La Sindicatura de Comptes pondrá este año énfasis en la fiscalización de aquellos aspectos relacionados con los efectos de la pandemia en la gestión del sector público valenciano, en particular en áreas como la contratación, las transferencias y las ayudas públicas, como las del Plan Resistir Plus. Así lo recoge el Programa Anual de Actuación para 2022, aprobado por el Consejo de la Sindicatura el pasado 31 de diciembre, y que, al igual que del año pasado, tendrá presente los efectos del Covid-19, que ha provocado "un efecto profundamente perturbador y ha alterado los planes preexistentes".
Según ha informado la institución, las administraciones públicas han tenido que derivar una parte importante de recursos públicos a atender diferentes aspectos sanitarios, sociales y económicos que se han convertido en prioritarios para paliar los efectos negativos del covid. Además, se están poniendo en marcha iniciativas públicas muy importantes, como el NextGenerationEU a escala europea; el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a escala estatal, y el Plan HOPE de la Generalitat.
En este contexto, añaden las mismas fuentes, los órganos de control tienen que prestar "más atención todavía" a verificar que los recursos públicos se gastan respetando los principios de buena gestión, y por ello, desde la Sindicatura se planificarán varios trabajos que atiendan estas nuevas iniciativas.
Así, el Programa Anual de Actuación 2022 prevé varias fiscalizaciones focalizadas en diferentes aspectos relacionados con los efectos de la pandemia en la gestión del sector público, como pueden ser la contratación, las transferencias y las ayudas públicas para paliar los efectos del covid. Además de estos informes especiales, todos los documentos incluirán un apartado específico en el cual se señalará cuál ha sido el impacto de la pandemia en el área fiscalizada.
Por otra parte, la Sindicatura de Comptes decidió en noviembre ampliar su Programa Anual de Actuación 2021 con un informe sobre la deuda pública de la Comunidad Valenciana, que verá la luz a lo largo de este año. El trabajo responde a una petición de la Comisión de Investigación sobre la deuda pública de la Comunidad Valenciana creada por las Cortes Valencianas para analizar este asunto y que aprobó su plan de trabajo el 8 de octubre de 2021.
En el ámbito autonómico no faltará la fiscalización de la cuenta general de la Generalitat, y de varios de sus entes públicos, así como la de las Cortes Valencianas, que desde 2015 solicita ser auditada por la Sindicatura. Entre los entes que se auditarán se encuentran la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA), la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe, la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Clínico Universitario de Valencia, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) o la Sociedad Proyectos Temáticos.
También se estudiará, a través de las auditorías operativas y especiales, entre otras partidas, el control interno de la gestión de las compras sanitarias, la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, las becas al alumnado de enseñanzas universitarias y estudios superiores, así como las infraestructuras educativas del programa 421.70 o los comedores escolares de los centros de primaria.
Está previsto, además, un informe de análisis de las series temporales de BADESPAV, la base de datos económicos del sector público valenciano, que la Sindicatura completó el año pasado y ahora incluye toda la información rendida desde 1983 hasta 2020.
La Sindicatura también realizará controles en las entidades locales, donde finalizará la fiscalización de las subvenciones y ayudas concedidas por los ayuntamientos con motivo de la pandemia de 2020, entre otras cosas. En lo que se refiere a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, serán objeto de un informe de control formal de la rendición de cuentas, además de un estudio y análisis comparativo de la organización del control interno en las cinco instituciones universitarias. Además, se efectuará una fiscalización de cumplimiento de la legalidad de la gestión de los convenios de investigación en la Universidad de Alicante.
En relación al control interno de la propia Sindicatura, en 2022 entra en funcionamiento un control adicional en la gestión económica del ente fiscalizador complementario de las auditorías financiera y de legalidad anuales, consistente en la función de control financiero permanente.
