Las denuncias a Antifraude en la provincia: de los contratos irregulares a hoteles sin licencia

Las denuncias a la Agencia Antifraude se incrementaron de manera exponencial en 2021. El organismo dependiente de las Cortes Valencianas que se encarga de la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción recibió el pasado año un 58% más de denuncias que en 2020. Y, claro está, este aumento también vino acompasado de una mayor tipología de los hechos denunciados. De hecho, las denuncias relacionadas con irregularidades en recursos humanos en los ayuntamientos, principalmente procesos selectivos, han desbancado del ránking a las de contratación pública, sobre todo por ilegalidades urbanísticas. Así, el nepotismo en las oposiciones ocupa el 45% de los expedientes abiertos en 2021, y un cuarto de ellos afectan a la designación de puestos para las policías locales. No obstante, las 102 denuncias que se presentaron en la provincia a la Agencia Antifraude son variopintas. La agencia destaca 13 en su memoria de 2021 de diez ayuntamientos. Las administraciones locales son las que acaparan el mayor número de denuncias. Repasamos la motivación, el resultado y la fase de seguimiento que hace Antifraude de todas ellas.

El Ayuntamiento de Rojales tiene dos denuncias en 2021, que se arrastran del ejercicio anterior. En una de ellas, la relativa a las presuntas irregularidades en el contrato, negociado sin publicidad, de la organización de las fiestas de la Virgen del Rosario de 2019-2020 por el trato desigual entre los licitadores, el consistorio ha aceptado las recomendaciones propuestas. En este caso, la implementación de un plan anual de contratación para dar una cobertura contractual adecuada a todos los servicios, suministros, obras y otros contratos que se requieran por el ayuntamiento rojalero.

Una aceptación que en la otra denuncia presentada contra el consistorio no ha hecho, siendo uno de los tres ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que no han aceptado e incumplido las recomendaciones emitidas. Se trata de las irregularidades en el pago de servicios extraordinarios a funcionarios con dedicación exclusiva. Los hechos denunciados se concretan en el pago del factor de especial disponibilidad, aprobado para la Policía Local durante los meses de julio de 2017 a junio de 2018, a dos funcionarios a los que se les retribuyó, supuestamente, dos veces por el mismo concepto. El organismo requiere al Ayuntamiento la aprobación de una nueva relación de puestos de trabajo, en la que se fije un sistema objetivo que precise las retribuciones complementarias a través de un análisis previo y una valoración objetiva de los puestos, y establezca los niveles de complemento de destino y específico ajustados a esa evaluación. Sin embargo, el consistorio dirigido por el socialista Antonio Pérez ha incumplido las recomendaciones, según Antifraude.

Antifraude alerta del aumento de denuncias por nepotismo en los procesos de selección de los ayuntamientos

Dos denuncias tiene también el Ayuntamiento de Callosa de Segura. Una, relativa al proceso selectivo para el puesto de intendente de la Policía Local. Entre las irregularidades detectadas se encuentra que el tribunal de selección no garantizó el anonimato de los aspirantes en la prueba psicotécnica tipo test. El expediente está finalizado en relación con la revisión de oficio al existir un fallo judicial, aunque insiste en que se resuelva el recurso de reposición interpuesto por uno de los aspirantes en mayo de 2019.

La otra denuncia es relativa a unos gastos sin procedimiento de contratación y concesión de licencia urbanística. Según los hechos denunciados, el Ayuntamiento, durante el periodo 2006–2015, abonó sucesivas facturas por el servicio de análisis del agua a favor del cónyuge de la funcionaria que de 2000 a 2020 desempeñó de forma accidental los puestos de secretaría e intervención, sin expediente de contratación. Además, la agencia señala que se concedió una licencia urbanística para unas obras en un inmueble que no amparaba las mismas y cuyo promotor era familiar de la Secretaria-Interventora en aquel momento. Por estos hechos, pide al consistorio que revise todos los actos incursos en causa de nulidad y cuantifique los perjuicios y abra expediente de protección de la legalidad urbanística de las obras ejecutadas.

En Benidorm, el foco de Antifraude está puesto en los hoteles sin licencia, lo que ha desencadenado una dura batalla con el Ayuntamiento. El organismo contra el fraude, tras la instrucción del oportuno procedimiento de investigación, en el que efectuó el preceptivo trámite de audiencia a la administración denunciada, evidenció que en Benidorm, la ciudad con más plazas hoteleras de la Comunidad Valenciana y la tercera del país, hay instalaciones para pernoctar que están desarrollando su actividad sin disponer de las preceptivas licencias. Antifraude concluye, en base a la documentación aportada por la administración local, que algunas instalaciones hoteleras carecen de licencia alguna y hay otras que no la tienen para una categoría determinada. El organismo finaliza el expediente recomendando al Ayuntamiento que adopte las medidas que proceda ante las situaciones irregulares de los establecimientos públicos en los que, según constata en los informes y listados municipales, se ejercen actividades hoteleras sin contar con la preceptiva autorización administrativa o sin ajustarse a las condiciones para las que se dispone de la oportuna autorización. Así, le pide que realice las inspecciones y sanciones necesarias y, en su caso, cierre esos hoteles.

El otro asunto por el que está siendo investigado el Ayuntamiento es por un presunto trato de favor en la tramitación de la devolución de un vehículo retirado de la vía pública por la grúa en abril de 2016. Según la denuncia, la Policía Local ordenó la retirada del coche mal estacionado, pero sólo 25 minutos después el vehículo se devolvió a su dueño. Fue el tiempo que le bastó al propietario para ponerse en contacto con el concejal de Movilidad, que dio la orden de entrega del coche sin el abono de la correspondiente tasa. Así lo ha evidenciado el organismo que dirige Llinares, que ha desestimado las alegaciones del consistorio que defendían que una orden verbal de un edil es válida y que en ese caso el infractor era un médico que cubría una urgencia, aunque el organismo considera que no se ha acreditado fehacientemente. El expediente se finaliza con la recomendación de que el Ayuntamiento implemente una instrucción específica que fije los procedimientos a seguir en esos casos.

En Elche están a vueltas con las obras del nuevo mercado central. El organismo recibió una denuncia por la presunta existencia de irregularidades en el desarrollo y ejecución del contrato de concesión de esa obra pública. Tras la instrucción, la agencia evidenció que se encontraron restos de un refugio de la Guerra Civil, que se han protegido, y que el Ayuntamiento ha seguido las recomendaciones dictadas por el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana respecto a la procedencia de la resolución del contrato, aunque se separe del criterio de indemnizar a la mercantil. Además, el mercado provisional se construye en zona verde, en la ubicación elegida por los técnicos, que cumple los requisitos de la normativa. No obstante, el consistorio ha iniciado la modificación del PGOU para adecuar la calificación urbanística del suelo ocupado, lo que también ha permitido suspender la orden de restauración de la legalidad en cuanto a las obras e instalaciones que no se ajustaban al proyecto básico, como el incremento de la superficie de la solera cubierta con soportes metálicos. En este caso, la investigación se da por finalizada con el inicio de la modificación del PGOU, que era la recomendación de Antifraude. La fase de seguimiento sigue en trámite.

Donde Antifraude ha detectado conductas irregulares en materia de contratación pública es en Torrevieja. La agencia investiga el asfaltado municipal de la calle donde viven familiares del actual alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. La denuncia señala que en 2011 se realizó el asfaltado de una de las calles de la finca rústica Lago Sol, donde se ubica la vivienda de los padres del actual regidor torrevejense, que fue teniente de alcaldía en el mandato 2007-2011 y alcalde de 2011 a 2015, y desde 2019. La investigación del organismo evidenció que la persona encargada de redactar el proyecto de asfaltado es familiar del regidor y del edil de Contratación y que recibió 341.364 euros por la prestación de diferentes servicios al Ayuntamiento entre 2006 y 2011. Antifraude censura que todos esos contratos se tramitaran por el procedimiento negociado sin publicidad sin cumplir con lo establecido en la normativa: la negociación. Esto, concluye, implica la concurrencia de un vicio de nulidad. Además, pone de manifiesto un conflicto de intereses al no haberse abstenido en los procesos los cargos electos por su parentesco.

El organismo finaliza el expediente instando al consistorio a iniciar los expedientes de revisión de oficio de los actos administrativos incursos en causa de nulidad, o que indique las razones que impiden adoptar medidas. La agencia que lucha contra el fraude señala en su memoria que a diciembre de 2021, el Ayuntamiento de Torrevieja no había presentado ningún escrito en el periodo para alegaciones.

En Orihuela, Antifraude insta al Ayuntamiento a iniciar los trámites para recuperar las instalaciones municipales que ocupa un colegio religioso de la ciudad. La agencia ha constatado el incumplimiento de las condiciones y de los plazos estipulados en el contrato de cesión que se hizo en su día entre el consistorio y el Obispado para que esos terrenos se destinaran a aulas para actividades de extensión universitaria. La investigación concluye que el Colegio Diocesano Santo Domingo está utilizando, desde hace casi dos décadas, los solares municipales sin haber cumplido la condición prevista en el acuerdo de cesión. Un asunto que trae de cabeza en la capital de la Vega Baja, donde el Obispado, y lo quiso también el Ayuntamiento en su momento, pretende permutar esos terrenos por una iglesia.

Antifraude pide vías para vigilar el patrimonio de los cargos públicos

Otro de los ayuntamientos investigados a raíz de una denuncia es el de Los Montesinos. En concreto, por presuntas conductas contrarias a las normas reguladoras de la contratación administrativa. Tras el estudio en detalle de la documentación, el organismo concluye que hay una concatenación de varios contratos menores suscritos con la misma mercantil, para la prestación del servicio de asesoría jurídica en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, habiéndose fraccionado el objeto del contrato y que las facturas sólo fueron conformadas por la Alcaldía, según la investigación. Además, denuncia la irregularidad de un contrato negociado sin publicidad en 2016. Por todo, Antifraude recomienda al consistorio que revise de oficio el acto de adjudicación y que realice un proceso selectivo para la creación de las bolsas de empleo para cubrir las posibles bajas de los funcionarios.

En Benissa, el Ayuntamiento ha aceptado las recomendaciones propuestas por Antifraude en relación a unas irregularidades administrativas denunciadas. Ambas se corresponden con la Policía Local, por prestar un inspector un uniforme a un particular y por el cambio de jornada laboral de un agente.

También en la Marina Alta, en Calp, una subvención presuntamente encubierta inició el proceso de investigación del organismo contra el fraude. El Ayuntamiento firmó en diciembre de 2019 un contrato de organización de un evento privado que se había realizado ya en noviembre de ese año. El consistorio, no obstante, ha aceptado parcialmente sus recomendaciones y ha justificado las no aceptadas. La agencia le pidió implementar un plan integral para dar cobertura legal a toda actividad prestacional o de fomento del Ayuntamiento, la revisión del proceso que es causa de nulidad y que depure responsabilidades.

En Orba, su consistorio ha aceptado lo dicho por Antifraude tras una denuncia por diversas irregularidades en varios contratos.

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