Todos los grupos de las Cortes Valencianas, excepto Vox que se ha abstenido, han acordado el plan de trabajo de la comisión de estudio de las medidas de prevención de riesgos derivados de fuertes temporales y las posibles actuaciones para reducir la vulnerabilidad de los territorios ante episodios como la borrasca Gloria de enero de 2020. El PSPV, Compromís, Unides Podem, PP y Ciudadanos han retirado los planes de trabajo que habían registrado y han presentado una propuesta conjunta que incluye el estudio de planes, proyectos e informes, así como solicitar documentación sobre las ayudas por el temporal, con un plazo máximo para su remisión de 60 días, y una serie de comparecientes en la comisión.
Entre los comparecientes, acudirán vecinos de varios municipios de la Comunidad Valenciana afectados por la borrasca Gloria. Así, en los próximos meses comparecerán en esta comisión parlamentaria representantes de las asociaciones de vecinos de Guardamar-Playa Babilonia y la Asociación para la Defensa de la Playas del Norte (Dénia), así como la Almardà (Sagunto), SOS Platja de Tavernes de la Valldigna, Mare de Dèu del Carmen (Nules) y Salvem les Platges al Sud (Gandía).
En total, durante este año pasarán por la comisión un total de 73 comparecientes, entre expertos en la materia y responsables municipales, autonómicos y estatales.
Entre los objetivos de esta comisión, aprobada en marzo de 2020 y constituida en noviembre de 2021, está analizar cómo se ha realizado la gestión en materia hídrica, territorial y urbanística durante las últimas décadas. También se pretende conocer tanto las causas como el alcance de las inundaciones y estudiar acciones de reconstrucción y prevención, así como conocer los daños, también económicos, que afectaron a varias comarcas. El foco se ha puesto en ver qué responsabilidad sobre las consecuencias desastrosas que hubo con temporales como Gloria lo tiene el haber planificado urbanísticamente en zonas con riesgo de inundación. Por ello, se solicita a los ayuntamientos afectados que envíen un informe y la cartografía de la superficie afectada, así como del suelo urbano, urbanizable, rural y protegido, según la planificación urbanística vigente, superponiendo las zonas inundables. También se solicita el número de licencias concedidas para la construcción de viviendas en suelo no urbanizable de los municipios afectados.
Además, la comisión pretende estudiar las actuaciones que las administraciones públicas deben llevar a cabo, atendiendo a los efectos del cambio climático, tanto para la reconstrucción de los daños producidos como para la prevención de cara al futuro.
Para todo ello, se analizará la documentación solicitada a los ayuntamientos incluidos en la zona catastrófica, a la Generalitat sobre política territorial o planes de actuación ante inundaciones o al Gobierno en materia de protección de la costa e infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Una vez recibidos estos datos se abrirá un plazo de 30 días de estudio, aunque las comparecencias podrán empezar antes.
Sobre las comparecencias, se pide la presencia en la comisión de representantes de la Conselleria de Política Territorial, Agricultura y Vivienda, de Sector Público, de los ayuntamientos afectados por la borrasca, de la administración del Estado, de expertos y de representantes de la sociedad civil. Todos comparecerán a lo largo de un plazo de 12 meses, aunque la comisión podrá pedir ampliaciones. Se prevén alrededor de dos sesiones al mes hasta que finalicen los trabajos, cuando se elevará el dictamen al pleno de Les Corts para su debate y votación.
Entre los comparecientes citados se encuentran, por parte del sector público de la Generalitat, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; el gerente de EPSAR, Juan Ángel Conca; el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer; el director del Instituto Cartográfico Valenciano, Xavier Navarro; el director de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, Manuel Civera, y un representante de la Fundación CEAM.
También acudirán la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, y la de Puertos, Aeropuertos y Costas, María Luis Martínez; el subdirector de esta Conselleria, Vicent Domènech; y el jefe de servicio Jeroni Banyuls.
De la Conselleria de Agricultura, irán la secretaria autonómica Paula Tuzón; el director general del Medio Natural, Julio Ramón Gómez; la directora de Cambio Climático, Celsa Monrós; y el de Prevención de incendios, Diego Marín; y por la Conselleria de Vivienda, el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio. También piden la comparecencia del director general de la Oficina Española de Cambio Climático y de la Demarcación de Costas de la Comunidad Valenciana, y de diputados provinciales de las tres diputaciones, entre ellos el de Infraestructuras de la provincia, Javier Gutiérrez.
Como expertos, hay citados geógrafos, paisajistas, geógrafos, periodistas ambientales, ingenieros, arquitectos, biólogos o bomberos, junto a representantes de cuerpos como la Unidad Militar de Emergencias (UME). De la sociedad civil habrá representación de asociaciones ecologistas o del Observatorio de Catástrofes Naturales. Así, se ha pedido la comparecencia de Andreu Escrivà (cambio climático), Juan Manuel Barragán (Universidad de Cádiz), Miriam García (Land Lab), y los catedráticos Jorge Olcina (Universidad de Alicante), María José López (Universidad de València) o el dirtector del Instituto de Ecología Litoral, Gabriel Soler, entre otros.
Por los ayuntamientos afectados por Gloria, figuran representantes de los ayuntamientos de Agres, Denia, Xàbia, Calp, Benidorm, Elche y Villena, en la provincia de Alicante. Además, de los de Gandia, València, Enguera, Tavernes de la Valldigna, Bellreguard y Cullera, en València, y de Moncofa, Vinarós, Benicarló, Morella y Vilafranca, en Castellón, así como otros consistorios para exponer iniciativas municipales de adaptación al cambio climático.
La Vega Baja, excluida
Entre los comparecientes se han quedado fuera los ayuntamientos de la Vega Baja, que también sufrieron con la borrasca Gloria y donde los fenómenos relacionados con el cambio climático están haciendo estragos, como sucedió con la DANA de 2019. El PPCV reprocha que los consistorios de la comarca más al sur de la Comunidad se hayan quedado fuera y no se hayan incluido en la comisión, tal y como solicitaron los populares, "a pesar de que incluían en su representación a técnicos", señala la diputada popular Elisa Díaz, que también critica que no tampoco estén los vecinos del poblado marítimo Torre la Sal de Cabanes o la Plataforma Forestal de la Comunidad Valenciana "cuyo criterio consideramos fundamental en cuanto a la gestión de nuestros montes desde distintos ámbitos para prevenir los riesgos de fuertes temporales y posibles posteriores incendios".
El PSPV-PSOE confía en que esta comisión, que recuerda fue creada a propuesta suya, permita lograr "una radiografía completa" y prevenir las "devastadoras" consecuencias del cambio climático, mientras afea al PPCV que "critique un plan de trabajo que ellos mismos acaban de apoyar con su voto a favor", señala el portavoz socialista en la comisión, Paco Gil, quien pide "coherencia" a los populares.
La diputada del PPCV, Elisa Díaz, señala que su grupo era el único que incluía la comparecencia de los afectados en la comisión. "No era lógico que la comisión se desarrollara sin que los afectados pudieran explicar cómo vivieron las consecuencias de la borrasca Gloria; si las Cortes son la voz de todos los ciudadanos de la Comunidad, los afectados debían tener voz". "Desde el Grupo Popular teníamos muy claro que la comisión debía constar de tres bloques de representación: los cargos políticos de diferentes administraciones, los expertos y la sociedad civil", señala Díaz.
Por su parte, el diputado socialista, Paco Gil, ha destacado que los 73 comparecientes "nos darán las claves para encarar de la mejor manera los futuros temporales, así como ahondar en las soluciones para combatir el cambio climático en la Comunidad Valenciana".
