Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Argelia Queralt: «La peor defensa de nuestra Constitución es no asumir que se puede y se debe reformar»

La profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Argelia Queralt. | INFORMACIÓN

La profesora Argelia Queralt tiene un largo currículum como letrada del Tribunal Constitucional, editora de IberIconnect y exdirectora editorial de Agenda Pública. Participa en las jornadas dedicadas a «Política en tiempos difíciles» organizadas por la Universidad de Alicante (UA), donde este jueves abordó los retos a los que se enfrenta la Constitución en la era digital.

¿A qué se enfrenta la Constitución en plena era de internet?

El fenómeno de lo digital ha llegado para quedarse y, en tanto que impacta en tantos hábitos de la vida, al final debería tener un reflejo en el texto constitucional. Se pueden producir nuevos tipos de vulneraciones, que no es tanto que necesiten nuevas soluciones como que se adapten las que había hasta ahora a las características propias de la digitalización. Por eso se aprobó en julio la Carta de Derechos Digitales, hecha por un grupo de expertos, entre los que estaba yo, con una combinación de académicos, profesionales y sociedad civil.

¿Qué plantea ese texto?

Lo que se pretende es adaptar los derechos a la nueva realidad tecnológico-digital. Lo que se dice es que la dignidad de las personas sigue siendo la base de toda la regulación en esta materia y deben seguir respetándose los derechos fundamentales también en internet, tal y como los tenemos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que forma parte España. Todo este entramado digital y tecnológico tiene que ser respetuoso con la dignidad y los derechos de las personas y, en tanto están utilizados por los poderes públicos, deben estar llamados a la protección y a ser más eficaces, como la libertad de expresión e información, la identidad digital o el derecho a usar un pseudónimo, el pseudonimato. También dispone que las redes no pueden suponer discriminación entre grupos ni personas por ningún tipo de razón. Se hace especial mención a los menores, y también a los mayores, ya que el acceso a algunos derechos pasa por lo digital y eso supone una barrera casi infranqueable para parte de la sociedad. Estamos negando el acceso a determinados servicios que solo se puede hacer a través de internet, como el pasaporte de vacunación o pedir cita en el médico. Lo único es que esta carta no tiene valor jurídico, son unas guías y pautas, pero el trabajo está hecho y las administraciones públicas tienen donde agarrarse.

Está poniendo de relieve la falta de una alfabetización digital.

Es un asunto importante. No solo supone el saber usar un ordenador o las redes sociales, también saber protegerse de los posibles peligros que pueda entrañar y saber defenderse de estos peligros. Hay empresas que han ofrecido sus servicios gratis durante la pandemia, como una plataforma para seguir las clases online, pero hay que valorar si estas empresas no están generando ya futuros clientes, son una especie de audiencia cautiva. Nuestros hijos, que pueden acceder a todo esta amalgama de instrumentos, son nativos digitales, pero no son conscientes de los posibles riesgos.

¿Hay que poner límites en las redes?

Los derechos constitucionales siguen aplicándose, son plenamente vigentes en el mundo online. Por tanto, igual que yo no puedo insultar libremente a quien me dé la gana, no lo puedo hacer en internet. El problema que tienen las redes es que son unos plataformas en las que se permite el pseudonimato, o el anonimato directamente, y en el que hay un abuso, a veces, por parte de los usuarios de estas plataformas en las que se aprovecha para insultar o maltratar. Un tema muy grave que se está produciendo es el ciberacoso como instrumento de violencia machista. Hay números que demuestran que la violencia verbal que se ejerce contra las mujeres en este ámbito es mucho mayor que contra los hombres y, especialmente, contra dirigentes o representantes políticas mujeres. Aquí el quid de la cuestión es cómo se controla. Estamos acostumbrados a que sea el poder público quien controle estos excesos a través de agencias independientes, de arbitraje o los órganos del Poder Judicial. Esto es aplicable al mundo online, pero es más difícil. Hay que llegar a acuerdos entre las plataformas privadas y los poderes públicos para establecer unos mecanismos de control, compatibles con los derechos fundamentales.

¿Se puede reformar la Constitución o es una mantra que no se debe tocar?

En la Constitución del 78 todo es reformable, porque así lo prevé la propia Constitución. No hay ningún límite material, ningún contenido excluido de su posible reforma. Hay unos procedimientos que hay que seguir, evidentemente. Yo este mantra del ahora no toca, no es el momento, no hay un consenso, no me vale. Hasta que los agentes políticos dominantes no se sienten en una mesa y empiecen a discutir sobre qué temas y cómo habría que reformar, no podemos hacer esa afirmación. Lo que hay es una falta de voluntad por parte de nuestros representantes políticos de ponerse a hablar de una reforma constitucional, que es necesaria. La peor defensa de nuestra Constitución es no asumir que se puede y que se debe reformar. Su falta de reforma va a suponer su obsolescencia. Y, por tanto, va a servir de bien poco.

¿Qué se podría mejoraren el texto constitucional?

Hay reformas pendientes ya urgentes hace 10 y 20 años, que no se han hecho. Y no tiene por qué ser la primera reforma, por ejemplo, si somos monarquía o república, o sí. Hay otras cuestiones como es el hecho de estar en la Unión Europea, que afecta a nuestro día a día, y no está presente en la Constitución. O la organización territorial, y parece que es bastante obvio que el texto necesita una actualización, porque está sobrepasada en este asunto. El tema de la Corona, el sistema electoral, con listas desbloqueadas, los derechos de las mujeres, la perspectiva de género, la cuestión digital o la transición ecológica son elementos que marcan nuestra realidad, y lo harán en el devenir de nuestras sociedades y, por tanto, en los ordenamientos jurídicos, y tiene que plasmarse en la Constitución.

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats