Comienza la cuenta atrás para la implantación de una tasa turística que grave las estancias en la Comunidad Valenciana. Los tres grupos que conforman el gobierno del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, registraron en las Cortes este lunes, en plena Semana Santa, la proposición de ley para crear el impuesto que gravará las estancias turísticas, que podrán aplicar los ayuntamientos de forma voluntaria. La intención del Consell es que el trámite en las Cortes esté finalizado para noviembre, fecha en la que está previsto que se apruebe la medida que, eso sí, no sería efectiva hasta 12 meses después en virtud de la moratoria que acordaron los tres grupos políticos. Es decir, su aplicación sería a partir de noviembre de 2023, una vez pasadas las elecciones autonómicas previstas en mayo. Eso sí, sólo en los ayuntamientos que estén dispuestos a adoptar imponer esta tasa a los turistas que se alojen en sus establecimientos hoteleros o lleguen en crucero porque sí, el gravamen también lo tendrán que pagar los cruceristas.
El Botànic venía negociando la imposición de esta tasa desde 2016, pero la falta de acuerdo ha evitado que se pudiera imponer antes. Así, el PSPV ha sido el más reticente en implantar este impuesto que ha suscitado las críticas de gran parte del sector turístico, especialmente de la patronal hotelera y de los empresarios, como Hosbec, la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) o la CEV. El sector turístico de la Comunidad Valenciana, de hecho, ha impulsado una plataforma para protestar contra esta tasa que ha conseguido 2.450 firmas y numerosas adhesiones de asociaciones de todo tipo y condición.
No obstante, los socialistas -entre cuyas filas hay quien se ha opuesto radicalmente a este impuesto, como el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer-, consiguieron convencer a sus socios de Gobierno, Unides Podem y Compromís, de que la tasa sea de carácter voluntario y municipal. Los de Ximo Puig son conscientes de que en la práctica, muy pocos ayuntamientos la harán efectiva. De hecho, como publicó INFORMACIÓN, en la provincia sólo el consistorio de Altea, gobernado por Compromís, ha expresado su intención de implantarla y los de Xàbia o Denia, con alcaldes socialistas en la Alcaldía, se lo plantearían. El resto ha mostrado su rechazo, sean de uno u otro color.
Con todo, la propuesta de ley de este Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas, el nombre oficial de la tasa turística, refleja que tendrá un coste según la categoría del establecimiento y los consistorios podrán establecer dos tramos anuales para su aplicación, según la temporada turística, algo que se ha incluido a última hora y que había generado debate entre los socios de Gobierno.
Este nuevo tributo se dirige a los establecimientos hoteleros, los campings y las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas, las casas rurales, los albergues turísticos y las acampadas en finca particular con vivienda habitada; los bloques y conjuntos de viviendas turísticas, las viviendas de uso turístico y las embarcaciones de crucero y yates turísticos cuando realicen escala en un puerto de la Comunidad Valenciana. Así, la cuota diaria va desde los 50 céntimos de las pensiones y los campings hasta los dos euros de los hoteles de lujo (cinco estrellas o cuatro superior). En hoteles de cuatro estrellas y tres superior se pagará 1,5 euros y en el resto de hoteles, un euro. En el ámbito rural y bloques y conjuntos de viviendas, será 1,5 euros para los establecimientos de lujo; uno para los de cuatro y tres superior y 0,5 para los de tres estrellas o menos. Los cruceros tendrán una cuota de 1,5 euros.
El texto contempla un total de nueve exenciones que no estarían obligados a pagar por pernoctar en la Comunidad Valenciana. Así, estarían exentos los menores de 16 años, las personas con discapacidad, los viajes del Imserso, los congresos o eventos científicos organizados por universidades públicas de la Comunidad Valenciana o los eventos deportivos oficiales. También las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas y las realizadas por la Red Valenciana de Albergues Juveniles.
En cuanto a los ingresos que se obtengan por este tributo indirecto propio se tendrán que destinar en su totalidad a inversiones y gastos vinculados a la promoción, impulso, protección, fomento y desarrollo del turismo sostenible. Entre los objetivos marcados están impulsar una movilidad más sostenible, especialmente en aquellas zonas de mayor afluencia turística, proteger y regenerar el medio ambiente, o incentivar las políticas de acceso a la vivienda en aquellas zonas afectadas por un incremento de precios consecuencia de la afluencia turística. También pretende esta tasa luchar contra el intrusismo y el fraude en el sector del alojamiento turístico y luchar contra la precariedad laboral en el sector, así como mejorar las infraestructuras, reformas urbanas y dotaciones turísticas. Sin embargo, hoteleros y comerciantes consideran que este gravamen, precisamente, alienta al uso de los alojamientos no reglados y que restará competitividad al sector turístico, el que mueve gran parte de la economía en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante.
Reacciones
La diputada socialista Trini Castelló ha destacado que se trata de un instrumento "flexible, que asegura la cogobernanza entre las administraciones y el sector", y que la nueva figura impositiva será "voluntaria y municipal", de forma que serán los ayuntamientos quienes decidirán si la implantan o no. La propuesta registrada "atiende al contexto complejo y cambiante que ha dejado la pandemia y, ahora, la guerra en Ucrania", ha señalado Castelló, quien ha asegurado que la "prioridad absoluta es la recuperación", y por eso han introducido una moratoria de un año en su aplicación desde que se apruebe en las Cortes.
Según ha señalado, las tarifas que se establecen son justas, progresivas y se regulan en función del tipo de establecimiento, ya que el objetivo "siempre ha sido impulsar el destino Comunitat Valenciana", y por ello se le dota de un instrumento que "aumenta la competitividad" de los municipios.
Por su parte, la síndica de Compromís, Papi Robles, ha indicado que esta es una propuesta "en positivo", fruto del diálogo entre los partidos del Botànic, elaborada tras escuchar el sector y que busca mejorar el turismo valenciano y que la gente que viene aporte, igual que cuando los valencianos viajan fuera. "Son políticas valientes, que es para lo que hemos venido a gobernar", ha reivindicado Robles, quien ha adelantado que València será uno de los municipios en los que se aplicará, dado que la "presión turística" es "espectacular" y va "cada vez a más", y ha calificado de "muy rápido" el plazo establecido.
Desde Unides Podem, el diputado Ferran Martínez ha manifestado que esta propuesta es "un paso adelante" y una "buena noticia" para la Comunidad Valenciana, que se acerca así a otras ciudades europeas que ya lo aplican y que permitirá a los ayuntamientos que decidan crearlo contar con recursos para mejorar sus infraestructuras y servicios.
Desde la oposición el rechazo es frontal. El PPCV, incluso, ha lanzado la iniciativa "Stop a la tasa turística" para mostrar su rechazo a la implantación de un nuevo impuesto que "merma nuestra competitividad y castiga a un sector que está sufriendo mucho por esta crisis", señala el líder de los populares valencianos, Carlos Mazón. El también presidente de la Diputación de Alicante ha afirmado que abrir la puerta a la tasa turística es "una locura" y supone "no entender nada del sistema productivo en la Comunitat Valenciana", por lo que ha recalcado que la campaña que ha iniciado el PP para mostrar su rechazo es "absolutamente necesaria". Para Mazón, la posibilidad de que se implante esta medida es mandar "el peor mensaje a los mercados y a nuestros posibles clientes y es no entender nada de nuestro sistema productivo en la Comunitat Valenciana".
La síndica del PP en las Cortes, María José Catalá, asegura que su partido la derogará si accede al gobierno de la Generalitat el próximo año. Además, ha asegurado que el PPCV no la va apoyar ni la va a poner en marcha en ningún ayuntamiento donde gobierne, y ha hecho hincapié en que "hay que ser muy claros, hay que decir no a la tasa turística". Catalá ha exigido a Ximo Puig que "de una vez por todas" diga si va a implantar la tasa turística y que "se deje de trilerismo político y de jugar con el sector", que "necesita y pide claridad" al Gobierno valenciano. Y considera que ahora, que comienza una de las campañas más importantes, como la de Semana Santa, "no es el momento de lanzar mensajes negativos", sino de apoyar al turismo.
Puig reconoce que afectará a los turoperadores
El jefe del Consell cree que el gravamen se aplicará en los municipios más urbanos donde el impacto es «muy menor»
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoce que la tasa turística, afectaría «de forma negativa» a las actividades relacionadas con los turoperadores, un sector en el que es más complicado repercutir los precios. En este sentido, vaticina que en los destinos con los que más trabajan los turoperadores, como puede ser Benidorm y otras localidades turísticas de la Costa Blanca, los ayuntamientos no implantarán este impuesto. Así, el jefe del Consell, que señala que la tasa turística «no es una excentricidad», afirma que será en otros destinos más urbanos, como València, donde cree que se aplicará porque supone un impuesto «muy menor» y prácticamente sin consecuencias para el viajero, «como vemos cuando vamos por Europa».
Puig ha confirmado que la tasa turística no se va a aplicar de manera inmediata en la Comunidad Valenciana porque no es el momento oportuno, por la pandemia y ahora la crisis de precios y energética por la guerra en Ucrania, pero ha defendido que es un impuesto «menor» para el viajero. La propuesta del Botànic, denominada «de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible», contempla medidas destinadas a la promoción, impulso y desarrollo del turismo sostenible. Puig garantiza que «en este momento» no hay ninguna oportunidad de poner la tasa turística en marcha y no se va a poner este año, tratando de tranquilizar a un sector que se muestra muy inquieto por su aplicación.
Otra cosa, aclaró, eso sí, es que es una tasa cuya puesta en marcha se debe discutir porque tiene «una perspectiva general favorable la imposición medioambiental», como se aplica en muchas partes de Europa, añadió, y recordó que no es una cuestión que se plantee sólo ahora en la Comunidad Valenciana. Además, recalca que el planteamiento que defiende es compartir la responsabilidad de su aplicación con los consistorios y que, por tanto, si un ayuntamiento no quiere «nunca se implantará». Además, asegura que el Botànic ha tenido una gran capacidad negociadora y con consenso.
