El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto ley "ómnibus" que modifica un amplio abanico de normativas amparadas en hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania, y que incluye medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica y eólica y una ampliación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para que las familias puedan hacer frente a la subida de los suministros. Una ley ómnibus es aquella que regula materias que, por su contenido, deberían estar en leyes separadas, es decir, donde se mezclan varias propuestas de legislación en una sola norma. Así, el nuevo decreto ley, de 62 páginas, incluye también cambios en leyes o normativas tan diversas como la de función pública, la que regula la publicidad institucional, la de hacienda, patrimonio cultural, memoria democrática o el Plan Edificant. Todo, con el objetivo de aligerar los trámites de la administración autonómica en varios ámbitos.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, apenas ha entrado a valorar las numerosas normativas en las que se hacen cambios en este nuevo decreto ley de emergencia energética, y se ha centrado, en la rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo valenciano, en los dos principales acuerdos que introduce este decreto ley, como son el impulso a las plantas fotovoltaicas y eólicas y el incremento de la Renta Valenciana de Inclusión. Fuentes del Consell califican de "menores" el resto de normativas que se han cambiado aprovechando la crisis energética. No obstante, la aprobación de este este decreto ley es muy atípica. La negociación se alargó este jueves más tarde del "consellet", la reunión de subsecretarios que da luz verde a los acuerdos que pasarán el día siguiente por el pleno del Consell, ya que se trata de cambios en normas y leyes que afectan a prácticamente todos los departamentos de la Generalitat. Oltra ha defendido que el decreto ley incluye medidas dirigidas a impulsar las energías renovables y a conseguir la soberanía energética, así como para ayudar económicamente a las familias y personas más vulnerables y dar soporte a los sectores industriales y empresas más afectadas por el actual contexto mundial. Esta nueva disposición legal ha sido impulsada de manera transversal desde distintas áreas del Gobierno valenciano, al incluir diversas iniciativas de carácter administrativo, económico y social.
El decreto ley busca, en primer lugar, desentaponar la aprobación de plantas fotovoltaicas y eólicas, con una mayor participación de los ayuntamientos en las plantas más pequeñas. Los consistorios podrán realizar informes para las plantas que generen menos de cinco megavatios. Este decreto simplificará los trámites administrativos y eliminará las trabas burocráticas para desarrollar instalaciones de energías renovables y se prevé que la nueva normativa pueda reducir el tiempo de tramitación en un año, lo que supondrá un avance para contar con una mayor capacidad energética renovable en la Comunidad Valenciana, de acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030 de la Unión Europea.
En el ámbito de las energías renovables, se establece, además, una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3 % de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, estableciendo criterios de ponderación con el objetivo de incentivar que dichas instalaciones se ubiquen en suelos de menor valor agrológico. Igualmente, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas incrementando la participación de los ayuntamientos, encargados de realizar los informes pertinentes. Además, se favorece la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública. Por otro lado, se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 MW, que ahora tendrán una tramitación de urgencia, y se incorporan también cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad. También se busca favorecer la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios y se incorpora la posibilidad de la declaración energética y estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés o bien económico, o energético o ambiental.
El decreto incluye otras medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis provocada por la guerra, como el cerámico. Se agilizan así los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunidad y durante un periodo máximo de dos años.
Más ayudas para sufragar gastos
Por otro lado, se modifica la ley de la Renta Valenciana de Inclusión de manera que se establece un incremento de hasta el 30% (antes era del 25%) de la prestación económica reconocida para sufragar los gastos de alquiler o de hipoteca de la vivienda habitual de los destinatarios. También garantiza el acceso a los suministros energéticos básicos siempre que no se reciba ninguna otra cuantía por el mismo concepto de otras administraciones. Para las personas beneficiarias de la renta sin ningún gasto relacionado con la vivienda, el incremento será de hasta el 15% (antes del 10%) para garantizar sus derechos energéticos, y un importe mínimo de 50 euros en aquellas unidades de convivencia que tengan ingresos y no superen el importe máximo establecido en cada modalidad.
Respecto a las rentas complementarias de ingresos, el incremento por estos conceptos se determinará reglamentariamente, con la voluntad de hacerlo compatible con otras ayudas que puedan recibir de otras administraciones y llegar a un aumento de la cuantía total recibida de un 30%, según recoge el decreto. "El objetivo es garantizar los derechos energéticos de las familias y las personas afectadas", ha explicado la vicepresidenta del Consell.
Pero lo que ha llamado la atención es el cambio en otras normas o leyes que, a priori, poco tienen que ver con la crisis energética, al menos en apariencia. Es el caso de la publicidad institucional, que en este caso se modifica la contratación vinculada a los fondos europeos, que podrá realizarse directamente con un informe previo que recoja los impactos previstos. También se cambian aspectos de la ley de función pública o del patrimonio cultural. Mónica Oltra, al ser cuestionada sobre cómo vincular estos cambios normativos a la guerra de Ucrania, lo ha ligado a la agilización administrativa necesaria ahora por la crisis generada por el conflicto bélico. "En estos momentos, el proceso inflacionista que estamos viviendo aconseja la agilización de las contrataciones porque en un contexto así, tardar más es que sea más caro", ha justificado.
El decreto incluye, por ejemplo, modificaciones normativas que afectan al plan Edificant de construcción y adecuación de infraestructuras educativas y que están relacionadas con el incremento de precios de los materiales de obras. A tal efecto se establece que, en los casos en que la financiación concedida resulte insuficiente para satisfacer la revisión de precios excepcional, se aumente automáticamente con el importe necesario.
En cuanto a las acciones del Consell para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se determina que las subvenciones podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100 %, con carácter previo a la justificación con la finalidad, como todo lo demás, de agilizar el pago.
El PP rechaza el decreto: "Ni baja impuestos ni aumenta ayudas sociales al IPC"
El PPCV rechaza el decreto-ley de impulso a las energías renovables, aprobado este viernes por el pleno del Consell, porque "ni incluye bajada de impuestos ni aumenta las ayudas sociales al IPC (índice de precios al consumo)". A juicio de los populares sólo persigue seguir manteniendo "la comodidad del gobierno más caro y numeroso de la historia de la Comunitat". Así valora el portavoz popular de Economía en las Cortes, Rubén Ibáñez, el conjunto de medidas urgentes acordadas por las consellerias para responder al impacto de la crisis energética ocasionada por la guerra de Ucrania.
Para Ibáñez, la solución a la crisis energética es la bajada de impuestos y pide agilizar el restablecimiento del impacto del incremento del IPC a las ayudas sociales, a los dependientes, a los comedores escolares, a las ayudas a pymes y autónomos, así como a los funcionarios públicos. El diputado del PPCV acusa al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de no adoptar medidas para paliar el impacto de la subida del nivel de vida. "Se ha olvidado de la gente para seguir manteniendo el gobierno", ha manifestado. Esto demuestra, a su parecer, que el tripartito (PSPV-Compromís-UP) se ha mostrado "incompetente" en la adopción de medidas para paliar "el caos económico que vive la Comunitat". "Las políticas de Puig no es que sean un fracaso, es que son auténtico caos para la Comunitat Valenciana", denuncia. Y es que el diputado del PP advierte que en el voluminoso decreto-ley se "olvidan" iniciativas concretas para ayudar a la gente. "Son incapaces de articular medidas para aliviar la grave crisis que afecta especialmente a los más desfavorecidos", añade Rubén Ibáñez.
Por tanto, después de este decreto queda patente, en su opinión, que al Consell "le da igual los valencianos y el caos económico que están pasando". "Al personal sanitario le ofrecieron aplausos primero para acusarles de robar después y ahora les dicen que van a ser un 9,8% más pobres que el año pasado, y así con todas las ayudas sociales", critica. "Lo único que se le ocurre para paliarlo es aprobar nuevos impuestos y aprobar este decreto-ley para seguir manteniendo el gobierno más caro de la historia", zanja.
