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El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra el Fondo de Cooperación del Consell

Los diputados populares en el Congreso acudieron al Alto Tribunal a instancias del líder del PPCV, Carlos Mazón, al considerar que la ley aprobada por el Consell atenta contra la autonomía de la Diputación de Alicante al obligarla a participar en ese programa a partir de 2023

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, en el Palau durante la reunión bilateral que mantuvieron en diciembre. INFORMACIÓN

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana. El recurso fue presentado por los diputados del PP en el Congreso por considerar que la ley, aprobada el pasado mes de octubre, atenta contra la autonomía de la Diputación de Alicante al obligarla participar en ese fondo a partes iguales con la Administración autonómica a partir de 2023. El recurso, presentado por el grupo popular en la Cámara Baja a instancias del presidente del PPCV y presidente de la institución provincial alicantina, Carlos Mazón, establece que la Ley 5/2021 de la Generalitat Valenciana que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad vulnera la autonomía financiera de las diputaciones.  

El recurso presentado por el PP esgrime que la Generalitat exige a las diputaciones participar en el fondo con los mismos criterios que el fondo estatal, una de las claves en las que se basa el recurso para iniciar esta batalla judicial contra una ley que los populares tildan de injusta con los municipios más pequeños, además de que la ley valenciana, argumentan, no tiene que ver con la estatal. El texto presentado ante el Constitucional establece que en ninguna de las comunidades autónomas de España se ha obligado a las diputaciones a entrar en el Fondo de Cooperación. Además, recuerda que la ley autonómica establece un criterio poblacional para el reparto de fondos, con lo que las ciudades se beneficiarían más de este fondo, contraviniendo así el objeto de las diputaciones que es ayudar a los municipios más pequeños.

El Partido Popular recalca que las comunidades autónomas pueden coordinar, como así recoge la ley autonómica, pero en ningún caso podrán inmiscuirse en las competencias de las diputaciones ni afectar a su gestión distributiva rompiendo sus previsiones de gestión presupuestaria. "El artículo 137 de la Constitución Española reconoce la autonomía de las diputaciones provinciales para la gestión de sus respectivos intereses", recuerda el texto presentado ante el Constitucional que el Tribunal ha admitido a trámite. El recurso, además, subraya la estrategia del Consell "de vaciar" de competencias a las diputaciones. El propio presidente de la Diputación de Alicante compareció ante las Cortes y la Diputación alicantina llegó a retirar las alegaciones del pleno intentando llegar a un acuerdo, pero la negativa del Consell y su imposición siempre ha sido una constante, denuncian fuentes del PPCV.

El Tribunal Constitucional, en su auto, señala que dará traslado de la admisión del recurso de inconstitucionalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno, a través de la ministra de Justicia, a las Cortes Valencianas y al Consell para que en un plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones.

Una batalla política entre Puig y Mazón

El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en uno de los caballos de batalla política entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante, entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda autonómica, con el socialista Ximo Puig al frente, y la derecha, encabezada por Carlos Mazón. El conflicto llevó a la Diputación a crear su propio fondo, el Plan +Cerca, en 2020, y que este año ha cumplido su tercera edición. Este programa, dotado con 31 millones de euros en 2022, dobla en cantidad al que propone la Generalitat (la Diputación tendría que aportar a este plan 14,7 millones de euros) y desde la institución provincial también se ha venido defendiendo que es mucho más beneficioso para los pequeños municipios, criticando lo que desde el PP han considerado una falta de diálogo y de coordinación por parte del Consell. A su parecer, esta situación "vulnera las leyes que otorgan máxima autonomía a las diputaciones y a la provincia de Alicante", manifestaba Mazón tras la presentación del recurso de inconstitucionalidad por parte de los diputados nacionales del PP. "Siguen pensando que desde la imposición se trabaja mejor en la Comunidad Valenciana y nosotros seguimos diciendo que la suma de las distintas realidades en esta comunidad nos hace más fuertes. Su falta de diálogo y la imposición continuada nos han llevado hasta el Constitucional", señalaba entonces el líder del PPCV. 

La Generalitat Valenciana, por su parte, dio luz verde al Fondo de Cooperación Municipal para 2022 el pasado mes de febrero, que se traducirá en una inyección de 40 millones de euros procedentes de recursos autonómicos y que llegará a todas las localidades de la Comunidad Valenciana. Como principal novedad, en esta edición, las demarcaciones con menor número de habitantes verán triplicado el importe mínimo a percibir aplicando criterios de despoblación. 

La institución provincial ha boicoteado por sexto año consecutivo el plan inversor promovido por el Consell alegando que el Plan + Cerca refuerza las ayudas a los municipios de menor población, que reciben más de lo que les ingresa la Generalitat. De hecho, desde la Diputación aseguran que para este ejercicio 133 de los 141 municipios de la provincia recibirán más dinero con su modelo de reparto. Por contra, desde el Botànic se ha acusado a Mazón de no aplicar criterios objetivos en el reparto de ayudas.

Aceptada la apelación de Vox a una parte del articulado

El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite y aceptado el recurso que presentaron los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados contra una parte del articulado de la ley de la Generalitat Valenciana que regula el Fondo de Cooperación del Consell.

Los diputados presentaron la apelación el pasado mes de febrero y en la misma denunciaban que el programa autonómico de ayudas ponía en riesgo el sistema estable de financiación local y la gestión pública de calidad en el ejercicio de las diferentes competencias municipales.

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