Las fricciones entre la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y la titular de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, a cuenta de la violencia machista enmarcada en contextos de prostitución, emergen, una vez más. El nuevo choque de trenes entre socias del Botànic se produce, esta vez, por la hoja de ruta presentada esta semana por la dirigente socialista para situar a la Comunidad Valenciana como la primera región que apuesta por la abolición de esta práctica. Bravo presentó un decálogo de medidas para alcanzar ese objetivo y, entre ellas, se recoge el reconocimiento de todas las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de machista. Eso es algo que implicaría modificar la Ley Valenciana contra la Violencia de Género, una competencia ligada al departamento que dirige la vicepresidenta del Consell. Sin embargo, este viernes se hizo evidente que nadie consultó con Oltra y, en definitiva, con el partido que lidera, Compromís, la citada estrategia. De las palabras de Oltra y, sobre todo, de sus silencios se interpreta que, efectivamente, no existe ningún tipo de consenso en el Ejecutivo de coalición para introducir cambios legislativos en este asunto.
La vicepresidenta de la Generalitat defendió este viernes que fue su conselleria la que en 2018 ya adaptó al Convenio de Estambul la legislación autonómica contra la violencia de género, tipificando la explotación sexual como violencia machista, que no de género. "Entonces, ¿es necesario introducir cambios en la normativa valenciana?", le preguntaron los medios de comunicación a Oltra. En su respuesta, la lideresa de Compromís trató de evitar entrar en polémica. Lo único que enfatizó fue que "desde 2018 la ley está y creo que es una de las pocas de España que está adaptada al Convenio de Estambul". La diferencia radica que en que, mientras los socialistas quieren que se reconozca como víctima a cualquier mujer en contexto de prostitución, desde Compromís discrepan y consideran que trata y prostitución no siempre es lo mismo.
Las posturas divergentes que separan a una y otra consellera en esta cuestión tienen que ver con los diferentes posicionamientos que mantienen sus respectivos partidos políticos en torno a este tema. Mientras el PSOE se ha declarado abolicionista y defiende que se debe prohibir cualquier actividad vinculada a la prostitución, en la formación valencianista se mantiene mayoritariamente una visión diferente, que pasa por perseguir la explotación y el proxenetismo, pero no la prostitución como tal. En ese sentido, se apuesta por poner en marcha iniciativas que eviten que ninguna persona se vea abocada a ejercer la actividad por falta de recursos, como el programa Alba, actualmente en vigor, que ofrece atención a mujeres víctimas de explotación sexual del ámbito de la prostitución y de la trata. En definitiva, dos visiones que abanderan diferentes corrientes del feminismo y que suman tantos partidarios como detractores.
Las fricciones entre Oltra y Bravo por este asunto no son nuevas. De hecho, hace prácticamente un año, cuando la consellera de Justicia presentó el Foro para la Abolición de la Prostitución, con el objetivo de "proponer los cambios legales para erradicar este tipo de violencia de género", se dejó absolutamente al margen a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, que no comparte ese enfoque. El enfrentamiento entre ambas se remonta incluso tiempo atrás, con sonoros desplantes que se produjeron, por ejemplo, cuando la socialista impulsó la creación de una comisaría especializada en violencia de género y Oltra la acusó públicamente en redes sociales de "no conocer sus competencias ni las ajenas".
Profundo debate
Con todo, no parece que las medidas de competencia autonómica presentadas esta semana por Gabriela Bravo para avanzar hacia el abolicionismo puedan llevarse a efecto cuando no hay consenso entre los socios de Gobierno con respecto a un tema que es objeto de un profundo debate en las formaciones ubicadas a la izquierda de los socialistas. Entre otras cuestiones, la propuesta enmarcada en el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, que, durante el último año, ha reunido a más de 30 personas expertas de todos los ámbitos, propone la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución, de carácter estatal; poner coto a los burdeles que se camuflan como locales de ocio y hostelería, sanciones a los propietarios y también a quienes demanden servicios sexuales pagados.
Bravo explicó que el primer paso ya se ha dado con la firma de la resolución que da inicio a la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat. El objetivo pasa por introducir cambios que permitan multar e, incluso, clausurar establecimientos que, «camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución».
