«Las administraciones se muestran incapaces de satisfacer derechos vitales de la ciudadanía en un plazo razonable debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos». Esa es la contundente valoración realizada por el Síndic de Greuges en su informe anual, referido al ejercicio 2021, que fue presentado este martes en las Cortes. El defensor del pueblo valenciano pone el foco en dos cuestiones fundamentales que adquieren especial relevancia en tiempos de pandemia y crisis económica: el sistema de gestión de las grandes ayudas sociales, como la renta valenciana de inclusión y la dependencia, que «no está funcionando» porque la ciudadanía denuncia «retrasos de años» en prestaciones que deberían ser inmediatas, por lo que se requieren cambios urgentes; y en el «colapso injustificado» en Atención Primaria y la «sensación de abandono» sufrida por la población en los casos de necesidad inmediata de contactar con los centros de salud.
La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, liderada por Mónica Oltra, y la de Sanidad Universal y Salud Pública, con Ana Barceló al frente, son, precisamente, las que encabezaron el ranking de quejas ciudadanas durante el segundo año marcado por los condicionantes del covid. La memoria presentada este martes por la institución que preside Ángel Luna refleja que el área que dirige la vicepresidenta del Consell es, un año más, es la que sale peor parada. De hecho, una de cada cuatro quejas registradas en la Sindicatura estuvieron dirigidas al departamento de Oltra. En concreto, 1.066 de un total de 4.125 quejas, de las que 2.862 motivaron la apertura de procedimientos. En términos cuantitativos le sigue la conselleria de Barceló, con 225 reclamaciones. Además, se han abierto una veintena de procedimientos de oficio y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas, el número más elevado de los últimos tres años.
En términos globales, el 45% del total de los procedimientos abiertos a instancias de la ciudadanía fueron impulsados por personas residentes en Alicante, donde mantiene su sede la Sindicatura. La provincia tiene una tasa más elevada de quejas que las otras dos, al alcanzar las 99 por cada 100.000 habitantes, frente a las 56 de Castellón y las 70 de Valencia.
Luna defendió que en multitud de quejas las administraciones han aludido a la falta de medios como motivo del retraso en la resolución de los correspondientes procedimientos administrativos de reconocimiento de derechos o prestaciones. Entiende que la falta de financiación autonómica perjudica de forma significativa la capacidad de actuación de las administraciones, pero no descarta «que el problema no sea tanto la falta generalizada de personal, como el sistema estático y poco eficaz de gestión de los recursos».
Dijo además que no se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión. «Abordar ya estas carencias es muy urgente», remarca la Sindicatura, que apunta a que «todo esto es burocracia, es retraso», señaló Luna.
Además de poner el acento en cuestiones sanitarias y vinculadas a servicios sociales, el informe anual de la institución alerta de que se produce una «vulneración de los derechos elementales» de los demandantes de vivienda pública, y considera alarmante el crecimiento de las quejas sobre transparencia, pues cada vez más concejales de la oposición recurren para que su Ayuntamiento les dé la información a la que tienen derecho. Estas son algunas de sus principales consideraciones:
Ayudas sociales
«No es normal que a esta alturas sigamos teniendo los atascos que tenemos» en la resolución de ayudas , señaló el Síndic de Greuges en las Cortes. Enfatizó que no es un tema nuevo, pues se viene denunciando desde hace años. Reconoció el «considerable esfuerzo» que ha realizado la Generalitat para incrementar, año tras año, las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas materias, pero recalcó que «resulta inexcusable modificar los procedimientos de gestión de estas ayudas», como ha venido recomendado de forma infructuosa hasta el momento. En lo relativo al procedimiento para la tramitación de las ayudas a la dependencia, Luna destacó la burocracia existente tras la cesión a los Ayuntamientos de la gestión de parte de estas subvenciones, pero sin dotar de ningún poder de decisión a las administraciones locales, lo que obliga a un «vaivén» de papeleo entre consistorios y Conselleria, que incurren en «graves demoras» en dar respuesta a las peticiones de ayudas. Señaló que no se está ofreciendo ningún tipo de solución y lamentó que no se haya hecho ninguna reflexión de calado ni se ha replanteado en cinco años «si el modelo diseñado es el más eficaz para satisfacer los derechos» de los ciudadanos, que han interpuesto nada menos que 435 quejas relacionadas con la dependencia. Y algo parecido ocurre con la renta valenciana de inclusión, con respecto a la que criticó el criterio de la conselleria de denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los meses de infructuosa espera sin percibir la renta. «Esta actitud de la Conselleria está desincentivando de forma notoria la búsqueda de empleo», advirtió. Fueron un total de 286 quejas iniciadas principalmente, por las demoras en resolver estas solicitudes.
Demora en los títulos de familia numerosa y monoparental
La tramitación de estos títulos concentró 116 quejas sobre un problema que «ocasiona perjuicios socioeconómicos a la unidad familiar». El Síndic destaca que el tiempo en resolver las solicitudes se ha reducido, pero no alcanza los estándares requeridos: en el caso de las familias numerosas, se dan demoras de entre cinco o seis meses en algunos expedientes para certificar el título, cuando el máximo previsto para resolverlo es de tres meses. El plazo para resolver los títulos de familias monoparentales es de seis meses, uno de los motivos por los que este tipo de familias presentan muchas menos quejas. El Síndic ha insistido reiteradamente en igualar los plazos máximos entre ambos tipos de familias, sin éxito hasta el momento.
Sanidad
La sexta ola del covid-19, iniciada en los meses finales del año 2021, hizo patente la persistencia de desajustes e insatisfacciones que, si bien podían haber tenido explicación durante la primera fase de la pandemia, carecían de justificación tras casi dos años desde su inicio. El colapso del funcionamiento de los centros de atención primaria, los más próximos, ha sido constatable, según el Síndic. A su juicio, desde la conselleria que dirige Barceló «no ha habido una respuesta a la altura de la angustia que provoca la falta de contacto y la sensación de abandono por parte de servicios elementales. Sensación de abandono que se multiplica en el caso de personas mayores, sin acceso a las nuevas tecnologías». Y no solo eso, sino que llega a afirmar que «la garantía del derecho a la salud, elemento esencial de cualquier Estado de Bienestar que se precie, no pasa por su mejor momento».
La Sindicatura recuerda que en el 2020 abrió un procedimiento de oficio a raíz del colapso en la Atención Primaria. Entonces, la conselleria se comprometió a priorizar la atención presencial para la población más frágil, al refuerzo de los medios telefónicos y telemáticos o a mejorar las condiciones de trabajo del personal sanitario, pero según el Síndic, muchos de los problemas han continuado repitiéndose.
Dice igualmente que la dotación de recursos, equipamiento y personal para la atención a la salud mental infanto-juvenil es insuficiente y urge mejorar los sistemas de coordinación entre las consellerias y diseñar un plan integral de salud mental para este colectivo.
Vivienda
Para el Síndic de Greuges, los demandantes de vivienda pública que han acudido a esta institución han seguido soportando una elevada vulneración de sus derechos más elementales a la hora de que la Administración despache sus peticiones. La institución ha abierto por primera ve una queja de oficio contra un reglamento del Consell, el de registro de demandantes de vivienda, que reproduce «errores» de años anteriores. A juicio de Luna, obligar a la tramitación telemática de las solicitudes, tener que inscribirse en un registro que caduca a los dos años o tener que estar pendientes de las ayudas al alquiler que se van publicando «supone no entender a qué tipo de sector social se dirigen» estas ayudas y «no es la manera de aplicar el derecho a una vivienda», dice en referencia al área gestionada por el vicepresidente segundo, Héctor Illueca.
Transparencia
El informe de la Sindicatura revela que, entre las peticiones de información efectuadas que no han sido atendidas, lidera la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática (Hector Illueca), con 11 casos. En administración local, son los ayuntamientos de Santa Pola y Alicante, gobernados por Loreto Serrano y Luis Barcala, con 7 y 6 casos, respectivamente.
Atendiendo a las quejas que se han cerrado sin haber recibido una respuesta a la resolución de consideraciones, encabeza la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra (25 veces), y el área de Vivienda y Arquitectura Bioclimática (25 veces). A nivel municipal, son los Ayuntamientos de Alicante y Villena (dirigido por Fulgencio Cerdán), con seis episodios de este tipo, respectivamente.
Igualdad acepta las recomendaciones sobre los centros de menores
La Conselleria de Igualdad ha aceptado «en principio» todas las recomendaciones que el Síndic ha formulado sobre los siete centros de menores con problemas de conducta de la Comunidad, y la institución hará ahora un seguimiento para que se cumplan en un plazo «razonable». Se trata de la queja que la institución abrió el año pasado sobre esos centros y sobre la que denunció que había habido una «interferencia» desde la Conselleria ante su petición de información a los directores de esos centros. Luna señaló que se reunió con la directora general que es la responsable de esos centros y dijo que había sido ella la que había decidido agrupar las respuestas de todos los directores, con la intención de ayudar, no de interferir. La resolució incluía recomendaciones sobre actualizar el protocolo que rige esos centros, que es «muy antiguo»; que se contara con el consentimiento de los menores, y que se garantizara que los ingresos no se producían por vía de urgencia y luego se pedía autorización judicial. También querían que todos estuvieran bajo el control de unidades de salud mental, y que en esos centros no hubiera menores con problemas graves de salud mental diagnosticados. «Todas esas recomendaciones, de una forma u otra, han sido aceptadas por la Conselleria», dijo Luna, quien precisó que el jueves pasado recibieron la respuesta del departamento de Oltra y la están evaluando.
La Conselleria de Mónica Oltra destaca que las quejas se han reducido un 18% en un año
Las quejas a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el informe del Síndic de Greuges correspondiente al ejercicio de 2021 se han reducido un 18,1% respecto a las quejas planteadas a lo largo del 2020. Así, han pasado de 1.302 a 1.066 quejas en un solo ejercicio, según han destacado hoy fuentes de este departamento.
El documento hecho público por la Sindicatura de Greuges con el informe anual de su actuación refleja, además, que las áreas de la atención a la dependencia y la Renta Valenciana de Inclusión también han registrado un descenso en el número de personas que han acudido a la institución para solicitar amparo.
En concreto, las quejas relativas a la tramitación de la prestación por dependencia han descendido un 28%, al pasar de 606 a 435 en un año. "Esta situación refleja la buena gestión de la Conselleria en esta materia". De hecho, la Comunidad Valenciana cuenta con 122.243 personas atendidas a través de algún tipo de servicio o prestación económica, frente a los 41.662 beneficiarios en 2015. Es decir, más de 80.581 personas se han incorporado al sistema durante el Gobierno del Botànic", señalan las mismas fuentes.
Por lo que se refiere a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), desde la conselleria destacan que también descendieron el pasado año, ya que en 2020 se interpusieron 387 quejas frente a las 269 de 2021. Supone un 30,4% menos en un solo ejercicio. "Estos datos ofrecidos por el Síndic de Greuges indican también el esfuerzo de la Conselleria por ampliar derechos y prestaciones a la población más vulnerable", consideran. La Comunidad Valenciana cuenta con 75.885 personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión actualmente, "lo que contrasta con los 23.645 que en 2015 había con la prestación conocida como renta Garantizada de Ciudadanía".
Otra de las cuestiones que también plantean las quejas presentadas por la ciudadanía tiene que ver con la tramitación de los títulos de las familias numerosas, que también han descendido respecto al año 2020. Este descenso refleja también la agilización en la tramitación de las solicitudes durante 2021, con un total de 31.216 resoluciones dentro de plazo establecido por la legislación, salvo casos puntuales.
Por lo que se refiere al modelo de gestión de los servicios sociales, "la apuesta de la Conselleria por el municipalismo se concreta en la financiación de 27.385 puestos de trabajo directos, en los que se incluye tanto personal funcionario de la Conselleria como personal para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos".
De esta manera, se ha producido un descenso en el número de quejas tramitadas por la Sindicatura de Greuges, al tiempo que se han incrementado los recursos y las personas beneficiarias de las prestaciones en la Comunidad Valenciana y se han reforzado los equipos de atención en los servicios sociales.
"Desde la conselleria se trabaja día a día para seguir mejorando la atención y el sistema para que los servicios sociales sean la verdadera cuarta pata del estado del bienestar".
