Cuatro meses y medio después de la primera y única reunión enmarcada en la comisión bilateral entre la Generalitat y la Diputación de Alicante, entre dos administraciones clave en asuntos de interés para la provincia, no se ha rubricado ningún acuerdo concreto, a pesar de que la lista de cuestiones pendientes no es, precisamente, baladí.
Ni el acercamiento institucional escenificado en la cumbre de septiembre, ni el encuentro de sus líderes en plenas Navidades, ha conseguido, al menos por el momento, desbloquear proyectos que, a menudo, se emplean para echar leña al fuego de la batalla política entre quienes presiden los dos principales gobiernos de la izquierda y la derecha en la Comunidad, el socialista Ximo Puig y el popular Carlos Mazón, a la sazón, jefes de sus respectivos partidos. No obstante, ambas partes tratan de evidenciar que la maquinaria está en marcha, que sigue vivo el pulso para afrontar cuestiones clave. El Consell, por su parte, está elaborando un informe para examinar el déficit en inversión cultural en la provincia que viene denunciando la Diputación, mientras prosiguen las reuniones tendentes a planificar cómo se articula el traspaso de competencias impropias que asume la institución alicantina. Por contra, los puentes de diálogo están totalmente rotos en torno al Fondo de Cooperación, que se peleará en los tribunales, mientras está por ver la voluntad de remar en la misma dirección en un asunto capital, como es la infrafinanciación autonómica.
La Generalitat solo inyecta en Alicante el 7,5% del gasto territorial en Cultura. Esa es la conclusión que revela un informe elaborado por la Diputación, un porcentaje sobre el que los dirigentes de la institución provincial cimentan el relato con el que denuncian que el Consell castiga a la provincia, al inyectar tan solo cuatro millones de euros frente a los 40 de Valencia y los 8 de Castellón. La institución que dirige Mazón, el principal bastión de poder del PP en la Comunidad, viene reclamando a la Generalitat que asuma parte de los 19 millones que dedica a determinados centros culturales, exigiéndole que ingrese en el sur los mismos fondos con los que se financia la actividad de museos y centros musicales en el resto del territorio. Es lo que la Diputación acuñó tiempo atrás como la «brecha cultural» que sufre el territorio, un mantra que la Generalitat quiere combatir para poner sordina al ruido que se genera en torno a un agravio que, aseguran, no es tal. Esta vez desde una posición más sólida, elaborando un contrainforme que ha sido encargado a la Secretaría Autonómica de Cultura y Deporte, según confirma el director general de Administración Local, Toni Such.
Más visos de alcanzar un pacto presenta, en cambio, el proceso de traspaso de competencias impropias que la institución provincial tiene asumidas con los servicios que presta tanto en el Hogar Provincial como en el centro de salud mental Doctor Esquerdo, que cifran en 25 millones de euros anuales. Fuentes de la Diputación aseguran que el equipo técnico de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el de la propia Diputación siguen trabajando con fluidez para tratar de llegar a un acuerdo que, en realidad, no ven complicado, pues destacan que existe predisposición. Y en la misma línea se expresan desde el equipo de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.
La relación entre Oltra y el propio Mazón se ha caracterizado este mandato por una capacidad de entendimiento de la que han venido haciendo gala desde el entorno del alicantino, si bien la tensión se ha disparado de unos meses a esta parte. La posibilidad de volver a verlos juntos en la terraza de un bar, como ocurrió en el verano de 2020 en Altea, es del todo improbable. Mazón, sumergido en una intensa agenda mediática para sumar proyección en la escena autonómica, ha puesto el foco en la vicepresidenta a raíz de la polémica surgida en torno al supuesto abuso sexual de menores tutelados por la Generalitat, recrudeciendo sus ataques contra la vicepresidenta. No obstante, eso es algo que no parece que vaya a impedir el traspaso de competencias, como se hizo con la teleasistencia.
Y mientras la Diputación se prepara para librar en el Tribunal Constitucional la batalla contra la ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat, en el círculo más próximo a Mazón se asegura que el líder de la derecha valenciana sigue esperando la llamada de Puig para cerrar filas en torno a las alegaciones que la Comunidad presentará a la propuesta del modelo de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda, tal y como aseguran que se comprometió el presidente en la reunión que mantuvieron en diciembre. Una llamada a la que en Presidencia sostienen que nunca se comprometió y dudan que se efectúe. Dan por hecho que es algo que se tratará con la oposición en las Cortes Valencianas, pero Mazón carece de escaño y en el Palau no están por la labor de ponerle en bandeja ganar protagonismo. Y menos a16 supuestos meses de las elecciones.
