Tres meses después de que los partidos que sustentan al Ejecutivo del Botànic, el PSPV, Compromís y Unides Podem, rubricaran un pacto para implantar la tasa turística en la Comunidad Valenciana, el texto que dará forma a la proposición de ley se encuentra ya muy avanzado. El tripartito ha dado por zanjada la ronda de negociaciones previa a la redacción del borrador de la futura normativa. Lo ha hecho sin conseguir llegar a un acuerdo de mínimos con la patronal, que a través de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se ha opuesto a abrir cualquier cauce de diálogo sobre la conveniencia o no de activar el impuesto a las pernoctaciones hoteleras. Defienden que, precisamente ahora, en un contexto de incertidumbre por la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, no es el momento de abordar esta cuestión. Con todo, la coalición de izquierdas seguirá adelante con una propuesta que, según subrayan, sí cuenta con el apoyo de organizaciones sindicales y confederaciones de asociaciones de vecinos. De esa forma, está previsto que a lo sumo la primera semana de abril registren la propuesta en las Cortes valencianas. A partir de ese momento comenzará el recorrido parlamentario que esperan que concluya antes de que acabe el año, de manera que los ayuntamientos que así lo deseen puedan activar este gravamen a partir de 2023.
La proposición de ley que regulará la tasa turística en la Comunidad Valenciana, que nace con carácter municipal e implantación voluntaria, otorga a los ayuntamientos un amplio margen para decidir en qué se invierte el dinero recaudado, según subrayan fuentes parlamentarias. Así, los consistorios podrán destinar los fondos que se cobren a los turistas en tres cuestiones: paliar las externalidades sobre el medio ambiente que genera el impacto del turismo, como por ejemplo intensificar la limpieza de playas, conservación del entorno o mantenimiento del patrimonio local; impulsar políticas de vivienda pública para paliar el efecto del incremento de costes de los alquileres; y la mejora de infraestructuras turísticas, que comprende desde la modernización de instalaciones hasta la reforma de viales públicos, entre otras muchas posibilidades.
La introducción de este impuesto ha sido uno de los principales motivos de confrontación entre los grupos parlamentarios de la izquierda valenciana, que llegaron a un acuerdo el pasado diciembre en el marco de la tramitación de los presupuestos de la Generalitat. Los socialistas eran los más reticentes a abrir este melón mientras que los morados, que fueron los precursores de esta iniciativa la pasada legislatura, y los valencianistas, que se sumaron después, presionaron para iniciar el debate. Finalmente, el texto que se presentará en el Parlamento valenciano, que está siendo perfilado estos días en cuestiones técnicas, está basado en la propuesta conjunta que firmaron Compromís y Unides Podem, que recogía tasas de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento, y múltiples exenciones. El PSPV, que nunca se ha mostrado partidario de impulsar este impuesto a las pernoctaciones, solo cedió cuando sus socios aceptaron regular una tasa de implantación municipal y voluntaria, frente a la pretensión inicial de que naciera con carácter autonómico. No obstante, entre sus filas existen detractores como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien también ha participado en la ronda de reuniones impulsada por los parlamentarios del Botànic expresando su rechazo a esta propuesta, al igual que los grupos de la oposición en bloque y la patronal hotelera Hosbec.
El diputado Ferran Martínez, de Unides Podem, subraya que se ha mantenido una postura flexible con respecto a una cuestión que generaba muchas dudas, como es el plazo para la entrada en vigor de la normativa. En ese sentido, destaca que se le preguntó a la patronal qué indicadores económicos o de otro tipo tenían que mejorar para poder iniciar el debate, pero la respuesta de la CEV fue que no abordaría esta cuestión mientras la recuperación no se consolide durante un año con datos prepandemia. Con todo, el parlamentario asegura que en este momento la previsión para la entrada en vigor es 2023, si bien matiza que no están cerrados en torno a ese asunto y que si finalmente se considera que hay que aplazarla por circunstancias extraordinarias, se hará. Y en la misma línea se expresa la síndica de Compromís, Papi Robles, que explica que durante la tramitación en las Cortes se abre un periodo en el que se invita a comparecer a todos los sectores implicados y, además, se pueden presentar posteriormente enmiendas. Por tanto, reivindica que la hoja de ruta es firme pero que mantienen su predisposición a mantener el diálogo.
El fondo de sostenibilidad turística autonómico se demora
La tramitación de la Proposición de ley creadora del Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas regulará solo el gravamen a nivel municipal y, por tanto, no se contempla la recaudación impositiva a nivel autonómico. La idea inicial era que una parte de este impuesto lo decidan los ayuntamientos y otra parte la administración autonómica. Sin embargo, se ha decidido que en un primer momento se bonificará al 100% el tramo que correspondería cobrar a la Generalitat. Ese hecho implica que, por el momento, no se habilitará el fondo de sostenibilidad turística, como existe en Baleares, para reinvertir en cuestiones que tengan impacto a nivel autonómico.
