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Oltra planta cara a Montero por la financiación: «No pueden contar más los kilómetros que las personas»

La vicepresidenta del Consell reclama un modelo justo y constitucional tras pedir la titular de Hacienda «altura de miras» a las autonomías - Mazón se une a las críticas y tacha de «insulto» las palabras de la ministra

La vicepresidenta Mónica Oltra saluda al líder del PPCV, Carlos Mazón, en presencia de Ximo Puig, Vicent Soler y Salvador Navarro. | ROBER SOLSONA/EP

Que el camino que llevará a un nuevo modelo de financiación no iba a ser fácil ya se preveía. Pero que resulte tan tortuoso incluso antes de debatirse las alegaciones al borrador presentado por el Ministerio de Hacienda el mes pasado, demuestra que va a ser demasiado complicado, por no decir imposible, que contente a todos los territorios. Las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el pasado jueves pidiendo «altura de miras» y que las propuestas que presenten no solo persigan el interés de cada territorio respecto a qué variables son las que mejor le vienen o sientan a cada comunidad no han hecho más que echar leña al fuego. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, replicó este viernes a la ministra que las alegaciones valencianas «son buenas para todo el mundo porque ponen a las personas en el centro». Una referencia directa a que el nuevo modelo se base únicamente en el criterio de población ajustada y no en otros como el de la despoblación o dispersión que piden otras regiones, ya que se considera que también se cubre. Por si no había quedado claro, Oltra respondió a Montero que «son a las personas a las que tenemos que garantizar los derechos y los servicios públicos, no a los kilómetros cuadrados» y repitió que, «si cuentan más los kilómetros cuadrados que las personas, estamos siendo injustos con las personas».

Las palabras de la ministra, que, además, instó a los territorios a renunciar a una «aspiración de máximos» para encontrar «una posición que nos beneficie a todos», han provocado un terremoto en la Comunidad Valenciana al realizarse solo un día después de que anunciara sus alegaciones a la reforma de la financiación, muy críticas con la propuesta ministerial. Un territorio, además, donde los partidos del Botànic, más el PP y Cs, y los agentes sociales y económicos, han hecho un frente común para avalar esas alegaciones consensuadas por un comité de expertos, designados por la comisión mixta entre la Generalitat y las Cortes, y que ponen el foco en que el criterio del nuevo modelo debe centrarse en la población ajustada.

Visiblemente molesta, Oltra, tras el pleno del Consell, apuntó que lo único que le pide a la ministra Montero es un nuevo modelo de financiación autonómica «justo» y «constitucional» que acabe con «la discriminación que sufrimos los valencianos desde hace décadas». Además, la vicepresidenta del Consell pidió a los partidos políticos, sobre todo a los valencianos, «coherencia» entre lo que dicen en la Comunidad y lo que votan después en el Congreso de los Diputados.

El líder del PPCV, Carlos Mazón, fue aún más crítico con las declaraciones de la ministra de Hacienda y las calificó de «insulto» al trabajo técnico hecho por los expertos y aprobado, recordó, por unanimidad. Mazón censuró que Montero «eche por tierra» el documento de alegaciones «sin conocerlo». Este hecho, manifestó, «demuestra la poca vocación de solución que tiene este Gobierno socialista». Para el presidente del PPCV, el Gobierno de Pedro Sánchez «nos está tomando el pelo a todos» y lamentó que Puig «no hace nada para solucionarlo».

Mazón , que se refirió al esqueleto del nuevo modelo de financiación presentado por el Ministerio de Hacienda como «desastre» y «burla» para la Comunidad Valenciana, exigió la reacción contundente de todos ante lo que considera un trato «intolerable» del Gobierno central.

El Consell remitirá el lunes las alegaciones al Ministerio de Hacienda, según anunció el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El documento pide también abordar tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones.

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