El informe del grupo de trabajo de estudio y propuesta de medidas para la innovación en procesos de selección del personal al servicio de la Administración del Consell encargado por la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y presentado el pasado jueves servirá de base para introducir cambios en las futuras oposiciones de la Generalitat. El documento contiene medio centenar de propuestas, pero también una radiografía de la situación de la plantilla que subraya el envejecimiento de sus efectivos, pero también una pérdida progresiva de alto funcionariado, el de mayor titulación y cualificación.
Los datos son demoledores, ya que revelan que en el fin de esta década, es decir, al alcanzar 2030, se jubilará un total de 6.900 personas, lo que implica el 40% de la actual plantilla (18.972 empleadas y empleados públicos).
Pero el detalle muestra que un tercio de estas jubilaciones, en concreto 2.300 efectivos, pertenecen a los grupos A1 y A2, es decir, el colectivo de mayor nivel. El propio informe precisa que existen, además, «colectivos críticos» y cita a las más de 500 personas del denominado cuerpo superior de la Administración General o cuerpos especiales de este subgrupo como el de Tecnologías de las Información y la Comunicación, Ingenieros Agrónomos, Psicología o Veterinaria, con muestras significativas de más de cincuenta vacantes.
Oposición tipo MIR
Por su parte, el cuerpo de gestión de Administración General (A2) generará más de 300 vacantes, un colectivo que unido a los ingenieros técnicos agrícolas (80 vacantes) o Educación Especial (150) generará, apunta el grupo de trabajo, necesidades de personal que deben ser anticipadas en la política de reclutamiento, a través de las ofertas de empleo público.
No es de extrañar que, en atención a estos datos, la Conselleria de Justicia haya lanzado ya una propuesta novedosa, como son oposiciones más ágiles y con formación incluida para el alto funcionariado (una prueba tipo test seguida de una fase de prácticas remuneradas) y que, en su informe, el grupo experto ponga el énfasis en reducir los trámites para ejecutar las opes y en reducir el peso de las pruebas memorísticas.
En principio, las opes ya programadas (la consellera Gabriela Bravo habló de más de 5.000 plazas convocadas) deben cubrir buena parte de estas jubilaciones. De hecho, incluso manteniéndose la actual tasa de reposición, la teoría dice que a personal funcionario jubilado, plaza convocada. Ahora bien, en la práctica la eternización de los procesos hace que, sin una buena planificación y anticipación, la Generalitat futura podría verse con unos recursos humanos cada vez más mermados.
Subalternos
El informe apunta también a otros grupos funcionariales en los que se estima cientos de jubilaciones: más de 700 vacantes entre el personal subalterno, 1.300 en el caso de auxiliares o 1.200 si hablamos de personal administrativo. «Son cifras relevantes -apuntan en el informe- que hay que tener presente, aunque considerando también el impacto que va a producir sobre el empleo público la progresiva automatización y digitalización de la gestión y, especialmente, el desarrollo de la Inteligencia Artificial».
Los datos actualizados del personal sobre sexo y edad muestran el escaso peso del funcionariado joven (solo el 3,8 % tiene entre 18 y 29 años) mientras que el colectivo más cuantioso es el que tiene más de 54 años. Además, a fecha del 31 de agosto de 2021, se observa una plantilla feminizada ya que el 67% son mujeres. Por otro lado, el estudio encargado por la conselleria concluye que el 60% del personal funcionario pertenece a grupos que no requieren niveles de titulación universitaria, es decir, los grupos C1, C2 y APF.
Los procesos selectivos movilizan a más de 125.000 personas
Los órganos de selección reciben una media de diez llamadas y 50 correos al día por consultas
El diagnóstico elaborado por el grupo de trabajo ofrece otras cifras interesantes y que evidencian cómo la Generalitat es vista como una oportunidad de trabajo estable por parte de cientos de miles de personas.
Según las estimaciones realizadas, todos los procesos de selección actualmente en marcha han movilizado a un total de 125.000 personas participantes. El informe detecta un número de personas admitidas a las pruebas muy alto en el caso de los cuerpos de Administración General y que superan con creces la oferta de plazas.
Como muestra, un botón. A la oferta de 2016 para el Cuerpo Superior Técnico de Administración General (A1) se presentaron 2.168 aspirantes para ocho plazas; mientras que para 38 plazas del Cuerpo de Administrativos de Administración General (C1) hubo un total de 10.130 aspirantes.
Por otro lado, el informe cifra en un 60 % el número de personas admitidas que finalmente se presentan a las pruebas. Estos porcentajes varían, según los cuerpos. Así, para cuerpos especializados como la Abogacía de la Generalitat, la Inspección de Tributos o la Intervención, el número de aspirantes que acaban realizando los exámenes baja al 40% o 50 %.
Además, no es frecuente que haya convocatorias en las no haya ningún aspirante. En las convocatorias de ofertas de empleo público de 2018 esto ocurrió en doce ocasiones. No hubo casos, en la oferta de 2019.
Otra de las cuestiones analizadas en este documento es el importante volumen de cuestiones que deben resolver los órganos de selección. Por lo que se refiere a las consultas en período de inscripción de instancias telemáticas, publicación de listas provisionales o definitivas y presentación de documentación acreditativa de los méritos alegados, se reciben entre 10 y 15 llamadas diarias. Además, se suelen recibir hasta 50 correos electrónicos diarios. Un dato habitual es que el número de consultas supere el 50% del número de instancias presentadas.
