Los partidos del Botànic, el tripartito valenciano de izquierdas que sustenta el gobierno de la Generalitat, ya han comenzado a pulir la redacción de la futura ley de tasa turística valenciana, una de las más polémicas de los últimos años, no solo en el seno del tripartito sino por el rechazo tajante de la patronal del sector a aplicarla en la Comunidad Valenciana.
Según han confirmado fuentes parlamentarias, representantes de PSPV, Compromís y Unides Podem han mantenido ya reuniones para redactar el borrador de la ley, que se presentará en las Cortes en unas dos semanas.
El acuerdo que los tres partidos firmaron en diciembre señalaba al final de marzo como plazo máximo para registrar la proposición de ley. Aunque es probable que pueda presentarse en el registro durante la primera semana de abril, señalan desde el Botànic.
Las tres formaciones se han dado un plazo para posibles enmiendas al texto, pero la propuesta está muy avanzada porque nace de la enmienda que Compromís y Unides Podem presentaron a los presupuestos de 2022 y que los dos socios retiraron finalmente ante el rechazo del PSPV. Poco después se conoció el acuerdo al que llegaron los tres partidos, en diciembre, para dar luz verde a la elaboración de la ley.
Ya se han celebrado varias reuniones entre los grupos parlamentarios en las que se han intercambiado propuestas de modificación que se están valorando por las partes para su inclusión.
Pero en este momento se trabaja sobre un texto que, salvo sorpresa, acabará por convertirse en la primera ley valenciana de creación de un impuesto a las pernoctaciones turísticas y que incorporará las dos premisas fundamentales que defienden los socialistas: el carácter municipal de la tasa y voluntario para los ayuntamientos que lo decidan.
Reuniones con implicados
En las últimas semanas los partidos del Botànic se han reunido con colectivos que representan al sector y con sindicatos y han recogido aportaciones. También con la patronal hotelera, que está en contra y que no ha querido ni entrar a valorar el texto que se les ha presentado, y también, según ha sabido este diario, con representantes de la secretaría autonómica de Turismo que dirige Francesc Colomer, que rechaza la creación de la tasa, aunque el partido en las Cortes la acepta con las condiciones ya conocidas.
Desde el PSPV se traslada que los tres partidos están trabajando en reuniones con todos los sectores afectados con prudencia y rigurosidad, señalan.
La introducción de este impuesto ha sido uno de los principales caballos de batalla de la coalición de izquierdas en los últimos años. Pero se adoptó un acuerdo que recogía impulsar, en enero y febrero de 2022, como ha ocurrido, un proceso de diálogo con el conjunto del sector turístico (empresariado y trabajadores), así como ayuntamientos, asociaciones de vecinos, personas expertas y representantes de las administraciones que ya cuenten con instrumentos de este tipo.
La tasa no se va a aplicar este año porque la proposición de ley tiene un recorrido en las Cortes que ocupará prácticamente todo 2022. Y 2023 no parece el mejor momento para activarla, ya que hay elecciones autonómicas, por lo que puede demorarse aún más.
