La tramitación parlamentaria para a la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y Organización, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2022, ha estado salpicada, un año más, por la polémica de las modificaciones legislativas. La oposición (PP, Cs y Vox), en bloque, ha puesto el foco en los cambios normativos que el Botànic, de nuevo, aprobará a través de enmiendas al proyecto original. La derecha tacha la maniobra de «fraude» puesto que, según denuncian, se saltan la fiscalización del Consejo Económico y Social, el Consell Jurídic Consultiu y la Abogacía de la Generalitat; mientras que la coalición de izquierdas (PSPV, Compromís y Unides Podem) defiende que es perfectamente legal, hasta el punto de que, tal y como argumentan, también la oposición, con sus enmiendas, propone modificaciones de leyes. Mientras algunos de los cambios responden a cuestiones técnicas, otros articulan novedades proyectadas para tener alcance social, que se aprobarán gracias a la mayoría parlamentaria de los tres grupos que sustentan al Gobierno valenciano. Estas son algunas de ellas.
VIOLENCIA OBSTÉTRICA
La introducción de la violencia obstétrica en la legislación valenciana, entendida como trato vejatorio durante el embarazo o el parto, incluyendo procedimientos médicos coercitivos o no consentidos, ha sido uno de los asuntos que ha generado un mayor revuelo. Tras las duras críticas del ámbito sanitario, e incluso de la propia conselleria del ramo, finalmente, el Botànic ha cedido a la presión y no la incluirá en la Ley de Violencia contra la Mujer, sino en la Ley de Salud, lo que supone que no se tipificará como violencia machista. El objetivo que se fija pasa por «garantizar las medidas proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la Organización Mundial de la Salud».
SALUD BUCODENTAL
Se aprueba impulsar un cambio en la Ley Valenciana de Salud para incorporar el derecho a la salud bucodental de los niños, niñas y adolescentes y, en concreto, para ampliar los tratamientos de ortodoncia que no tengan una finalidad exclusivamente estética. Asimismo, establece que la Conselleria competente estudiará e impulsará la ampliación progresiva de la cartera pública de los servicios de atención bucodental, y la posibilidad de extender su acceso al resto de la población.
MÁS INSPECTORES
En materia de servicios sociales, se amplía la plantilla de inspectores, que pasa de 34 a 40 frente a los siete que había en el año 2015. Además, se les considerará personal de atención directa, lo que implica que, si se registra una baja, se cubre de forma inmediata, evitando procesos administrativos que dilatan la efectiva sustitución, con tal de que el servicio no pierda efectividad ni recursos. Por otro lado, se establecen ratios para los agentes de igualdad, que quedan equiparados a los asesores jurídicos a todos los efectos, incluido el sueldo. De esta forma, se garantiza que habrá al menos uno por cada 20.000 habitantes en municipios pequeños y medianos, mientras que para los de mayor tamaño se establece una fórmula de aproximación que, en cualquier caso, aseguran que mejora la ratio actual.
VIVIENDA
En materia de vivienda, se aprueban medidas para facilitar el acceso a los fondos europeos Next Generation, por ejemplo, haciendo posible la implantación de instalaciones destinadas a reducir la demanda energética de los edificios, pudiendo ocupar suelos dotacionales públicos o privados inedificables, con el único requisito de obtener una licencia municipal sin necesidad de modificar el plan urbanístico. También se podrán establecer programas plurianuales que permitan a los ayuntamientos la rehabilitación de edificios y viviendas en las actuaciones cuyo ámbito sea de un barrio completo. Hasta ahora el límite estaba fijado en un ejercicio presupuestario. Por otro lado, se permitirá destinar el suelo dotacional así clasificado por el PGOU a la construcción viviendas destinadas a residencia permanente en régimen de alquiler para colectivos desfavorecidos, y también para hacer posible la construcción de edificios para residencia en situación de vivienda colaborativa de cesión de uso bajo el régimen de protección pública. Igualmente, se amplía de 100.000 a 150.000 euros el precio de las viviendas que se pueden adquirir de forma directa para ampliar el patrimonio público de vivienda de la Generalitat, con el objetivo de poder atender de forma inmediata situaciones de vulnerabilidad. Otra de las novedades pasa por ampliar el concepto de gran tenedor a los entes sin personalidad jurídica, a los fondos buitre, así como a otras sociedades tenedoras que se dediquen también la compra, alquiler o simple inversión en viviendas, a los efectos de que sean también sujetos pasivos de la tasa por viviendas deshabitadas. La enmienda está destinada a evitar que la figura de gran tenedor deje fuera de su definición a fondos sin personalidad jurídica que, aun teniendo un gran número de viviendas en desuso, no pueden ser declaradas deshabitadas. Asimismo, se proponen medidas de carácter fiscal, con mayores deducciones por inversión en rehabilitación de viviendas destinadas a personas que tengan algún tipo de discapacidad.
PLAN EDIFICANT
Se incluye la modificación del decreto que regula el Plan Edificant, ideado para la dignificación de las infraestructuras educativas con el objetivo de mejorar los cauces de cooperación y participación entre la conselleria y los ayuntamientos. De esta forma, las administraciones locales, que asumen las competencias para impulsar las obras acordadas con la Generalitat, podrán destinar el dinero sobrante -dado que en muchas ocasiones se producen adjudicaciones a la baja- a otras actuaciones de ese mismo centro educativo, siempre con el visto bueno de la Conselleria y sin necesidad de iniciar un nuevo expediente. Con ello, se reducen los tiempos de ejecución.
DEDUCCIÓN POR CUIDADOS
Se establece una deducción para quienes contraten de manera indefinida a personas afiliadas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen de la Seguridad Social para el cuidado de menores o ancianos. Así, cuando una persona contribuyente tenga a su cargo a menores de cinco años o a uno o varios ascendientes mayores de 75 años y contrate de forma indefinida a personas inscritas en ese sistema para el cuidado de los mismos, podrá optar a deducciones fiscales de hasta 1.000 euros.
CONTRA LA DESPOBLACIÓN
Con el objetivo de luchar contra la despoblación, la Ley de Acompañamiento adapta la normativa vigente para considerar municipio en riesgo de despoblación a aquellos con menos de 300 habitantes, frente a los 120 estipulados previamente. Así, 21 municipios valencianos resultarán directamente beneficiarios de una mayor partida en el Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra el Despoblamiento. Al mismo tiempo, los ciudadanos y ciudadanas residentes en estas localidades así como su tejido empresarial pueden acogerse a las distintas deducciones reguladas por la Generalitat para los municipios considerados en riesgo de despoblación.
Sin tasa turística, pero con el foco en el sector
El debate en torno a la polémica tasa turística para gravar las pernoctaciones en alojamientos de la Comunidad se ha convertido en uno de los principales focos de tensión en el Botànic. Los socios de Gobierno han sido incapaces de alcanzar un acuerdo con respecto a este controvertido impuesto, hasta el punto de que el PSPV tumbó la enmienda registrada por Compromís y Unides Podem para la aprobación de este gravamen en la comisión celebrada esta semana en las Cortes. Llegados a este punto, y tras la escenificación de ruptura en sede parlamentaria, los socialistas han dado un ultimátum a sus socios: o se retira la enmienda en el pleno para la aprobación definitiva de la Ley de Acompañamiento, el 20 de diciembre, o no volverán a debatir esta cuestión en lo que resta de legislatura. Ofrecen, a cambio, iniciar la tramitación de un proyecto de ley para explorar una tasa de carácter municipal y voluntaria, dando voz al sector y con informes económicos que respalden su entrada en vigor.
Los socios sí han acordado en cambio rubricar un acuerdo que establece que las ayudas que destine la Generalitat al sector turístico tengan en cuenta, en sus criterios de adjudicación, la labor de las empresas contra la precariedad, en aspectos como la contratación indefinida, salarios y condiciones de seguridad laboral de los trabajadores.
El Botànic apuesta por agilizar los proyectos europeos en las empresas
La Ley de Acompañamiento adapta la legislación actual para agilizar la gestión y ejecución de los fondos europeos dirigidos a las empresas, tramitando de forma prioritaria esos expedientes.
Mediante enmiendas del Botànic, se regulan los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) con el objetivo de reforzar estos organismos y que permitan agilizar los trámites y rebajar los plazos de resolución en los expedientes de concesión de licencias de actividad municipales. Tendrán la misma validez que los informes técnicos emitidos por los servicios municipales.
No hay subida de impuestos. En materia de deducciones fiscales, se introducen ventajas destinadas a aquellos grandes tenedores que den un uso efectivo a sus viviendas inscritas en el registro de viviendas deshabitadas, y se les devolverán las cuotas atrasadas en 2021 cuando una vivienda deshabitada se destine al uso habitacional continuado durante un año. Otras de las novedades es la modificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, al regularse el tipo de gravamen aplicable a las compraventas de vehículos eléctricos y de pila de combustible, que queda establecido en el tipo general del 6%. También se establecen deducciones en el IRPF por donaciones a entidades que fomenten la lengua valenciana.
La oposición aprieta con la bajada de impuestos para salir del «infierno fiscal»
La expresión «infierno fiscal» se ha convertido en una de las principales muletillas entre los grupos que ejercen la oposición al Botànic. PP, Cs y Vox han puesto el foco en la necesidad de acometer una «revolución» en materia de impuestos con tal de aliviar la carga a los administrados; una propuesta con la que seguirán apretando en el pleno del 20 de diciembre. Los populares, el grupo mayoritario de la derecha, han cimentado buena parte de su discurso en la oportunidad de acometer el que está considerado como uno de los proyectos estrella de su líder regional, Carlos Mazón, que propone un plan que asegura que el 80% de los contribuyentes de la Comunidad acabaría pagando menos que el resto de España. Su estrategia, aseguran, permitiría ahorrar 1.530 millones en impuestos, una propuesta que el Botànic rechaza de plano al considerar que esas políticas neoliberales no permiten mantener el escudo social. También Cs propone rebajas impositivas, mientras que Vox aboga, además, por una centralización de servicios a nivel estatal. Otra de las cuestiones que el PP ha exigido, sin éxito, es una reforma de la Ley de Función Pública que, aseguran, dejará en la calle al personal interino de la Administración que no supere el primer examen en una oposición. Lo que piden es que se les mantenga en las bolsas de empleo.
