La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas tiene previsto reunirse esta semana con personal del Ministerio de Política Territorial y Función Pública para aclarar las dudas existentes sobre cómo adaptar las futuras ofertas de empleo público al conocido decreto Iceta sobre temporalidad. El texto definitivo, tras la última reforma en el Congreso de los Diputados, está ya en vigor, por lo que la Generalitat tendrá que replanificar sus oposiciones para dar cumplimiento al objetivo de reducir la temporalidad en la Generalitat.

Cabe recordar que los cambios introducidos en el estatuto básico del empleado público abren la puerta a la convocatoria de concurso de méritos para cubrir plazas que hayan estado ocupadas de forma interina de forma ininterrumpida durante cinco años. Además, se permite también ofertas por concurso oposición en las que la fase del examen no sea eliminatorio.

Se trata de vías extraordinarias para reducir la alta tasa de temporalidad y facilitar que el personal interino pueda convertirse en fijo. Estas nuevas medidas obligan al Consell a replanificar sus oposiciones. La Conselleria de Educación ya lo ha hecho y, en su caso, ha supuesto la reducción de opes anunciadas. Ahora está pendiente que Función Pública se pronuncie sobre aquellas que afecta al personal de la Administración del Consell.

Fuentes de la conselleria indicaron que se está pendiente de esta reunión para tomar decisiones. Cabe apuntar que son muchas las dudas que el decreto genera ya que hay que hacer un pormenorizado cribado de que plazas son susceptibles de ser convocadas por la vía del concurso de méritos y cuáles deben seguir por la fórmula del concurso-oposición.

La conselleria ya tenía planificada sus ofertas de estabilización que también daba ciertas ventajas al personal interino aunque siempre que superaran la oposición. Desde el principio la conselleria que dirige Gabriela Bravo se ha mostrado reacia a paralizar los procesos que ya estaban en marcha.

Los sindicatos pedían congelar los procesos por temor a que hayan afectado a plazas que, según el decreto Iceta, entraban dentro de los nuevos requisitos para reducir la temporalidad. En todo caso, fuentes sindicales admiten que la Generalitat se enfrenta a un auténtico reto ya que el área de Función Pública tiene recursos tanto humanos como técnicos limitados. Y ponen como ejemplo los retrasos que ya de por sí se acumulan en las oposiciones tradicionales.