La Sindicatura de Comptes ha realizado un informe de fiscalización de la Diputación de Alicante consistente en una revisión de su entorno de control durante los ejercicios 2019 a 2021, evaluando el funcionamiento interno en materia de gestión administrativa, económico-financiera, intervención y ciberseguridad. Como resultado, la institución que preside Carlos Mazón ha aprobado con nota, pero debe mejorar ciertos aspectos. El órgano fiscalizador autonómico le ha otorgado una puntuación media de 9 sobre 10, lo que supone un nivel de riesgo bajo. No obstante, se destaca que se han observado una decena de deficiencias significativas que representan un riesgo para la propia organización administrativa y su grado de transparencia, la fiabilidad de la información económico-financiera, el cumplimiento de la normativa aplicable, la protección de los activos y el propio control interno ejercido por Intervención, según recoge la auditoría.
Entre las incidencias más destacas, el órgano fiscalizador destaca que en materia de Organización administrativa y grado de transparencia, la entidad se ha adaptado a todas las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia, excepto la que se refiere a la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. En lo relacionado con la información económico-financiera y su fiabilidad, pone el acento en que no existe un plan de inversiones para un plazo de cuatro años anexo al presupuesto general.
Sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, recoge que la Diputación sí ha presentado a la Sindicatura en el plazo preceptivo la Cuenta General correspondiente a los ejercicios 2018-2020, debidamente aprobada por el Pleno de la Diputación, si bien no cumple con otros trámites relativos al ciclo presupuestario: la aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno y la formación y la presentación al Pleno de la Cuenta General. En materia de subvenciones, concluye que la entidad provincial incumple en la concesión de subvenciones la obligación de suministrar toda la información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Con respecto a la contratación, destaca que los expedientes de contratación relativos a modificados no incluyen en todos los casos la publicación del anuncio de la aprobación y formalización en el perfil del contratante y la comunicación al Registro de Contratos del Sector Público, señalando además que en 2019 se ha observado que en algún expediente se ha efectuado fraccionamiento del objeto del contrato.
En lo relativo a la intervención, el órgano que dirige Vicent Cucarella pone el foco en el sistema de control financiero, destacando que no siempre se comprueba la presentación en plazo de la cuenta justificativa, la acreditación de los gastos mediante facturas o documentos de valor probatorio, o si existen importes pendientes de justificar para los que ha finalizado el plazo.
Recomendaciones
El órgano fiscalizador autonómico ha efectuado en su informe una serie de recomendaciones que afectan a las diversas áreas analizadas, entre las que destaca: la necesidad de elaborar un manual de procedimientos que incluya las funciones y responsabilidades del personal asignado al área de contratación; elaborar un plan de inversiones realista, de acuerdo con la capacidad de ejecución de la Diputación; en la gestión de las subvenciones, crear un registro único que proporcione información de las subvenciones concedidas y de su situación y que se exija la vinculación del presupuesto presentado para la totalidad de la actividad de la subvención y que se adopten otras medidas específicas de prevención contra el fraude o corrupción a lo largo de la tramitación del expediente de contratación, adicionales a la declaración responsable de las empresas licitadoras. A estas sugerencias se unen las que se realizaron a finales del pasado año en materia de ciberseguridad, cuando la Sindicatura instó a la Diputación a introducir mejoras en la protección de datos.
Entre las recomendaciones que realiza la Sindicatura, se recoge que con el fin de mejorar la organización de la Diputación en el área de personal, se recomienda fijar unas horas mínimas anuales de formación e incorporar en los expedientes de personal los siguientes aspectos: NIF, situación personal, titulación, toma de posesión o contrato, reconocimiento de antigüedad, cursos realizados y el reconocimiento de compatibilidades.
Sobre medidas específicas de prevención contra el fraude o corrupción en expedientes de contratación, adicionales a la declaración responsable de las empresas licitadoras, se destaca la necesidad de incluir en los pliegos de penalidades en caso de incumplimiento del deber de informar sobre posibles situaciones de conflicto de intereses; declaración responsable de los cargos públicos de la entidad; declaración responsable del personal de la entidad que interviene en la tramitación del expediente de contratación; y declaración responsable del personal ajeno que interviene en la tramitación del expediente de contratación.
