El Botànic, el tripartito de izquierdas que gobierna la Generalitat, encara el comienzo de 2022, en teoría, el último año completo de lo que resta de legislatura, con unos presupuestos históricos que alcanzan, por primera vez, los 27.967 millones de euros. Se trata de las séptimas cuentas aprobadas por una coalición que, a pesar de sus diferencias, enfila el final de su segundo mandato con el aval de haber sacado adelante cada año, sin excepción, su proyecto presupuestario; un hecho que permite al presidente, Ximo Puig, presumir de estabilidad en el convulso escenario de la España de las autonomías. Las Cortes Valencianas validaron este miércoles la propuesta, con el rechazo en bloque de la oposición, hacia unas cuentas que, finalmente, no incluyen la aprobación de la tasa turística, si bien la polémica en torno a este impuesto salpicó las intervenciones durante el pleno que puso fin al periodo de sesiones, mientras las críticas de las patronales arreciaban.
28.000 millones es el presupuesto para 2022 Las cuentas de la Generalitat crecen un 9,1% con respecto a 2021.
Dicen que bien está lo que bien acaba y el PSPV, Compromís y Unides Podem pudieron celebrar ayer que, un año más, las cuentas que cimentarán las políticas de la Generalitat el próximo año han sido aprobadas en tiempo y forma. Y lo hicieron con abrazo incluido entre el jefe del Consell y la vicepresidenta, Mónica Oltra, arropados ambos por el vicepresidente segundo, Héctor Illueca. Eso era algo que, en la recta final de octubre, no estaba del todo claro. De hecho, la negociación se demoró más allá de lo que exigen los plazos y el Consell acabó registrando las cuentas en las Cortes fuera del plazo que delimita el Estatuto de Autonomía, algo inédito.
En esta ocasión, y como exigencia de Compromís, apoyados por los morados, se varió la fórmula para acordar las cuentas, un giro de guion que restó poder al conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler. Se apostó entonces por dejar la negociación en manos de una comisión formada por miembros designados para cada uno de los tres partidos políticos. Con ese método se trató de evitar el estallido de una batalla campal como la del año anterior, cuando Oltra acabó acusando a Soler de haber manipulado el proyecto para restar partidas a su conselleria.
En esta ocasión, la confrontación entre los socios no ha subido de revoluciones hasta ese extremo, pero, como viene siendo habitual, la tensión se ha mantenido hasta el último momento por rencillas entre las tres patas que sostienen al botánico. Primero, por el reparto de los fondos, por delimitar las prioridades de gastos e inversiones dado que, como siempre ocurre, todos los departamentos quieren crecer, pero los ingresos son los que son. Esa pugna, la de la distribución presupuestaria, se resolvió aumentando un 9,1% el montante global con respecto al ejercicio anterior, gracias, por un lado, a la palanca económica de los fondos europeos y, por otro, a la inclusión de dos partidas reivindicativas. A la ya habitual de los 1.336 millones por la infrafinanciación, se sumó una segunda, dotada con 1.000 millones, que los socios reclaman por la desaparición del fondo covid estatal. Con todo, se presentaron unas cuentas que, también por vez primera, recogen un gasto social por encima de los 17.000 millones para afrontar la recuperación tras una pandemia que, no obstante, sigue azotando a la Comunidad.
17.000 Millones: Cifra récord destinada a gasto social 47 millones al día en Educación, Sanidad y Servicios Sociales.
Superada la distribución de fondos, emergieron otras disputas. Una de las de mayor calado, la relativa a la tasa turística que exigían Compromís y Unides Podem y ante la que el PSPV se mostraba reticente. Finalmente, el pacto se fraguó el pasado martes, cuando el tripartito acordó dejar esta cuestión fuera de la Ley de Acompañamiento, que recoge las medidas fiscales para 2022 y que también fue aprobada este miércoles. Se acordó entonces impulsar el gravamen a las pernoctaciones a través de proposición de ley que se presentará antes de marzo, siendo, además, de carácter municipal y voluntaria.
Manolo Mata, síndico del PSPV: «Haremos una ley por si algún ayuntamiento quiere aplicar la tasa»
Fran Ferri, síndico de Compromís: «El Botànic tiene que mantener su fuerza para facilitar la vida a los valencianos»
Pilar Lima, síndica de Unides Podem: «Celebramos el acuerdo de la tasa. El pueblo valenciano se lo merece»
La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, sacó pecho del pacto por la tasa turística y, tras el chaparrón de críticas recibido, exigió desde la tribuna «respeto» a la patronal, con quien aseguró que se sentarán a dialogar. Su homólogo en el PSPV, Manolo Mata, remarcó que la tasa todavía no está aprobada y dijo que habrá de esperar a ver si algún ayuntamiento quiere aplicarla. Puso el acento, no obstante, en que el Botànic saca delante sus séptimos presupuestos mientras que «otros gobiernos» caen ante la imposibilidad de apoyar las cuentas, en clara alusión a la disolución de la Asamblea de Madrid tras estallar el pacto entre PP y Cs o lo ocurrido esta misma semana en Castilla y León, con la convocatoria de elecciones anticipadas. La aprobación de las cuentas, dijo después Puig, supone un «ejemplo de estabilidad» que cobra «todavía más relevancia» en actual escenario autonómico y en un contexto de crisis por la pandemia.
María José Catalá, síndica del Partido Popular: «La tasa mermará la capacidad de uno de los sectores más importantes»
Ruth Merino, síndica de Ciudadanos: «El presupuesto incluye ingresos ficticios, previsiones utópicas y más deuda»
Ana Vega, síndica de Vox: «Al PSPV le han metido un gol con la tasa turística. El poder une mucho»
Mientras tanto, María José Catalá (PP) sentenció que la tasa turística mermará la capacidad de uno de los sectores más importantes de la economía valenciana. Señaló además que las cuentas «recortan en todas las partidas sociales», y «no responden a los problemas de la gente de la calle, que sufre el encarecimiento de la luz o de la cesta de la compra mientras el Botànic, remarcó, se sube el sueldo y se niega a bajar los impuestos, pasando el rodillo por las iniciativas presentadas por su grupo. Ruth Merino, de Ciudadanos, puso el acento en los ingresos ficticios, las previsiones utópicas y en el procés nacionalista que, a su juicio, se está cociendo mientras Puig mira hacia otro lado, al tiempo que Vox criticó el «gol» de Compromís y Unides Podem al PSPV con la tasa turística y cargó contra los objetivos de la Agenda 2030.
