Respeto a la identidad del pueblo valenciano. Ese es el mensaje que ha enviado el Síndic de Greuges al Ayuntamiento de Orihuela tras recibir la queja de un vecino que no consigue que se retire la bandera de Cataluña de la web municipal y se disponga la de la Comunidad. Todo en el feudo de un alcalde que s erige en azote contra las políticas "pancatalanistas" del Consell.
Casi siete años como alcalde de Orihuela y un discurso firme, el de Emilio Bascuñana, que no se ha movido ni un milímetro. El regidor de la que está considerada como capital de la Vega Baja se ha trabajado a pulso el papel de protagonista como azote del Consell frente a las políticas lingüísticas que promueve el Botànic, frente a la «imposición» del valenciano que denuncia siempre que tiene ocasión. El alcalde y su partido, el PP, han recrudecido los ataques contra el Gobierno autonómico, contra un Ejecutivo que tildan de «pancatalanista» y al que acusan, incluso, de pretender convertir À Punt en un segundo canal de TV3 al servicio del independentismo, al permitir promocionar el catalán. Y catalán, precisamente, es lo que publicita la web municipal de Orihuela, que invita a los usuarios a leer la página en dicho idioma haciendo «click» en un icono con la bandera de Cataluña. A Bascuñana, sin embargo, no parece incomodarle, puesto que un vecino lleva seis meses exigiéndole que sustituya ese emblema por el de la Comunidad, sin éxito. Incluso ha recurrido al Síndic de Greuges, pero la senyera catalana sigue ondeando online y el consistorio ni si quiera contesta a los requerimientos, vulnerando los derechos del solicitante.
La relación de hechos es la siguiente. Julio de 2021. Un ciudadano solicita al Ayuntamiento de Orihuela que se rectifique su página web para que, en lugar de la bandera catalana, coste el emblema de la Comunidad Valenciana. El consistorio hace oídos sordos y el solicitante decide acudir al defensor del pueblo valenciano. Desde ese momento, transcurren más de cuatro meses sin que el Ayuntamiento se pronuncie. El vecino urge entonces al Síndic que este municipio «sea apercibido desde la Sindicatura de Agravios con el objetivo de que este tipo de hechos que contravienen la legalidad vigente y desprecian la identidad del pueblo valenciano dejen de ocurrir».
Días después, desde la Sindicatura se dirige un escrito al Ayuntamiento. No para pedirle explicaciones sobre la presencia de la bandera en el ciberespacio, pero sí para pedir aclaraciones sobre el porqué no se ha contestado al ciudadano. No obstante, también ese escrito del Síndic se convierte en papel mojado. La Administración local ni se molesta en responder. Es por ello que la institución que preside Ángel Luna ha emitido una resolución en la que le recuerda al consistorio que el interesado tiene derecho a obtener contestación, pues el artículo 9 del Estatuto de Autonomía recoge el derecho a una buena administración y, por tanto, a obtener respuesta expresa. Respuesta que nunca ha llegado, lo que supone haber vulnerado los derechos de ese vecino ante una petición que, remarca el Síndic, «debe ser aceptada». Si bien, matiza que en cuanto no ha habido manifestación municipal alguna, la Administración deberá resolver la petición de la persona de modo expreso «y evidentemente con respeto a la normativa vigente en cuanto al respeto a la identidad del pueblo valenciano».
La institución concluye que, con la actuación del Ayuntamiento que preside Bascuñana, se ha evidenciado el incumplimiento además del deber de colaboración con el Síndic. Con todo, le solicita al consistorio que cumpla con sus obligaciones y se pronuncie. Tampoco este diario obtuvo ayer respuesta alguna del Ayuntamiento sobre este asunto.
La resolución del Síndic se hizo pública unos días antes de que el PP valenciano, este lunes, solicitara la comparencia del director de la televisión pública À Punt para que explique la utilización de la televisión pública para promocionar la lengua catalana a través de la emisión de un anuncio publicitario de la Plataforma per la Llengua.