Solo dos mociones y la aprobación del plan de acción de la Agenda 2030. Es el resumen del pleno ordinario de enero de la Diputación de Alicante, celebrado telemáticamente siete meses después de volver a la presencialidad por la alta incidencia del coronavirus. Una sesión de trámite tras las fiestas navideñas en la que solamente PP y Compromís llevaron propuestas. Mientras que los populares presionaron con la petición de cese del ministro Alberto Garzón por sus declaraciones a un medio británico en las que cargaba contra las macrogranjas españolas y sus carnes de «mala calidad», desde la formación valencianista consiguieron que el resto de partidos votaran de forma unánime a su propuesta para adoptar medidas para prevenir las consecuencias de la subida del precio de las materias primas en las obras realizadas o subvencionadas por la Diputación y que se habiliten partidas para paliarlas.
Desde el equipo de gobierno de la institución provincial, PP y Cs, reaccionaron rápido a la moción que presentó el único representante de Compromís, Gerard Fullana. De hecho, el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, se había reunido un día antes con diputados y técnicos para buscar soluciones a la situación generada por la inflación y la subida de precios y analizar fórmulas que palien este problema. Así, tal y como explicó en la sesión el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez (Cs), finalmente se acordó aplicar un ajuste en los precios de las obras para compensar la subida de los materiales de construcción y garantizar su ejecución, siempre y cuando queden acreditados por los servicios técnicos de la Diputación los efectos negativos del incremento de las materias primas en el proyecto.
Fullana alertó de las «serias dificultades» de las empresas contratistas para acabar las obras comenzadas, además del riesgo de que renuncien los licitadores por su inviabilidad económica al incrementarse los precios. El portavoz de la formación valencianista aseguró que en estos casos hay obras proyectadas entre 2017 y 2019 por valor de 60 millones de euros, por lo que reclamó que se habilite una partida que cifró, inicialmente, en seis millones. No obstante, Javier Gutiérrez puso de manifiesto que «no vale una solución general. Habrá que ir obra a obra y plan a plan». Una de las medidas será actualizar los precios con base en el Instituto Valenciano de la Edificación en el caso de los proyectos en fase de redacción. En los ya redactados, en licitación o adjudicados, se hará un ajuste. Mientras, el portavoz del PSOE, Toni Francés, puso de relieve otro problema: el desabastecimiento de materiales.
Donde hubo más debate, y controversia, fue con la propuesta de los populares. Los votos de PP y Cs fueron suficientes para aprobar que la Diputación reclame al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese «de forma inmediata» al titular de Consumo por sus «reiterados ataques» al sector ganadero español. La propuesta, a la que se incorporó una enmienda parcial de Cs para reclamar ayudas para los ganaderos, fue rechazada por PSOE y Compromís, a pesar de reconocer la «falta de acierto» del ministro en sus declaraciones.
El portavoz del PP, Eduardo Dolón, cargó duramente contra Garzón, al que acusó de poner en peligro dos millones de puestos de trabajo. Dolón señaló que en la provincia hay más de 200.000 cabezas de ganado porcino, ovino, caprino y bovino que generan 50.000 toneladas de carne y 25.000 litros de leche. «Es una irresponsabilidad», criticó el diputado popular. Francés asumió los argumentos del ministro respecto a que las macrogranjas «son un problema para el sector», mientras que Fullana censuró que los populares actúen como «hooligans defensores» de un modelo de ganadería «que se debería mejorar».
