Joaquim Bosch (València, 1965) es un firme defensor de la separación de poderes, pero advierte de que está en riesgo. Precisamente, este miércoles ha participado en el ciclo «Política en tiempos difíciles», organizado por la Universidad de Alicante, con una conferencia sobre «La independencia judicial y el Estado democrático».
¿Hay realmente una separación de poderes?
Los problemas sobre la separación de poderes se generan, especialmente, en la cúpula judicial y también en otros organismos institucionales, como en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Tenemos un problema muy grave en el Consejo General del Poder Judicial que lleva más de tres años caducado y en funciones. Es como si un gobierno después de la legislatura de cuatro años se negara a convocar unas nuevas elecciones y se siguiera manteniendo durante años en el cargo. Y esta situación inconstitucional, claramente anómala, es un reflejo de las luchas de los partidos políticos por el control de la cúpula judicial. Y esto tiene efectos muy importantes en la separación de poderes y en la independencia judicial.
¿Está en riesgo la independencia judicial?
El Consejo General del Poder Judicial, según la Constitución, es el órgano que debe garantizar esa independencia de la judicatura. Si funciona a través de repartos de cuotas partidistas y como correa de transmisión de las principales fuerzas políticas, es difícil que mantengas la independencia. Si son los propios partidos los que controlan la cúpula judicial, tenemos problemas, porque ese consejo de la judicatura es el que designa a los jueces del Tribunal Supremo, de los tribunales de justicia autonómicos y de otras instituciones judiciales. Si esta función se realiza en función de los intereses de los partidos, tendremos problemas. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa nos dice que la configuración y las prácticas del Consejo General del Poder Judicial son una rémora en la lucha contra la corrupción, porque sitúan a los partidos políticos en espacios en los que no deberían estar.
Precisamente, en su último libro, hace un recorrido de la corrupción política asentada en el franquismo y replicada en la democracia.
Estas patologías intestinales tienen problemas históricos de peso. En el caso de España, en la dictadura de Franco, la Justicia no era un poder independiente. Al llegar la democracia, se planteó equipararnos a los países europeos y se configuró el sistema mixto que se preconizó desde el Consejo de Europa, que consiste en que la mitad de los consejos de judicaturas son elegidos por el Parlamento, pero la otra mitad son nombrados por los jueces de manera interna. En 1980 se aprobó con los votos a favor de los cuatro principales partidos estatales y los nacionalistas vascos y catalanes. Sin embargo, en 1985 la mayoría absoluta del Gobierno socialista modificó este sistema, para ir a un reparto de cuotas partidistas. Lo hizo porque en aquella época había una judicatura todavía muy vinculada al franquismo que había estado torpedeando las reformas democráticas de la UCD y del PSOE. Con el tiempo, se ha ido demostrando que el remedio era peor que la enfermedad porque los repartos de cuotas han provocado injerencias importantes en la cúpula judicial.
La corrupción ha estado muy asentada en la Comunidad Valenciana, donde ejerce de juez.
La corrupción política en la Comunidad Valenciana no tiene equivalentes en ninguna región europea y nos demuestra que es un grave problema porque aquí hemos tenido a condenados, en prisión provisional o investigados, a presidentes de la Generalitat, a consellers, a presidentes de las tres diputaciones, a alcaldes y concejales de las principales ciudades del territorio. Esto nos demuestra que tenemos problemas institucionales, aunque se han producido mejoras con la Agencia Valenciana Antifraude.
¿Sigue presente la corrupción?
La corrupción seguirá presente si no se adoptan las medidas correctoras necesarias. Hacen falta medidas preventivas mayores para que no sea tan sencillo adjudicar a los amigos los contratos públicos y, en concreto, a tramas corruptas. Hace falta incrementar los mecanismos de transparencia. Y que los partidos políticos se democraticen y acaben con la opacidad que supone saber cómo gestionan sus cuentas. Pero no ha existido voluntad política para acabar con la corrupción.
¿La sociedad ha llegado a normalizar la corrupción?
Durante el franquismo se asimiló que era normal que los políticos pudieran robar y que formaba parte de las propias concepciones del país. Afortunadamente, eso ha ido cambiando gracias a las investigaciones de los medios y a la crisis económica que generó una indignación ciudadana acusando a la corrupción como uno de los problemas económicos.
Como juez, ¿los casos de corrupción son los más difíciles de juzgar por las presiones?
Hay presiones indirectas. Con un sistema tan politizado de cúpula judicial los jueces saben que, si investigas la corrupción de manera enérgica, esto te puede cerrar puertas en la promoción profesional. Y, al contrario, si un juez hace cosas que le gustan a los partidos, sabe que se le pueden abrir puertas. De hecho, sabemos que todos los jueces que han investigado casos de corrupción han tenido ataques durísimos de las fuerzas políticas afectadas, como en el caso Gürtel, los ERE, Filesa... Y hay otro factor: la falta de medios. Estamos a la cola europea en el número de jueces y en la cabeza en el número de políticos corruptos. Hay asimetrías importantes que hay que resolver. No es normal que las tramas corruptas tengan más medios para eludir la acción de la Justicia que los que tenemos los jueces para perseguirlas. La falta de medios y la larguísima duración de los procesos favorecen los archivos y las sentencias absolutorias por pruebas suficientes. La falta d recursos de la Justicia favorece a los corruptos.
