«No voy a dimitir, no tengo ninguna razón para dimitir». Así de contundente se mostró la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras la petición del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se impute a la también consellera de Políticas Inclusivas por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra ha afirmado que no puede haber sentencia condenatoria por la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige por ese caso por el que fue condenado su exmarido porque «no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia». El TSJCV será el que decida si Oltra es imputada, dada su condición de aforada.
El juez que lleva la causa contra cargos de la Conselleria de Políticas Inclusivas por la supuesta omisión del deber de custodia y protección, y que ya ha tomado declaración a trece investigados, considera que no resulta ya posible progresar en la investigación sin que Mónica Oltra sea oída como investigada y cree que existen indicios «racionales, serios y fundados» de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro de acogida.
En este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Mónica Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Tras la condena, la menor, que acudió esposada al juicio contra el educador, denunció la situación en la que se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores.
Oltra niega haber encubierto a su entonces marido y enmarca la petición del juez en que está haciendo su trabajo, que es cerrar un periodo de investigación para saber qué ha pasado y en el que falta ella, y entra «dentro de la normalidad» del proceso. Un proceso que, señaló, partió de la querella de la extrema derecha, en referencia a que la menor acosada ha sido representada legalmente por un histórico dirigente de la formación ultra España 2000, y con Vox como acusación popular.
«No hay ilegalidad, el juez hace su trabajo y entra dentro de la normalidad»
Sin embargo, el juez instructor ve indicios de delito en su actuación y se hace varias preguntas tras señalar que «nos hallamos ante un expediente administrativo o una ‘información reservada’ indiciariamente ordenado por Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado». ¿Cómo podían ser esclarecidos los hechos si jamás nadie preguntó a la niña sobre los mismos?; ¿cómo pueden escudarse profesionales experimentados en psicología en el argumento de que no se aborda el tema con la menor en las entrevistas con la misma para no contaminar su relato?; ¿por qué la niña no fue derivada a un recurso especializado cuando este existía?; ¿por qué se trata desde un primer momento de restar credibilidad a la niña?; ¿por qué sin investigación alguna digna de merecer tal nombre se repone a un presunto abusador de una menor tutelada en un servicio al cuidado de menores?; ¿por qué se solicita la versión del educador sobre los hechos una vez reincorporado al trabajo?; ¿Si la niña no era creíble, por qué se cambió al educador de planta al reintegrarle al servicio? Esas son preguntas que se pretende hacerle a Oltra en su declaración en sede judicial.
Así, en su exposición razonada, concluye que no existió por parte de la conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de «ocultarlos» y que hubo errores de «envergadura» y censura la carencia de protocolos. Ahora será el TSJCV el que decida si se hace cargo de la causa e imputa a Oltra, o si la devuelve al juzgado.
Tras esta decisión, Oltra ha negado "rotundamente", y ha dicho que también "lo niegan los hechos", que encubriera a su exmarido, por lo que no tiene ninguna razón para dimitir. "La decencia no la marcan los tribunales y la línea ética no la marcan los tribunales. Aquí no se ha cometido ninguna ilegalidad, todas las personas que han desfilado por el juzgado en las últimas semanas han dejado bien claro que no ha habido órdenes ni instrucciones ni nada que no fuera dejarles trabajar en libertad y desde la profesionalidad", ha manifestado.
Oltra ha insistido en que no hay ni un solo indicio "de lo que no existe" y donde no hay delito y no hay indecencia, "no puede haber una consecuencia jurídica". De sentarse en el banquillo de los acusados, la vicepresidenta del Consell ha adelantado que explicará "lo mismo" que lleva explicando desde hace tiempo y está por escrito porque, ha dicho, "la verdad solo tiene un camino".
La vicepresidenta del gobierno valenciano ha rechazado dimitir, como ha solicitado el PP de la Comunidad Valenciana. "El PP está rabioso porque estuvimos trabajando mucho para que se viera todo el desastre en corrupción, malversación y desvío de dinero de los valencianos, mientras no había dinero para dependencia, discapacidad o las familias", ha declarado en referencia a la Fórmula 1 y la Copa del América. Y ha recordado que la última vez que fue imputada fue debido a la querella "de un señor del PP -Rafael Blasco- que acabó en la cárcel por robar los fondos de cooperación".
Finalmente, a preguntas de si dimitiría si la condenaran, ha admitido: "Todos hacemos lo que dice la justicia, ¿verdad?".
Reacciones
La petición de imputación a Oltra ha metido en un brete al gobierno del Botànic, a poco más de un año de las elecciones autonómicas. Un asunto que va a usar la oposición para desgastar al ejecutivo que dirige el socialista Ximo Puig. Puig señaló al respecto que confía en la justicia y ha enmarcado la petición del juez en «la normalidad judicial». El jefe del Consell asegura no estar «en absoluto» preocupado por la estabilidad del Botànic. «Yo siempre he dicho que la democracia es que cada poder actúe en consecuencia y con independencia», remarcó.
«Hay que ser respetuosos con la Justicia y no estoy preocupado por la estabilidad del Consell»
Además, Puig incidió en que «muchas veces» han llegado al TSJCV cuestiones «que no han ido más allá», por lo que pidió ser respetuosos con el quehacer de la justicia. Ha insistido en que cree en la justicia, en la democracia y en la separación de poderes, por lo que insiste en que "se ha procedido a un instrumento de carácter legal y será el TSJCV el que definirá finalmente cuál es la posición". Y ha asegurado que "siempre" estará "a lo que diga la justicia".
Sin embargo, los tres partidos de la oposición en las Cortes salieron en bloque para reclamar la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat. La síndica del PP y secretaria general del PPCV, María José Català, afirmó que a Oltra «no le queda otro camino que la dimisión», pues se trata del «escándalo político más grave de los últimos años». Catalá pide que tanto Oltra como el presidente de la Generalitat sean «coherentes» con lo que durante muchos años han pedido y considera que la consellera «por dignidad, coherencia y respeto» a la institución que representa, está inhabilitada para seguir al frente de las políticas sociales y de menores de la Comunidad Valenciana.
«A Oltra no le queda otro camino que dimitir, es un escándalo»
Por su parte, la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, calificó de «inadmisible» que Oltra «no haya pedido perdón» y «siga todavía aferrada al cargo» pese a «los indicios y sospechas» que existen sobre su «nefasta gestión y presunto encubrimiento» en este caso. Merino insta al jefe del ejecutivo valenciano a que, si Oltra no dimite en las próximas horas, sea él quien la destituya «inmediatamente».
«Puig debe destituirla de inmediato, no puede seguir aferrada al cargo»
Vox ha solicitado por escrito la comparecencia de Puig para que explique la situación ejecutivo. Para la síndica de la formación ultra, Ana Vega, a Oltra «la veremos sentada en el banquillo, que es su sitio, y no el sillón azul» del gobierno valenciano en la cámara autonómica.
Comparecencia en semanas o puede adelantarla
Las últimas querellas y denuncias contra aforados por la pandemia se han resuelto en siete meses
L. Ballester
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, podría ser citada a declarar en semanas. La fecha dependerá de la agilidad con la que la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) resuelva el trámite de declararse competente, pedir informe a la Fiscal Superior y abrir las diligencias de investigación, previas a la citación como investigada de la vicepresidenta del Consell.
Un trámite al que se podría adelantar Oltra y solicitar su declaración de forma voluntaria. Así lo hizo la senadora por Valènca y exalcaldesa de València, Rita Barberá, después de que el juzgado del caso Taula enviara la exposición razonada al Supremo (21 de abril de 2016), que se nombrara al juez instructor de su causa (13 de septiembre de 2016) y de que se tramitara el suplicatorio, paso previo a la imputación formal de un diputado o senador, aunque compareció en calidad de investigada.
La anterior querella contra Mónica Oltra presentada ante el TSJCV por la Asociación Gobiernate, representada por el abogado Pablo Delgado, por estos mismos hechos se resolvió en menos de un mes, desde que se presentó, informó la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana y se decidió el archivo, aunque en el auto de la sala de lo civil y lo penal del TSJCV se señalaba que «los elementos puestos de manifiesto justifican plenamente el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la conselleria», en referencia a Igualdad.
Por último, las cuatro querellas y tres denuncias presentadas contra Ximo Puig, Ana Barceló y otros responsables políticos por la gestión de la pandemia tardaron siete meses en analizar el fondo del asunto y, finalmente, archivar la causa.
