Articular medidas para hacer frente al fenómeno de la despoblación y atajar las consecuencias derivadas de la falta de servicios y oportunidades en zonas de baja densidad geográfica es una prioridad que va ganando peso en la agenda política. Las elecciones en Castilla y León, donde la formación Soria ¡Ya! ha irrumpido en la escena autonómica con la obtención de tres procuradores, emula el éxito obtenido por Teruel Existe en los comicios generales de 2019, mientras la plataforma estatal España Vaciada prepara su desembarco en varias comunidades. Las posibilidades de éxito de una fórmula de esas características en la Comunidad Valenciana parecen difíciles si se tiene en cuenta que cada candidatura debe superar la barrera del 5% de los votos emitidos en toda la autonomía para obtener representación. No obstante, abordar los problemas derivados del despoblamiento es una cuestión que viene cobrando fuerza en la actual legislatura y tanto la Generalitat como la Diputación focalizan propuestas específicas para encarar esta realidad, cuyo epicentro en la provincia se sitúa en El Comtat. Son, precisamente, esas iniciativas las que, al mismo tiempo, sirven de queroseno a la batalla política entre ambas instituciones, cuyo último enfrentamiento se ha vivido esta misma semana a cuenta de los programas de ayudas para prestar asistencia a municipios con pocos residentes, que son el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat y el Plan + Cerca de la institución provincial.
El Consell que preside el socialista Ximo Puig acordó el pasado jueves triplicar las ayudas a pequeños municipios en el marco del Fondo de Cooperación Municipal, dotado con 40 millones, justo un día antes de que la Diputación aprobara su plan inversor alternativo, puesto que el organismo que preside Carlos Mazón (PP) se niega a participar en la iniciativa autonómica, como sí hacen las diputaciones de València y Castellón. La variación del método de reparto del Botànic se produce en un contexto en el que la Diputación arma su discurso de rechazo al fondo del Consell alegando que el Plan + Cerca beneficiaba más a los municipios que experimentan el despoblamiento. Resulta evidente que el trasfondo de toda esta cuestión ha sido utilizado para marcar posicionamientos entre las dos principales instituciones gobernadas por la izquierda y la derecha en la Comunidad, pero, al margen de estrategias políticas, es una realidad que las diversas iniciativas lideradas por unos y otros empiezan a tener un impacto real en el territorio. Estas son algunas de las medidas puestas en marcha y otras que están en proceso.
Promulgar una Ley Antidespoblación este año es uno de los retos que se ha marcado el presidente de la Generalitat, que ha confiado la dirección de esta tarea a Elena Cebrián. La que fuera consellera de Medio Ambiente durante la primera legislatura del Botànic acaba de ser nombrada secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación. Aunque esta secretaría es de nueva creación, la apuesta de Puig por avanzar en esta materia se remonta al inicio de la legislatura, cuando impulsó la dirección general de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento, que tiene al frente a Jeannette Segarra. La directora general justifica la necesidad de aprobar ahora esa nueva normativa para dar mayor seguridad y garantías de futuro a las políticas contra la despoblación, para blindarlas y que se siga invirtiendo en ese sentido, como hará este año la Generalitat al destinar 8,4 millones de euros contra la despoblación. Eso es algo que, considera, ya se viene haciendo desde que se puso en marcha la Agenda Valenciana Antidespoblación (Avant), que busca frenar el retroceso demográfico, mejorar la calidad de vida y bienestar de los habitantes, garantizar los servicios básicos y desarrollar un crecimiento sostenible de la economía y la ocupación en el territorio.
Una de las líneas de trabajo puestas en marcha ha sido la activación de un Fondo de Cooperación dirigido a los municipios en riesgo de despoblación con tal de inyectar recursos financieros extraordinarios, que alcanzan este año los cuatro millones de euros. Son 30 municipios de la provincia los que se benefician de este instrumento financiero, con 480.000 euros que regarán localidades en las que residen un total de 9.246 habitantes. Al igual que ocurre con el Fondo de Cooperación Municipal, la Diputación de Alicante se ha negado hasta el momento a sumarse a esta propuesta, por lo que los municipios alicantinos ingresan menos que los de València y Castellón. Segarra pone un ejemplo: Penàguila recibe 15.023 euros. Si en vez de en Alicante estuviera en València, recibiría 45.000 euros por la implicación de la Diputación.
Servicios básicos
La despoblación de determinados territorios se acelera con frecuencia por la falta de servicios básicos, como la atención financiera. Para hacer frente a esta cuestión, el Consell ha destinado ocho millones de euros para instalar 135 cajeros automáticos en localidades que no disponen de este recurso. En la provincia se colocarán 24 y los dos primeros ya funcionan en Quatretondeta y Ràfol d’Almúnia.
El plan Reviu, que busca que personas y familias se instalen en municipios en riesgo de despoblación, también empieza a dar sus frutos, según Segarra, con dos unidades familiares que apuestan por ubicar su residencia en Benimassot y en Fageca. En total, son 4.000 personas las que se han inscrito en la iniciativa y 187 familias las seleccionadas, lo que contribuye a aumentar la población infantil y, con ello, mantener abiertos los colegios. Otro de los proyectos es el conocido como Itinerant, que busca la movilización de profesionales itinerantes para prestar servicios básicos necesarios en los diferentes municipios, desde fontaneros a fisioterapeutas; un programa que en las comarcas de El Comtat y l’Alcoià agrupa hasta ahora a 22 municipios adheridos y 15 profesionales registrados, mientras que su puesta en funcionamiento ya se está planificando también en la Marina Baixa. Una de las últimas iniciativas de nueva creación, que no la única, ha sido la de impulsar el desarrollo turístico de todos los municipios de menos de 100 habitantes a través de la bautizada como «Ruta 99», en la que se han integrado Famorca, Tollos, Benimassot y Benillup.
Desde la Diputación de Alicante, con un bipartito de PP y Cs, explican que el Plan + Cerca ha reservado para 2022 un total de 2,5 millones de euros para distribuirlo entre los municipios de la provincia atendiendo al criterio de despoblación. La partida ha aumentado este año un 20% respecto al pasado ejercicio. Este criterio se aplicará a un total de 107 poblaciones alicantinas. Tollos y Famorca, por ejemplo, con 37 y 45 habitantes, recibirán 25.000 euros por el criterio de despoblación.
Como novedad, también el área de Cultura va a incidir en la implementación de medidas dirigidas a dar apoyo y visibilidad a los municipios en riesgo de despoblación, así como a las poblaciones más pequeñas. Se va a crear una nueva línea específica para municipios en riesgo de despoblación, dotada con 150.000 euros. Cultura incluirá, además, en todas las convocatorias para ayuntamientos una cláusula para que aquellos que estén en riesgo de despoblación reciban, además de la correspondiente ayuda, hasta un 50% de importe adicional. Desde la institución provincial destacan que se han iniciado ya los primeros procesos que aplicarán este criterio, que comenzaron con las convocatorias para el Fomento y la Cultura Popular Valenciana, con 400.000 euros, y las subvenciones para municipios para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, dotada con 690.000 euros. La vicepresidenta primera y diputada de Cultura, Julia Parra, señala que «con este cambio se pretende que todas las poblaciones puedan sacar adelante propuestas culturales de calidad, independientemente de sus recursos, creando además un atractivo adicional que puede despertar el interés de visitantes».
Por su parte, el área de Innovación y Agenda Digital va a iniciar el proyecto de ciberseguridad y modernización de las entidades locales de la provincia con menos de 5.000 habitantes. Hay 32 municipios con menos de 500, 52 con hasta 1.000 habitantes y 82 hasta 5.000 habitantes. Desde el resto de áreas se está implementando la aplicación del criterio de despoblación a ayudas y subvenciones.
Destaca que la apuesta por el turismo rural a través de la Ruta 99 es una baza fuerte, pero no puede ser la única y que faltan viviendas donde los visitantes puedan pernoctar. Cree que es necesario más transporte público y valora mucho que se vaya a instalar un cajero. Ve positivo que la Diputación les aporte subvenciones al 100% en vez de al 90% y que les ahorre la licitación porque la falta de personal dificulta impulsar los trámites desde el Consistorio.
Cree que el programa Reviu para que personas y familias se instalen en municipios en riesgo de despoblación es clave para conseguir dinamizar el municipio y destaca que hay dos viviendas preparadas para recibir nuevos vecinos. Subraya que el expresidente de la Diputación César Sánchez impulsó muchas iniciativas en el municipio, pero recalca que en la actualidad no reciben la atención que les corresponde. «Envío cartas y no me contestan», alega la alcaldesa.
Considera que el programa vinculado a la Agenda Valenciana Antidespoblación ha posibilitado que reciban un asesoramiento fundamental para impulsar el desarrollo y solicitar ayudas. También los planes que subvenciona la Diputación para impulsar el ecoturismo. Lo que echa en falta es que los municipios tengan mayor capacidad para decidir en qué se invierte el dinero. «Se trata de no ligar siempre las subvenciones a algo determinado, que tengamos más capacidad de decisión», indica el regidor.
Defiende que iniciativas como la Ruta 99 están impulsado el turismo rural y valora que la Diputación apliquen criterios para aportar más fondos a los municipios en riesgo de despoblación. No obstante, cree que para que no se pierdan residentes es necesario garantizar servicios básicos como la cobertura de telefonía móvil o disponer de servicio médico más de dos días por semana. También reclama que se mejore el servicio de transporte público.
Incrementar los servicios de vigilancia y seguridad aumentando las patrullas de la Guardia Civil es una de sus reivindicaciones. Valora que el transporte público opera ahora un poco mejor al funcionar con cita previa y no le convence que se instale un cajero como solución a la inexistencia de oficina bancaria. Valora que iniciativas como la Ruta 99 son positivas y dice que los municipios pequeños están subsistiendo gracias a la subvenciones que se reciben.
