La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha iniciado el trámite de consulta pública previa para la modificación de la Ley de Espectáculos de la Generalitat que permitirá, tal y como anunció la responsable del departamento, Gabriela Bravo, la semana pasada, sancionar administrativamente aquellos locales donde se ejerza la prostitución y que se camuflan con licencias de establecimientos de hostelería u ocio, según ha publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Gracias a la reforma de esta ley, la Comunidad Valenciana se convierte "en la primera y única autonomía que multará la demanda de sexo en los establecimientos públicos, la tercería locativa, es decir, sancionar a aquellos que, con ánimo de lucro, proporcionen un lugar donde prostituir mujeres, y la publicidad de sexo pagado", según ha explicado la consellera de Justicia e Interior.
La consulta pública previa permite que asociaciones y particulares interesados formulen las alegaciones que estimen necesarias porque, según Bravo, "queremos que esta reforma legislativa cuente con el mayor consenso posible. De ahí la necesidad de recabar las opiniones de todos aquellos que quieran aportarnos su visión".
Las propuestas se pueden presentar a través del portal de Transparencia de la Generalitat y en la página web de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. También a partir de este jueves 10 de marzo, en la dirección de correo electrónico espectaculosvalencia@gva.es hasta el próximo 24 de marzo.
La consellera ha recordado que, según un estudio encargado por la Conselleria de Justicia en el marco del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución, se estima que en la Comunidad Valenciana hay entre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas, 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución.
De acuerdo con este mismo estudio, las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia, entre otros factores de inseguridad. Esta situación de explotación se sustenta en la alta demanda de sexo pagado, dado que solo en la Comunidad Valenciana el número de varones que ha pagado por sexo en el último año se estima en alrededor de 115.000.
"Al margen de algunas ordenanzas municipales abolicionistas como la de Albal, no hay en la actualidad ninguna norma que sancione la tercería locativa ni la demanda de sexo pagado y, con esta reforma, vamos a poner remedio a esta situación", ha concluido Gabriela Bravo.
No obstante, la abolición de la prostitución que persigue la socialista Gabriela Bravo no cuenta con unanimidad entre la izquierda valenciana. Se trata de un asunto que genera división en las filas del PSPV, Compromís y Unides Podem. Las sensibilidades son tan diversas que, hoy por hoy, se hace prácticamente imposible vislumbrar un acuerdo en torno a una hoja de ruta común que sirva de faro en la futura toma de decisiones. Esa fractura, de igual modo, se hace patente en la bancada de la derecha. Tampoco existe un posicionamiento uniforme y solo hay un grupo, Ciudadanos, que se manifiesta abiertamente a favor de la regulación, siempre al margen de la trata.
