La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno que debe sustituir a la norma de 2015 aprobada por el Consell popular podría considerarse ya como una vieja aspiración del Botànic. Del primero y del segundo. La propuesta ha sufrido todo tipo de vicisitudes y retrasos, pero es ahora cuando podría empezar a verse la luz al final del túnel. Un año y tres meses después de que los grupos de la izquierda en las Cortes (PSPV, Compromís y Unides Podem) registraran el texto articulado, las diferencias que continuaban en torno a la ley están disipándose. El principal escollo radica en la configuración del Consell de Transparencia, el órgano encargado de resolver las reclamaciones de la ciudadanía y de velar por el cumplimiento de la ley. El texto presentado en las Cortes propone un cambio sustancial respecto al diseño actual de cinco consejeros sin dedicación exclusiva que perciben dietas por su trabajo. El tripartito plantea un órgano de solo tres miembros, pero con exclusividad y con rango de dirección general. Pese al acuerdo inicial, el PSPV planteó una enmienda para que el órgano mantuviera a sus actuales cinco miembros.
Evidenciada la división de criterio en las enmiendas, la negociación quedó bloqueada. Sin embargo, fuentes del tripartito indicaron que está previsto que a mediados de febrero se convoque la comisión parlamentaria que debe aprobar las diferentes alegaciones al texto y que se han mantenido contactos informales en las últimas semanas y los socialistas, en aras al consenso, estarían dispuestos a retirar la enmienda y renunciar a la idea de un consejo de cinco miembros. Este movimiento aún no se ha producido, si bien desde el PSPV admiten que el Botànic votará unido. Existe interés por parte de los tres grupos de que sea una ley lo más consensuada posible. Muchas de las enmiendas que han presentado PP y Cs pueden ser aceptadas, una vía para lograr que esta norma no cuente con el rechazo de la oposición.
