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El Botànic pospone la entrada en vigor de la tasa turística hasta después de las elecciones

El tripartito acuerda aplicar una moratoria de un año en la aplicación del impuesto, de carácter municipal y voluntario, de forma que no se activaría hasta 2024

Manolo Mata, Pilar Lima y Àgueda Micó, portavoces de los partidos del Botànic, en una reunión de la comisión de seguimiento del pacto. F. CALABUIG

Los partidos que sustentan al Ejecutivo del Botànic, el PSPV, Compromís y Unides Podem, han cerrado el acuerdo sobre la proposición de ley que regulará la tasa turística en la Comunidad Valenciana. El proyecto se registrará previsiblemente la próxima semana en las Cortes e incluye como principal novedad la aplicación de una moratoria de un año para su entrada en vigor. Está previsto que el recorrido parlamentario sobre el impuesto a las pernoctaciones hoteleras se extienda hasta el último trimestre del actual ejercicio, de forma que la activación efectiva de este gravamen, que nace con carácter municipal e implantación voluntaria, se pospondría en cualquier caso hasta prácticamente 2024, es decir, hasta después de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

El pacto a tres bandas para establecer un marco normativo común que permita a los ayuntamientos cobrar a los turistas que se alojen en sus municipios se encuentra ya completamente definido. El tripartito ha celebrado hoy una nueva reunión para cerrar determinados flecos y, según precisan fuentes parlamentarias, solo resta por concretar algunos aspectos de la exposición de motivos que se incluirá en el texto definitivo. Así, serán los alcaldes quienes decidirán si se impone o no el gravamen en sus términos municipales, si bien no tendrán que tomar esa decisión hasta después de los comicios del 2023.

Formalmente, la moratoria de un año se ha acordado para que la conselleria de Hacienda tenga plazo para poder diseñar el marco regulatorio que permita a los ayuntamientos que así lo deseen activar el impuesto. No obstante, el complejo escenario derivado de las consecuencias generadas por la guerra en Ucrania, y teniendo en cuenta que todavía no se han superado los efectos de la crisis del covid, son condicionantes que también han tenido que ver en esta especie de prórroga. Si bien, en determinados círculos parlamentarios se admite que, efectivamente, a nadie se le escapa que la cita con las urnas está ya a la vuelta de la esquina y ese es un factor clave para retrasar su aplicación. Las tasas serán de entre 0,5 y 2 euros por noche en función del tipo de alojamiento y habrá múltiples exenciones, como por ejemplo colectivos del Imserso o personas con diversidad funcional

Los portavoces parlamentarios Pilar Lima, Manolo Mata y el hasta entonces síndic Fran Ferri, en las Cortes, tras rubricar el acuerdo em diciembre. Información

A priori, el grupo socialista ha sido el más reticente a la aprobación de este impuesto, que ha sido uno de los principales focos de confrontación entre la izquierda valenciana. Finalmente, el tripartito llegó a un acuerdo el pasado diciembre en el marco de la tramitación de los presupuestos de la Generalitat, cuando se dio de plazo hasta final de marzo para presentar la iniciativa. Uno de los cambios sustanciales con respecto a la pretensión inicial ha sido que la tasa no nace con carácter autonómico, es decir que es municipal y los ayuntamientos tienen la facultad de decidir si la aplican o no. Esa fue sido una de las líneas rojas que puso el PSPV a los valencianistas y los morados, que, finalmente, la aceptaron. Aún así, esto no ha evitado que todo el bloque de la oposición, así como la patronal CEV y Hosbec, hayan manifestado su rotundo posicionamiento en contra de esta iniciativa. Eso es algo que, indudablemente, ha causado cierto desgaste a los socialistas. De hecho, entre sus filas existen detractores como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. Con todo, la coalición de izquierdas seguirá adelante con una propuesta que, según subrayan, sí cuenta con el apoyo de organizaciones sindicales y confederaciones de asociaciones de vecinos. 

El texto acordado por el Botànic incluye asimismo la creación de una comisión de seguimiento que pueda hacer recomendaciones y evaluar la implantación del impuesto. Así, los ayuntamientos interesados en obligar a pasar por caja a los turistas podrán acudir para recibir asesoramiento. También se ha decidido que en un plazo de dos años desde la aplicación de este gravamen, se elaborará un informe para evaluar si el cobro de este gravamen ha frenado o no la actividad turística, tal y como advierten desde ciertos sectores empresariales.

Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que los ayuntamientos tengan la capacidad de decidir en qué momentos del año aplican este tributo, como por ejemplo, activarlo solo en temporada alta, finalmente se ha desechado esta opción debido a que si la regulación es autonómica, los ayuntamientos no pueden modificar estos tributos para decidir cuándo se aplican.

La proposición de ley otorga a los ayuntamientos un amplio margen para decidir en qué se invierte el dinero recaudado. Así, los consistorios podrán destinar los fondos que se cobren a los turistas en tres cuestiones: paliar las externalidades sobre el medio ambiente que genera el impacto del turismo, como por ejemplo intensificar la limpieza de playas, conservación del entorno o mantenimiento del patrimonio local; impulsar políticas de vivienda pública para paliar el efecto del incremento de costes de los alquileres; y la mejora de infraestructuras turísticas, que comprende desde la modernización de instalaciones hasta la reforma de viales públicos, entre otras muchas posibilidades.

El proyecto legislativo regulará solo el gravamen a nivel municipal y, por tanto, no se contempla la recaudación a nivel autonómico. La idea inicial era que una parte de este impuesto lo decidan los ayuntamientos y otra parte la administración autonómica. Sin embargo, se ha decidido que en un primer momento se bonificará al 100% el tramo que correspondería cobrar a la Generalitat. Ese hecho implica que, por el momento, no se habilitará el fondo de sostenibilidad turística, como existe en Baleares, para reinvertir en cuestiones que tengan impacto a nivel autonómico.

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