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Ximo Puig cierra la puerta a la reforma del Estatut en la celebración de su 40 aniversario

El jefe del Consell incide en que los cambios en la ley básica de la Comunidad no están en la agenda, a pesar de ser necesarios para asumir nuevas competencias - Apuesta por desarrollar la capacidad de autogobierno que tiene el texto actual, por ejemplo, en la gestión de los Cercanías

El jefe del Consell, Ximo Puig, presidió este martes en el Palau el acto de constitución del comité de honor del 40 aniversario del Estatut. | JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE r.míguez

Cuarenta años no son nada, al menos eso dice la canción. O sí lo son. En el caso del Estatut d’Autonomía de la Comunidad Valenciana, que el próximo 1 de julio cumple cuatro décadas, desde ciertos sectores se considera que es necesaria una nueva reforma, tras la que se produjo en 2006, para incluir nuevas competencias. Sin embargo, no está en la agenda del Consell. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encargó de descartar a corto y medio plazo impulsar grandes cambios en la ley básica del autogobierno valenciano. Lo hizo tras presidir la constitución del comité de honor que dirigirá los actos organizados con motivo del 40 aniversario del Estatut. No obstante, matizó que el actual ordenamiento jurídico de 1982 estará sometido «siempre» al análisis porque «no son unas tablas de la ley que no se pueden tocar».

Puig es consciente de que el actual Estatut limita la asunción de algunas de las competencias que su Ejecutivo viene reivindicando. De hecho, el Gobierno central lo advirtió hace unos días cuando, en una respuesta a Compromís sobre la posible gestión del litoral por parte de la Generalitat, condicionó el transferir nuevas competencias a las autonomías a que tuvieran un estatuto modificado en ese sentido. Es decir, si no aparecen esas competencias en el texto autonómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ni se plantea una hipotética transferencia. Un jarro de agua fría también para la denominada «cláusula Camps». Una disposición adicional que el expresidente de la Generalitat incorporó en la reforma estatutaria de 2006, que fue consensuada con el PSPV-PSOE, por la cual las competencias propias de la Comunidad Valenciana se podrían equiparar automáticamente con la de otros estatutos si estos han sido aprobados con mayor nivel competencial. En este sentido, el jefe del Consell resta importancia a esta cláusula, que la enmarca «dentro del espacio político, no jurídico», y que la gestión de las costas no está sujeta al estatuto valenciano y es algo que «está en discusión en toda España».

Entre las reformas pendientes también se encuentra el Derecho Civil valenciano, que ya reclamó las Cortes, y a lo que no renuncia el Gobierno de Puig. De hecho, el jefe del Consell se refirió al mismo como «una exigencia democrática», pero que requiere del visto bueno del Congreso para una reforma constitucional que la recoja.

Con todo, el Botànic prefiere centrarse en desarrollar la capacidad de autogobierno que marca el actual ordenamiento. En este sentido, Puig anunció que «pronto» habrá una reunión de la comisión mixta de transferencias para desarrollar las competencias que sí recoge el Estatut porque «hay espacio» para ello, manifestó. Entre las cuestiones pendientes, está la gestión del servicio de Cercanías, que sí incluye el actual marco estatutario. La intención del Ejecutivo autonómico es que la transferencia de la competencia sobre ferrocarriles se produzca a medio plazo, como ya ha solicitado al Ministerio de Transportes. Eso sí, Ximo Puig reclamó, de nuevo, que venga acompañada de «recursos suficientes».

En la decisión del jefe del Consell de cerrar la puerta, de momento, a la reforma del Estatut hay una cuestión de fondo sobre la que no quiso pasar de largo: la falta de consenso para plantear esta cuestión. Un consenso que sí hubo en su día para dar luz verde al autogobierno valenciano. «Lo que no se pueden producir son rupturas o lecturas unidireccionales que acaben quebrando el consenso básico», zanjó el jefe del Consell.

La Generalitat designa al exsindicalista Joan Sifre como comisionado y organizará un concierto

La Generalitat ha elegido al exsecretario general de CCOO-PV Joan Sifre como comisario general del aniversario de los 40 años del Estatut de la Comunidad Valenciana. El Ejecutivo autonómico valora la «capacidad de diálogo» e «implicación ciudadana» del exsindicalista en favor de los derechos y las libertades. Será el encargado de dirigir los actos que conmemorarán las cuatro décadas de autogobierno. Al respecto, el jefe del Consell, Ximo Puig, destacó que no solo va a ser una celebración institucional, sino participada. En este sentido, Puig subrayó que los actos buscan contribuir a reforzar «la estima del pueblo valenciano» hacia sus propias instituciones. «Desde Paco Brines a Joan Fuster, todas las maneras de entender la Comunidad son posibles», añadió, para destacar la pluralidad de la sociedad valenciana. A partir de ahora, se inician los trabajos preparatorios del programa de actividades conmemorativas. Entre los actos previstos con motivo de esta efeméride, que vendrá marcada por el día central de celebración, el viernes 1 de julio, coincidiendo con la fecha del 40 aniversario del Estatut, se encuentra un macroconcierto que reunirá a diferentes generaciones «de una manera festiva», destacó la consellera de Participación y Transparencia, Rosa Pérez Garijo. No obstante, el comité organizador está abierto a las propuestas que se hagan desde los ayuntamientos para la organización de más actos con el objetivo de «descentralizar» la conmemoración. Los consistorios recibirán una línea de ayudas destinadas a organizar actos por este aniversario. Pérez destacó los tres objetivos que centrarán los actos de celebración y que pretenden recuperar la memoria del Estatut, visibilizar el significado del autogobierno y poner en valor a las diferentes instituciones estatutarias, además de analizar la situación actual y los retos de futuro. En el comité de honor también estarán el presidente de las Cortes, Enric Morera; los vicepresidentes del Consell, Mónica Oltra y Héctor Illueca; y los consellers Gabriela Bravo y Vicent Marzà.

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