El pleno de la Diputación de Alicante ha probado por unanimidad una moción de Compromís que reclama habilitar una partida presupuestaria y un protocolo para hacer frente al incremento de los materiales de construcción. De esta manera, la institución provincial analizará el efecto de la subida de los precios de las materias primas en las obras que impulsa la institución y estudiará la aplicación de medidas para compensar a las empresas adjudicatarias este incremento y asegurarse la correcta ejecución de las obras. Así se ha señalado en el primer pleno del año que se ha celebrado de manera telemática por el aumento de la incidencia del coronavirus.
El portavoz de Cs, Gerard Fullana, ha puesto de relieve el "aumento significativo" de los precios de las materias primas necesarias para la construcción de infraestructuras que la Diputación tiene contratadas en numerosos municipios de la provincia. Esta situación, ha lamentado Fullana, supone en algunos casos serias dificultades por parte de las empresas contratistas para acabar las obras comenzadas, además de que "corre el riesgo" de que renuncien a la obra los licitadores por lo que se demoraría la ejecución de proyectos. El portavoz de la formación valencianista ha calculado que la subida de los precios de materias primas afectan a obras de la Diputación "por valor de 60 millones de euros". Por eso, ha reclamado que se habilite presupuestariamente una partida que podría llegar a los seis millones de euros con el objetivo de paliar esa subida de precios de los materiales de construcción, crisis que amenaza la ejecución de las obras ya subvencionadas por la institución o en vías de licitación.
En este sentido, el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez (Cs), ha asegurado que el equipo de Gobierno lleva "desde principios de 2021" trabajando para que afecte lo menos posible la inflación de los precios de las materias primas sobre los proyectos subvencionados por la Diputación de Alicante en todos los municipios de la provincia. Según ha adelantado el titular de Infraestructuras, ya se están articulando herramientas administrativas y financieras que permitan hacer frente a esta posible situación para garantizar que los planes y convocatorias en vigor se lleven a cabo en plazo y forma y con el estudio de cada caso de forma individualizada. "No vale una solución general, por lo que será necesaria una solución obra a obra y plan a plan", ha señalado. Una de las medidas tomadas es la inclusión en los proyectos en fase de redacción de los precios actualizados por el Instituto Valenciano de la Edificación, ha detallado Gutiérrez.
Respecto a los proyectos redactados, en licitación o adjudicados, Javier Gutiérrez se ha comprometido "a no dejar atrás" a ningún ayuntamiento, y, si en algún caso es necesaria más financiación, se realizará un ajuste en los precios para compensar la subida y se pondrán los medios económicos para garantizar la ejecución de las obras. Eso sí, ha dicho que se hará "con un reparto objetivo, equitativo y conforme a Ley".
A este respecto, ha criticado la Ley de Contratos del sector Público, que ha calificado de "muy restrictiva" en lo que a la revisión de precios se refiere y ha abogado por la modificación de la norma para dar más agilidad y flexibilidad a este proceso. También ha pedido la implicación de la Generalitat para paliar este problema "en la corresponsabilidad que vuelve a ser necesaria para que los proyectos de nuestros pueblos y ciudades se lleven a cabo".
Por su parte, el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha pedido "buscar la viabilidad" de todas las obras proyectadas por la institución provincial. "Es una realidad que está pasando en muchos ayuntamientos, la de licitaciones que quedan desiertas porque desde que se hace el proyecto y se licita han subido los precios, y cuando se ejecutan son obras económicamente inviables", ha explicado. Además de la subida de precios de las materias primas, Francés ha puesto de relieve otro problema, como es su desabastecimiento. "Y esto va a afectar a cumplimiento de contratos en cuanto a ejecución por parte de las empresas", ha advertido, por lo que ha reclamado "asesoramiento" desde la Diputación.
El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, precisamente se reunió este martes con los diputados y técnicos de las principales áreas de gestión afectadas (Infraestructuras, Ciclo Hídrico, Carreteras, Contratación, Intervención o Secretaría) para analizar la situación generada por la inflación y la subida de precios y analizar fórmulas que palien este problema. En este sentido, la institución provincial estudiará la posibilidad de aplicar un ajuste en los precios para compensar la subida y garantizar de esta forma la ejecución de la obra, siempre y cuando queden acreditados por los servicios técnicos de la Diputación los efectos negativos del incremento de las materias primas en la construcción de cada obra adjudicada.
Además, el equipo de gobierno de la institución provincial se compromete a dotar de herramientas para que se pueda actuar "de forma ágil y operativa", garantizando el plazo de ejecución de las obras, que en el caso de Planifica se podrán realizar hasta 2023. También se evitará, si se diera el caso, que las empresas adjudicatarias de las obras de la Diputación tuvieran dificultades para concluir las infraestructuras ya iniciadas o pudieran plantearse renunciar a la licitación por no ajustarse la misma a los precios actuales.
La moción de los valencianistas reclamaba también establecer un protocolo a efectos de prevenir las consecuencias derivadas de la insostenible subida de precios de las materias causada raíz de la emergencia sanitaria internacional. En línea con lo que ha advertido la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, el portavoz Gerard Fullana ha apuntado a las serias dificultades por parte de las empresas contratistas para acabar obras ya empezadas. En este sentido, el diputado de Infraestructuras ha señalado que no es viable hacer ningún protocolo porque cada caso es particular.
Los registros de evolución de precios plasman costes que, en el caso del acero o el cobre, han aumentado en un 78 y un102% respectivamente. "Si no tomamos medidas serias este aumento podría suponer el naufragio de muchos proyectos de los planes de obras entre 2017 y 2019 y del plan de inversiones sostenibles de 2018", advirtió Fullana.
Petición de cese del ministro Garzón
La otra moción presentada a este primer pleno del año, es la que ha llevado el PP para para pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre la industria cárnica de la que decía que exporta carne «de mala calidad» y que las macrogranjas españolas contaminan «el suelo y el agua». Una moción que ha apoyado el PP y Cs, y que han rechazado el PSOE y Compromís. El PP anunció que presentaría mociones en comunidades, ayuntamientos y diputaciones de toda España para pedir el cese de Garzón en «una ofensiva nacional» en defensa de la ganadería y de la industria cárnica del país. Así, en la propuesta que los populares han presentado en la Diputación, se exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la «rectificación inmediata» de las declaraciones realizadas por el ministro Garzón y su cese por sus «reiterados ataques» a uno de los sectores pujantes del país. Además, pide que se ponga en marcha una campaña nacional e internacional de apoyo al sector. Además, en la moción se reconoce el trabajo de los profesionales de esta actividad y, en especial, de los de la provincia, por adaptarse a las nuevas exigencias de calidad y control, así como de bienestar animal.
El diputado popular Eduardo Dolón ha defendido la moción poniendo de relieve la afección que tienen esas declaraciones en un sector también importante en la provincia a través de sus más de 200.000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino. "Hablamos que es importante en la Vega Baja, Orihuela y Daya Nueva, Catral, Dolores, Elche, Villena, Crevillent o Monóvar", ha detallado Dolón, quien ha manifestado que el sector caprino está presente en 115 municipios de la provincia, y que son 50.000 las toneladas de carne que se producen y 25.000 litros de leche, "así como producción de lana". "El ministro fue irresponsable por poner en riesgo dos millones de empleos en el país", ha censurado el diputado del PP.
En la sesión se ha aprobado también la inclusión de una enmienda presentada por Cs en la que reclama requerir al Gobierno de España a aprobar, en el plazo de tres meses, un plan integral de ayudas específico para el sector ganadero para mejorar instalaciones y garantizar el bienestar animal e impulsar su promoción y el consumo de sus productos a nivel nacional e internacional. También se ha solicitado que la enmienda defienda la contratación laboral familiar y de temporeros en el ámbito agrícola y la flexibilización de las modalidades de contratación de energía en el sector. El portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha calificado de "delirante" la situación generada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, al cuestionar al sector cárnico español.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Toni Francés, ha señalado que las del ministro son declaraciones "sacadas de contexto y manipuladas por el PP", aunque ha añadido que Alberto Garzón debió de ser más "sensible" al hablar de este asunto "para evitar las malas interpretaciones". Tampoco es bueno acudir a medios extranjeros para atacar a sectores del país si no se va con todos los datos", ha indicado Francés, quien ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, "hizo todo lo posible en Europa para que los fondos de resiliencia no llegaran". El portavoz socialista asume los argumentos del ministro de Consumo "de que todas las actividades deben ser sostenibles y que las macrogranjas son un problema para el sector", por lo que ha pedido regularlas "como están haciendo muchas administraciones". "Es lo mismo que cuando se critican las macrourbanizaciones que destruyen el territorio y que impulsa el PP y, eso no es atacar al sector de la construcción", ha zanjado.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, en el mismo sentido, ha señalado que lo que dice el ministro "es que las macrogranjas contaminan más y tienen carne de peor calidad, eso es evidente". Y ha pedido poner el debate en mejorar esas instalaciones. "Salen como hooligans defensores de un modelo de ganadería que se debería mejorar", ha espetado al PP.
Eduardo Dolón ha replicado que la mayoría de explotaciones ganaderas del país "no son macrogranjas" y ha criticado que Conselleria de Medio Ambiente, tenga tanta burocracia. "Hay muchos ganaderos de la Vega Baja que se están yendo a Murcia porque tenemos una burocracia más lenta", ha sostenido.
Agenda 2030
Por otro lado, el pleno ha aprobado el plan de acción de la Agenda 2030 a desarrollar por la Diputación. La diputada de Hacienda, María Gómez, ha señalado que este plan define siete políticas palancas: transformación energética y cambio climático; atención a las personas; el reto demográfico y el agua, ciudades y pueblos sostenibles; desarrollo sostenible, economía, producción, consumo y gestión de los residuos; protección y mejora del patrimonio natural de la provincia; administración eficiente y sociedad digital e innovadora; empleo, turismo sostenible y protección del patrimonio histórico y cultural. "Son 166 líneas de trabajo, de las cuales 43 son nuevas líneas a crear" ha señalado Gómez. Y ha puesto de manifiesto que, dentro del plan de remanentes para 2022, hay una línea de ayudas a los municipios de dos millones de euros para que elaboren sus propios planes estratégicos para el cumplimiento de la Agenda 2030.
El documento aprobado hoy incluye, además, la definición de los indicadores, la estructura de gobernanza, la forma de reforzar y crear las líneas de trabajo alienándolas al presupuesto y la monitorización y evaluación de las cuentas.
