiendo, además, que la evidencia científica demuestra que las ciudades que lo han aprobado no han perdido visitantes. Desde Unides Podem, Pilar Lima reconoció que el turismo es un sector estratégico en la Comunidad pero enfatizó que su impacto negativo es innegable, con la degradación del medio o intensificando fenómenos como la gentrificación o el incremento del precio de los alquileres. Por ello, animó a sumarse a la «vanguardia» de los territorios que ya la tienen activa.

Polémica obstétrica

En lo que sí hubo acuerdo entre los grupos que sustentan al Gobierno valenciano fue en introducir el concepto de violencia obstétrica en la legislación valenciana. En concreto, en la Ley de Salud y no en la de violencia contra la mujer, tipificándolo como violencia machista. Esa fue la propuesta inicial, pero generó tal revuelo en el ámbito sanitario que se dio marcha atrás y se buscó ese otro encaje normativo. Esa fue una de las materias que agrió la sesión, con una férrea defensa en contra de la derecha, al considerar que supondría denigrar y criminalizar a profesionales como ginecólogos, obstetras o matronas.

Los ataques de la oposición pivotaron en torno a dos ejes comunes. Por un lado, las críticas al tripartito por utilizar la Ley de Acompañamiento para aprobar cambios normativos y eludir, aseguran, la fiscalización del Consejo Económico y Social, el Consejo Jurídico Consultivo y la Abogacía de la Generalitat. Por otro, coincidieron en reclamar una bajada de impuestos para aliviar el «infierno fiscal» al que consideran que está sometida la Comunidad. José Antonio Rovira (PP) defendió las principales líneas del plan estrella del presidente regional del partido, Carlos Mazón, para ahorrar a los valencianos 1.530 millones de euros. Yaneth Giraldo, el que promueve Cs, para un ahorro de 129 millones. También José María Llanos (Vox) pidió eliminar gastos superfluos . Tampoco esta vez faltaron alusiones a la «imposición» del valenciano a los funcionarios y los estudiantes, cuestiones que rebatió el Botànic defendiendo que la fiscalidad progresiva permite fortalecer el escudo social para proteger a los más vulnerables, mientras que ven en el valenciano una oportunidad de futuro para los jóvenes y un derecho para todos aquellos que desean relacionase en esa lengua con la Administración.

Depósitos de combustible en el puerto: a un kilómetro de las viviendas

La izquierda aprobó una enmienda con la vista puesta en Alicante al estar relacionada con la implantación de actividades económicas que impliquen riesgos para la salud o manipulación de sustancias peligrosas. En particular, en el caso de tanques para almacenar combustible de más de 5.000 metros cúbicos en el interior de recintos portuarios, se deberán situar, al menos, a un kilómetro de distancia se suelos calificados como residenciales, dotacionales, educativos, sanitarios o de uso terciario especial. También se aprobó el plan de «autopista administrativa» que permitirá facilitar licencias de actividad y de obra, a través de los organismos de certificación administrativa, y primar las subvenciones al sector turístico con base en «criterios sociales, medioambientales y de dignificación laboral y social». Los botánicos apoyaron una enmienda del PP que permitirá que los ayuntamientos dispongan de dos años más, hasta final de 2023, para transformar las plazas interinas de Policía Local en fijas, ya que, con el normativa actual, solo podían hacerlo antes de finales de 2021.

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