La implantación de una tasa turística para gravar las pernoctaciones ha provocado el rechazo casi unánime de los municipios más turísticos de la provincia. El acuerdo rubricado por los tres partidos del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, para presentar una proposición de ley en marzo para regular un impuesto a las pernoctaciones no ha sentado nada bien a la amplia mayoría de ayuntamientos, tanto gobernados por el PP como por el PSOE o Cs. Ni siquiera el carácter municipal y voluntario de la tasa convence a los municipios cuya economía depende en gran parte del turismo. Aunque su aplicación no sería hasta 2023, casi todos los territorios del litoral o prelitoral de la provincia, donde se concentra la amplia mayoría de las plazas hoteleras y alojamientos turísticos, tienen claro qué harán. Así, solo Altea, municipio con alcalde de Compromís, Jaume Llinares, que gobierna en coalición con el PSOE, se muestra completamente favorable a aplicar la tasa turística en su localidad; en Xàbia, su regidor, el socialista José Chulvi, también es partidario de implantar el impuesto, pero prefiere antes hablar con el sector; y Dénia lo va a estudiar, aunque su regidor, Vicent Grimalt, dice que se «reserva» su opinión sobre la tasa. El resto de localidades muestran su rechazo, aunque algunas con más contundencia que otras. Así que, de mantenerse las mismas posturas, la medida sería un rotundo fracaso en la provincia, la que tira del sector turístico en la Comunidad Valenciana.
En la capital turística, Benidorm, el simple anuncio del acuerdo firmado el pasado martes para activar la tasa turística, foto incluida de los tres síndics de los partidos que gobiernan en la Comunidad Valenciana, ha provocado un vendaval de reacciones contrarias. Su alcalde, el popular Toni Pérez, fue de los primeros en anunciar que, de ningún modo, el Ayuntamiento la implantará. «No y nunca», señala contundente el regidor de la ciudad que, sin duda, más recaudaría si se aprobara allí ese gravamen en los alojamientos, con entre 11 y 16 millones de pernoctaciones al año. La capital de la Costa Blanca dispone de 35.000 plazas hoteleras, 19.000 de apartamentos turísticos y 18.000 de campings. Pérez asegura que el acuerdo del Botànic ya está haciendo daño al sector en la ciudad porque es «un mundo muy competitivo» y «unos céntimos de euro de más en la comercialización hace que la gente cambie de destino».
Opinión totalmente contraria a la que mantiene el alcalde del cercano municipio de Altea. Jaume Llinares, de Compromís, es el regidor que más a favor se muestra de implantar este gravamen. Asegura que es la solución para atender las necesidades de servicios «muy por encima de nuestras posibilidades» que hay cuando se triplica la población de la localidad en periodos vacacionales. Llinares entiende que la tasa beneficiará, paradójicamente, a los turistas puesto que se les podrán ofrecer mejores servicios sin que suponga una carga a los impuestos municipales. Para el regidor, el importe que tendrían que pagar los clientes de los alojamientos, que oscilará entre 0,5 y 2 euros por noche, «es irrelevante». Eso sí, deberá consensuar la medida con su socio de gobierno, el PSPV.
En Xàbia, su alcalde, José Chulvi, también se muestra partidario de imponer la tasa en 2023, aunque matiza que antes de tomar una decisión la consensuará con el Consejo Municipal de Turismo, donde está representado el sector. El socialista manifiesta que la tasa serviría para revertir sus ingresos en mejorar las prestaciones de los servicios. «Muchas veces se habla del turista de calidad, y yo prefiero hacerlo de la calidad para el turista», zanja. En Dénia, el también socialista Vicent Grimalt espera tener más información antes de pronunciarse. «Sé qué es la tasa turística», sobre la que dice que «me reservo dar mi opinión», para evitar «mojarse» sobre su aplicación.
Sin embargo, en otros municipios donde gobierna el PSOE sí que muestran su rechazo a aplicar este gravamen. Es el caso de Elche, donde su regidor, Carlos González, lamenta que se haya decidido ahora abrir un debate «en un momento crítico» para el sector. González señala que la prioridad es hacer frente a la coyuntura sanitaria «con el menor daño posible» al tejido empresarial, algo incompatible con esa medida. «No es el momento», añade. Tampoco se implantará la tasa en Guardamar del Segura, gobernada por el socialista José Luis Sáez. Para Sáez, introducir «un elemento de choque» no es lo más conveniente para reactivar el turismo y la economía.
En La Vila Joiosa tampoco se muestran nada convencidos en aplicar este impuesto. «En principio, me decanto por el no», indica su regidor, el socialista Andreu Verdú. No obstante, adelanta que, antes de tomar una decisión, hablará con sus socios de gobierno, Gent de La Vila y Compromís, partido, este último, que ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una tasa turística. También se reunirá con el sector.
En l’Alfàs del Pi, su alcalde, Vicente Arques, asegura que este tipo de tasa no le afecta porque «nuestro turismo mayoritario es residencial». El socialista, por eso, añade que implantarla en su municipio «no tiene sentido». No obstante, dice que «lo vamos a estudiar». Arques, quien también es diputado autonómico del PSPV, se mostraba mucho más contundente hace tan solo tres semanas en el Foro de Municipalismo organizado por INFORMACIÓN donde se manifestó «rotundamente» en contra de la implantación de una tasa turística. Su municipio cuenta con 3.000 plazas hoteleras.
Entre los ayuntamientos gobernados por el PP, la opinión es unánime en contra de la tasa. El Ayuntamiento de la capital alicantina tampoco activará este gravamen, cuyo alcalde, Luis Barcala, lo califica de «sarcasmo» y de «falta de respeto» al sector turístico. Barcala lamenta que «el tripartito nacionalista de Puig y Oltra» quiera imponer un nuevo impuesto a la primera industria de la provincia «en plena escalada» de cierres de hoteles y cancelaciones en la hostelería por la sexta ola de la pandemia. Barcala considera que la tasa «agrede» y «amenaza» a un sector que considera clave para la economía. Además, el regidor del PP asegura que el acuerdo del Botànic sitúa al turismo de la Costa Blanca en clara desventaja competitiva frente a otras comunidades y que tendrá «efectos nocivos» sobre los mercados emisores y la confianza empresarial.
En la Vega Baja, tanto Torrevieja, como Orihuela y Pilar de la Horadada rechazan de plano implantar el gravamen. El alcalde torrevejense, Eduardo Dolón, asegura que este impuesto castiga a los alojamientos reglados y «encima perdemos competitividad» en escasos kilómetros, ya que augura que, si los turistas tuvieran que pagar por cada noche de alojamiento en su localidad, «se irían a la Región de Murcia y vendrán a Torrevieja de paso». El oriolano Emilio Bascuñana coincide con su compañero del PP, y pone en evidencia el «sinsentido» de darle ayudas al sector turístico, «al tiempo que se les lastra imponiendo esta tasa». Y el también popular José María Pérez resume que el gravamen perjudicaría «seriamente» al turismo de Pilar de la Horadada.
Tampoco en Santa Pola los turistas pagarán en 2023 por alojarse allí. Una tasa que «no tiene ni pies ni cabeza», para su alcaldesa, Loreto Serrano. Al norte de la provincia, también rechazan ese impuesto. El alcalde de Teulada-Moraira, el popular Raúl Llobell, vaticina que muchos turistas «se plantearán» visitarnos, mientras que la alcaldesa de Calp, Ana Sala, indica que no se puede «castigar» a los turistas que ya se gastan dinero en los municipios que visitan.
En Finestrat, donde hay 900 plazas hoteleras y 3.700 apartamentos turísticos, se muestran también inflexibles y descartan por completo la aplicación de la tasa turística. «Es una animalada con la que está cayendo», critica el alcalde del municipio, el popular Juan Francisco Pérez, cuya familia, por cierto, trabaja en el sector hotelero. Pérez pone el foco en el destino de la recaudación de ese gravamen. «Nadie dice en qué se va a invertir, en qué mejoraríamos, solo se habla de recaudar», señala.
«No, no y no», manifiesta el alcalde de El Campello. El popular Juanjo Berenguer anuncia que «ahora ni nunca», mientras el PP gobierne, habrá allí tasa turística. Y sus vecinos de Sant Joan d’Alacant también se muestran contrarios a la misma. «Aprobar esta tasa afectaría a nuestra hostelería, principal perjudicado de una disminución del turismo en nuestro municipio», explica su alcalde, Santiago Román, de Cs, que gobierna en coalición con el PSPV.
La tasa se sumaría al precio de la estancia y se cobraría al hacer la reserva o al pagar el alojamiento.
Patronales y hoteleros, en pie de guerra contra el acuerdo del tripartito
El sector turístico se ha mostrado unánime en el rechazo a la implantación de una tasa turística que grave las pernoctaciones. Desde la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), que considera que el mero anuncio afecta «negativamente» a la imagen y competitividad de la Comunidad Valenciana, a la patronal hotelera Hosbec, para quien el impuesto se implanta «por motivos ideológicos minoritarios». También se han sumado a la tormenta de críticas el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana o la patronal del comercio Facpyme. Incluso el presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha dicho que eliminará la tasa si llega a ser presidente de la Generalitat.
REACCIONES
Vicent grimalt (PSOE): Alcalde de Dénia «Lo tengo que estudiar porque no sé cómo se aplicará, pero me reservo mi opinión sobre la tasa»
José Chulvi (PSOE), Alcalde de Xàbia «La podríamos aplicar, ya que sus ingresos se revertirían en mejorar la prestación de los servicios»
José Chulvi (PSOE), Alcalde de Xàbia «La podríamos aplicar, ya que sus ingresos se revertirían en mejorar la prestación de los servicios»
Vicente Arques (PSOE), Alcalde de L'Alfàs del Pi «Nosotros no la necesitamos. Casi todo nuestro turismo es residencial y aplicarla no tiene sentido»
Jaume Llinares (Compromís), Alcalde de Altea «Es irrelevante el importe de la tasa y no por ello se va a ver disminuido el número de visitantes»
Ana Sala (PP), Alcaldesa de Calpe «Vivimos ahora sin tasas y tenemos servicios. Los turistas ya se gastan el dinero en los municipios»
Juanfran Pérez (PP), Alcalde de Finestrat «Poner un impuesto más es una animalada con la que está cayendo en estos tiempos»
Toni Pérez (PP), Alcalde de Benidorm «Esto tiene la perversión de que es un ‘tic’ ideológico de los socios del Botànic, que fomentan la turismofobia»
Andreu Verdú (PSOE), Alcalde de La Vila Joiosa «En principio, me decanto por el no, pero es algo que hay que consensuar con el sector y mis socios»
Luis Barcala (PP), Alcalde de Alicante «Sitúa a la Costa Blanca en clara desventaja competitiva con otras comunidades y agrede a un sector clave»
Santiago Román (Cs), Alcalde de Sant Joan d’Alacant «Afectaría también a la hostelería, que sería el principal perjudicado si disminuyera el turismo»
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Juanjo Berenguer (PP), Alcalde de El Campello «Es una barbaridad gravar las estancias. Prefiero que ese dinero se lo gasten los turistas en la ciudad»
Carlos González (PSOE), Alcalde de Elche «Estamos en un momento crítico para el sector turístico y no es el momento de este tipo de debates»
Loreto Serrano (PP), Alcaldesa de Santa Pola «Lo que no se puede hacer es cargar más a la gente con impuestos; hay que dejarla vivir»
José Luis Sáez (PSOE), Alcalde de Guardamar «En este momento de incertidumbre, elementos de choque como la tasa los queremos alejados»
José María Pérez (PP), Alcalde de Pilar de la Horadada «La tasa perjudicaría gravemente al turismo del municipio. No vamos a implantarla»
Emilio bascuñana (PP), Alcalde de Orihuela «Es el momento de que el Consell ayude al sector para su recuperación, no de perjudicarlo»
Eduardo Dolón (PP), Alcalde de Torrevieja «Es una falta de respeto al sector y se castiga a los alojamientos reglados. Los turistas se irán a Murcia»
