Considera que la Ley de Vivienda que el Gobierno pretende aprobar no es lo suficientemente ambiciosa, pero que marca el punto de inflexión para intervenir en el mercado inmobiliario y evitar que se inflen los precios, sobre todo los de la compra y alquiler por parte de los jóvenes. Habla claro y se nota su raíz periodística. María Teresa Pérez (Petrer, 1993), exdiputada de Unidas Podemos, aplaude la aprobación del bono joven para el alquiler, pero reconoce que no servirá de nada si no se regulan los precios del mercado, lo que establece la futura Ley de Vivienda.
¿Qué supone la aprobación del bono alquiler para jóvenes?
La juventud es la que mayores dificultades tiene para acceder a una vivienda, y esto va a ayudar. Considero que es una medida positiva, siempre que vaya acompañada de una ley ambiciosa. Por sí solo no sirve sin una regulación de los precios.
Y esa regulación, ¿cómo debe hacerse?
Con la aprobación de la Ley de Vivienda, que no puede acumular más retrasos. Su aprobación debe ser inminente porque incluye medidas que urgentes, no solo para la juventud, para toda la población. Amplía el parque público de viviendas y regula el alquiler. También garantiza que haya una alternativa habitacional digna en caso de desahucio.
¿Cuáles son las principales características de ese bono?
Es una ayuda puntual que , si se complementa con una regulación de precios del alquiler, puede ser positiva, y beneficiará a jóvenes de entre 18 y 35 años, que la podrán pedir a partir de abril, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Solo son 250 euros y, por la dotación presupuestaria, no va a llegar a tantos jóvenes como lo necesitarían, pero puede ser una ayuda que les permita hacer frente al pago del alquiler, que supone hasta el 60% de su sueldo. Pero solo será útil si se regulan los precios del alquiler, para que no se inflen. Tiene que haber una limitación de precios y eso se hace interviniendo el mercado inmobiliario. La Ley de Vivienda incluirá el obligar por ley a los grandes propietarios, con más de diez inmuebles, a que regulen los precios y anima a los pequeños propietarios a que bajen los precios con incentivos fiscales.
El Consejo General del Poder Judicial tumbó el informe que avalaba el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda al considerar que viola competencias autonómicas. ¿Cómo se ha recibido ese revés judicial?
El informe del Consejo General del Poder Judicial no tumba nada. Es un informe preceptivo, pero no vinculante, y sobre una parte de la Ley de Vivienda. Pero sí retrata a un Poder Judicial ultraconservador que parece que solo quiere boicotear la acción del Gobierno, en concreto las leyes más progresistas. Ya lo hizo con la ley del matrimonio igualitario y con la de violencia de género. Pretende ser un contrapoder legislativo de la derecha y no les han elegido los ciudadanos.
Muchos expertos advierten de que el bono alquiler puede ser contraproducente porque fomenta la subida de precios.
Sí que es cierto que señalan que este tipo de ayudas pueden tener el riesgo de que se inflen los precios del alquiler. Por eso, insisto en que la clave para que el bono joven funcione es que haya una regulación de precios. Para ello, también las comunidades autónomas tienen que poner de su parte, ya que la ley les habilitará para controlar los precios del alquiler. El 85% de los jóvenes españoles sigue viviendo con sus padres porque no se pueden permitir un alquiler. Nueve de cada diez no ha iniciado un proyecto de vida autónomo y eso nos sitúa a la cola de Europa. Hay que atajar esta situación con valentía y ambición política, como contiene esa ley, a pesar de no ser todo lo ambiciosa que desde Unidas Podemos querríamos.
Ponen el foco en el mercado inmobiliario...
La Ley de Vivienda es un punto de inflexión, un cambio de paradigma para empezar a poner coto al sector inmobiliario, que en España ha actuado como si esto fuera suyo, haciendo y deshaciendo a su antojo. Lo vimos con los bancos y la crisis financiera que provocó una burbuja del alquiler de la que aún sufrimos las consecuencias. En este país se ha tratado la vivienda como un bien de mercado, como un negocio, y es urgente garantizarla como un derecho, como recoge la Constitución.
¿En qué medida ha influido Unidas Podemos en que se empiece a tramitar esa ley?
El Ministerio de Derechos Sociales fue coproponente de la Ley de Vivienda, primero con Pablo Iglesias y después con Ione Belarra, y se ha negociado con el Ministerio de Vivienda constante e incansablemente porque no ha parado de sufrir retrasos y posponerse por distintos motivos. Lo acordamos en 2019, después en los presupuestos de 2021 y, como no se cumplió, en los de 2022. No puede haber más retrasos.
¿Ese es un mensaje para sus socios de Gobierno del PSOE?
Exigimos al PSOE que cumpla lo pactado y desde Unidas Podemos le decimos que no vamos a permitir ningún cambio en el texto acordado de la Ley de Vivienda.
Se ha generado mucha polémica porque el bono del alquiler será para contratos de hasta 600 euros como tope general.
Finalmente se va a poder pedir para alquileres de 600, pero en zonas con mercado tensionado se puede ampliar a 900.
¿Realmente beneficiará a los jóvenes la reforma laboral?
Sí, porque regula la temporalidad, que es el mayor elemento de precariedad que sufrimos y también modifica los contratos formativos, que han sido una fuente de abuso laboral tremenda. Y hemos aprobado un plan de garantía juvenil con 3.000 millones de fondos europeos para que muchos jóvenes en paro tengan una oferta de formación o trabajo en un máximo de cuatro meses.
El 2022 ha sido declarado Año Europeo de la Juventud...
Sí, y la Comisión Europea me ha nombrado, como directora del Injuve, coordinadora nacional. Estamos planteando desde España, además de acciones puntuales, una estrategia nacional con la vista puesta en qué sociedad queremos dejar a las próximas generaciones. Es una estrategia que ha reunido, por primera vez, a todos los ministerios, administraciones territoriales y al Consejo de la Juventud para diseñarla conjuntamente. Están saliendo propuestas importantes que se presentarán en marzo, como plantear rebajar la edad del voto a los 16 años. Sabemos que esto último es difícil porque requiere un gran apoyo y el bipartidismo, PP y PSOE, no quiere rebajar la edad del sufragio.
