La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, aseguró ayer que los edificios judiciales y el personal funcionario de Justicia cuenta con las medidas de seguridad para mantener la presencialidad en sus puestos de trabajo. La titular de Justicia se expresó así en Castellón de la Plana a preguntas de los medios de comunicación sobre la petición del sindicato CSIF de proteger a los funcionarios de Justicia con el teletrabajo, cita previa y mascarillas FFP2.
Bravo explicó que las más de 60 sedes judiciales cuentan con sus planes de autoprotección y que en ellos se reparten protecciones individuales, como mascarillas, a todos los trabajadores de la Administración de Justicia. La consellera recordó que se han invertido siete millones en la colocación de mamparas y en la adquisición de medios de protección individuales y así como en toda una serie de medidas que contribuyen a reforzar la seguridad en las sedes judiciales. Bravo señaló que con más del 90 % de la población vacunada, incluidos los funcionarios y funcionarias de Justicia, en estos momentos «no hay motivos para adoptar nuevas medidas extraordinarias». «El teletrabajo es una opción y se puede adoptar de una manera ordenada, pero no como una situación extraordinaria… No podemos enviar otra vez al 70% de los trabajadores de Justicia a casa a teletrabajar porque generaría disfunciones y afectaría a la marcha de la Justicia. Hay que aprender a vivir con el covid-19 como aprendimos a convivir con la gripe. Este país no puede paralizarse», añadió. Recordó que la puesta en marcha de los juzgados covid para mitigar los efectos de la pandemia en las jurisdicciones que se vieron más afectadas, como Social y Civil. También señaló que se está invirtiendo 11 millones solo en refuerzos de personal «porque sabemos los problemas que ha ocasionado la pandemia y queremos que la Justicia siga funcionando y garantizando los Derechos de la ciudadanía».
