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El Botànic rubrica un acuerdo para activar la tasa turística a partir de 2023

La izquierda presentará en marzo una proposición de ley para regular un impuesto a las pernoctaciones, de carácter municipal y voluntario, tras escuchar al sector. Carlos Mazón arremete contra el tripartito y cree que Puig cede por motivos partidistas

Los síndics Pilar Lima, Manolo Mata y Fran Ferri, en las Cortes, tras rubricar el acuerdo INFORMACIÓN

El Botànic rubricó este martes un acuerdo para fijar la hoja de ruta tendente a la aprobación de una tasa turística para gravar las pernoctaciones en alojamientos de la Comunidad. La Generalitat establecerá un marco normativo común, pero la aplicación del impuesto, cuya cuantía podría alcanzar hasta dos euros por noche, será potestad de los ayuntamientos. Por tanto, serán los municipios quienes decidan si se obliga a los visitantes a pasar por caja.

El debate interno sobre esta cuestión se venía arrastrando desde 2017 entre el PSPV, Compromís y Unides Podem, pero ha sido en estos últimos meses, coincidiendo con la negociación de los presupuestos de 2022, cuando se ha convertido en un significativo vector de discrepancias.

Finalmente, saldrá adelante por el empuje de los valencianistas y los morados, pero con las condiciones que reclamaban los socialistas: con carácter municipal, voluntario, regulado a través de una proposición de ley y, en todo caso, entablando primero un proceso de diálogo con el sector que se erige como uno de los principales motores económicos del territorio autonómico y, en particular, de la provincia de Alicante.

Con todo, se comprometen a poner una propuesta sobre la mesa antes de marzo para iniciar entonces el recorrido parlamentario, si bien su horizonte de aplicación es difuso y, por el momento, está en el aire la fecha en que se activará, no antes de 2023. Tampoco se ha definido con exactitud a qué se destinará la recaudación.

El gravamen podría oscilar entre 0,5 y 2 euros por noche y se excluye al Imserso y las estancias sanitarias

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El documento firmado ayer por los síndicos Manolo Mata, Fran Ferri y Pilar Lima, bajo el título «Acuerdo valenciano por un turismo más sostenible, responsable y de calidad», establece que se impulsará, a lo largo de enero y febrero de 2022, un proceso de diálogo con el conjunto del sector turístico, tanto empresariado como trabajadores, así como con los ayuntamientos, asociaciones de vecinos, personas expertas y representantes de las administraciones del entorno que cuentan con instrumentos tributarios vinculados a la actividad turística, en referencia, se presupone, a las comunidades de Cataluña y Baleares.

Así, antes de finalizar marzo de 2022, quedará redactada una proposición de ley creadora del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas. El documento que servirá como punto de partida será el redactado a modo de enmienda a los presupuestos por Compromís y Unides Podem, que recoge tasas de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento y establece, además, ciertas exenciones, como, por ejemplo, al turismo del Imserso o las estancias vinculadas a la salud.

Tras la presentación pública de la propuesta de acuerdo, Mata defendió que es una «vía valenciana» que «no tiene nada que ver» con los impuestos vigentes en Cataluña o Baleares, ya que los deja en manos de los ayuntamientos. «No podemos fracasar. Tenemos que convencer al máximo de ayuntamientos e instituciones», y confió en que en 2023, si la situación sanitaria se normaliza, «muchos ayuntamientos la adopten». Ferri ahondó en su argumento de que, en realidad, la tasa ya la pagan los valencianos, porque asumen los gastos que genera el turismo, mientras Lima hizo un llamamiento para lograr el máximo apoyo del sector turístico.

Competitividad

El líder del PPCV y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, puso el grito en el cielo por una tasa que ha levantado en armas al sector y no solo criticó que restará competitividad, sino que, además, culpó al jefe del Consell, Ximo Puig, de no haber sido «capaz de plantarse y de decir que no». Consideró que, por motivos partidistas, Puig ha sucumbido a las pretensiones de sus socios de gobierno sin haber tenido en cuenta la situación del sector y lo que es más beneficioso para los intereses de los valencianos, una línea similar a la que se mantuvo desde Cs y Vox, que, igualmente, vienen utilizando este asunto como munición contra el Consell.

El pacto firmado ayer, in extremis, por los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno del Botànic evitará que los socios de izquierdas voten divididos durante la sesión plenaria que se celebra hoy, la que servirá para aprobar las cuentas autonómicas del próximo año y, también, de la Ley Medidas Fiscales que tendrán vigencia en la Comunidad. Compromís y Unides Podem se mostraban dispuestos a llevar hasta el final su enmienda conjunta para imponer la tasa, pero los socialistas se negaban en rotundo a aceptarla en esas condiciones. No por estar en desacuerdo con el contenido, sino por discrepar con las formas.

El PSPV rechazó que esa cuestión se regulara por las bravas, sin escuchar primero a la patronal hotelera ni realizar informes económicos que avalen su implantación. Su síndico, Manolo Mata, dirigió entonces un ultimátum a sus socios: si llegaban hasta el final, unirían sus votos a los de la derecha para tumbar la propuesta y, además, cerrarían la puerta a abordar este asunto el resto de legislatura, tal y como hicieron durante el debate de enmiendas. Y fue un órdago que, aparentemente, surtió efecto, porque, aunque los tres síndics botánicos trataron de proyectar ayer que el diálogo es su seña de identidad, lo cierto es que todo el proceso de negociación se ha cimentado en advertencias de unos y otros.

Tanto es así que fueron los vicepresidentes del Consell, Mónica Oltra y Héctor Illueca, quienes, a finales de septiembre, hicieron piña para rescatar la vieja reivindicación morada de la primera legislatura del Botànic que encalló por falta de apoyos. Lo hicieron, además, aprovechando que el jefe del Consell, Ximo Puig, se había desplazado precisamente ese día hasta Sevilla para tender puentes de diálogo con su homólogo, Juan Manuel Moreno Bonilla, y sellar un frente común por la infrafinanciación. Aquel encuentro entre los líderes de Compromís y Unides Podem, que levantó ampollas en el Palau, ha marcado, de alguna forma, parte de la negociación de los presupuestos para 2022. Desde ese día forzaron la apertura de un melón del que los socialistas llevaban rehuyendo, prácticamente, desde que dejaron atrás las dos décadas ejerciendo la oposición.

Se presupone que, durante los próximos meses, se irán resolviendo incógnitas sobre cuándo podría entrar en vigor el impuesto que, según fuentes socialistas, será prácticamente imposible activar antes de 2023, o a qué se destinarán en concreto las tasas recaudadas. Mientras los morados y los valencianistas han enfatizado el discurso de la necesidad de destinar esos fondos a políticas para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes y, en particular, en aquellas zonas afectadas por un incremento de precios como consecuencia de la afluencia turística. También se ha hablado de la necesidad de desarrollar planes para mejorar el medio ambiente o a la mejora de servicios e infraestructuras.

La patronal y Colomer cargan contra el gravamen al alojamiento

El presidente de Hosbec subraya la «traición» del PSPV y el secretario de Turismo critica que ni si quiera se le informó.

Los alcaldes de Benidorm, Alicante y Torrevieja, contrarios a la implantación.

La patronal hotelera Hosbec cargó este martes contra el Botànic y, muy especialmente, contra el PSPV-PSOE, tras conocer el compromiso de la izquierda valenciana para implantar la tasa turística. La organización reprobó el «cinismo» del tripartito por asegurar que se iniciará ahora un proceso de diálogo con el sector cuando, según enfatizaron, llevan cinco años manifestando su oposición a un impuesto que, consideran, llega en el peor momento y, además, compromete la imagen turística de la Comunidad. Hosbec cree que el PSPV que lidera Ximo Puig no ha hecho otra cosa que dar alas «a la minoría ideológica que odia la actividad turística», con relación a los valencianistas y los morados, y defendió que el turismo aporta 4.000 millones a las arcas de la Generalitat mientras que solo requiere de 1.125 millones de gasto público.

Los turistas, vaticinan desde Hosbec, «tendrán la idea que no son bienvenidos en la Comunidad y que van a pagar lo que en otras comunidades competencia no harán», por lo que habrá fugas. El presidente de la patronal, Toni Mayor, consideró que el pacto por la tasa turística es una «traición del PSOE que penaliza al sector». Mayor hizo una comparativa y dijo que «es como si sales de la II Guerra Mundial, en un momento en el que se está pasando hambre, y al día siguiente pones un impuesto a los alimentos». Dijo entender que Compromís y Unides Podem defendieran esta cuestión, pero no los socialistas. «En vez de estar preocupados por la tasa, deberían centrarse en que somos los peores financiados de España», aseveró. También la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante exigió al Consell que rectifique y sostuvo que una medida de este tipo «sólo se entiende desde un prisma alejado de la realidad económica y social».

El anunció sobre el pacto entre los tres grupos parlamentarios que sustentan al Botànic se produjo este martes, tan solo un día después de que Hosbec organizara su tradicional acto para hacer balance anual. Fue un evento en el que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, manifestó su oposición a la tasa turística para, 24 horas después, conocer a través de los medios de comunicación el acuerdo a favor del impuesto.

Hosbec vaticina fuga de turistas a otros destinos y ve cínico buscar ahora el diálogo cuando llevan cinco años diciendo «no»

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En declaraciones a este diario, Colomer aseguró sentirse «muy decepcionado», «perplejo» por el hecho de que ni si quiera le hubieran informado de esta cuestión. «Ni han contado conmigo ni me han hecho partícipe. Lo respeto, existe la división de poderes, pero con mi departamento no han consultado absolutamente nada», trasladó. Defendió que en la oferta clandestina y en la economía sumergida es donde están los caladeros tributarios, no en los profesionales que generan empleo y economía. Mientras tanto, desde los ayuntamientos de tres de las principales ciudades turísticas de la provincia remarcaron su tajante rechazo a la iniciativa.

El regidor de Benidorm, Toni Pérez (PP), remarcó que su gobierno, en sintonía con lo mantenido por el sector, siempre ha defendido el «no y nunca» a una tasa turística que, consideró, «solo persigue penalizar esta actividad, la misma que desde que estalló la pandemia ha echado en falta y mucho el apoyo del tripartito del Consell que ahora pretende poner nuevas cortapisas a su recuperación». Pérez valoró el acuerdo como «una imposición de aquellos que en el fondo odian el turismo y la democratización de las vacaciones que supone el modelo de sol y playa».

En términos parecidos se expresó la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Cs): «Si de nosotros depende Alicante no tendrá una tasa turística», señaló. Enfatizó, además, que parece mentira que se pretenda aprobar ahora la tasa turística, en mitad de una pandemia, y señaló que es un gravamen que «nos deja en una clara desventaja competitiva con respecto a otros destinos de similares características y ofertas».

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), subrayó que el tripartito está «alejado de la realidad de nuestro sector turístico», y añadió que desde el Botànic «dejan claro cuáles son sus deseos para este próximo año, como siempre, pensando en los suyos: más impuestos y menos ayudas a los ciudadanos de la Comunidad». Por tanto, tampoco entrará en vigor en su ciudad.

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