Un montante de 41.926 millones de euros de los 53.820 de deuda pública acumulada que tiene la Comunidad Valenciana son achacables a la infrafinanciación que padece la autonomía. Así se desprende del Informe sobre la deuda pública valenciana que ha elaborado la Sindicatura de Comptes atendiendo el escrito del presidente de las Cortes Valencianas en el cual se trasladaba una solicitud de la Comisión de Investigación sobre la Deuda Pública de la Comunidad. Así, el 78% del total de la deuda acumulada de la Comunidad Valenciana es culpa del desigual reparto de fondos que padece y que ha conseguido poner en común a partidos políticos de distinto color y agentes sociales y económicos para exigir al Gobierno de España un cambio de modelo.
Los objetivos principales de la comisión son determinar la composición del stock de deuda pública de la Comunidad Valenciana y sus causas, así como cuantificar la deuda autonómica que ha de ser condonada y establecer soluciones para aplicar esta condonación de deuda. Para elaborar el documento, el organismo de control ha analizado la información contenida en sus informes de la Cuenta General de la Administración de la Generalitat Valenciana desde 1984 y recopilada por la Sindicatura en Badespav, la Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano, de libre acceso en nuestra web. Así mismo, el Síndic de Comptes ha trabajado otras fuentes de información con contenido relacionado con la deuda pública y la financiación autonómica.
Entre las principales conclusiones del documento, destaca que, desde el inicio del Estado de las autonomías, la Generalitat Valenciana ha sufrido un déficit presupuestario estructural, especialmente intenso a partir de 2009, que ha provocado que sea la comunidad autónoma más endeudada respecto a su PIB. Este déficit, precisa la Sindicatura, "no viene provocado por efectuar unos gastos superiores a la media autonómica, sino por unos ingresos inferiores a ella, entre los que destacan los procedentes del sistema de financiación autonómica". Los mecanismos estatales extraordinarios de financiación, establecidos a partir de 2010 y adicionales al sistema de financiación autonómica, han permitido a la Generalitat mantener su actividad a pesar de la infrafinanciación y la imposibilidad para obtener recursos en los mercados financieros.
Ahora bien, advierte de que la consecuencia para la Generalitat es muy diferente, puesto que la financiación autonómica se recibe sin contrapartida, mientras que los mecanismos estatales son un incremento de la deuda que tendría que devolver en el futuro. Según la estimación realizada en este informe, con una financiación autonómica al nivel que correspondería en proporción a su población ajustada y respetando las necesidades estimadas por el propio modelo vigente, la Generalitat "habría podido evitar una parte muy importante de la deuda acumulada".
En concreto, con una estimación de los orígenes de la deuda pública acumulada en 2021 (53.820 millones de euros), el análisis señala que el 37% del total (19.992 millones) corresponde a la deuda pública adicional originada por la infrafinanciación respecto a necesidades reconocidas (desde 2009). Además, el 31%, 16.460 millones, sería la deuda pública originada por la infrafinanciación respecto a la media, desde 2002; mientras que un 10% más (5.474 millones) responde al coste financiero de la deuda provocado por esta financiación insuficiente. La deuda restante, por importe de 11.895, representaría el 22%.
Cuadrar el presupuesto
Por otro lado, el informe refleja que la Generalitat encadena déficits presupuestarios de manera continuada, que se transforman en una necesidad permanente de incrementar la deuda pública para poder cuadrar el presupuesto. La deuda pública valenciana mantuvo una tendencia ligeramente creciente respecto al PIB durante la etapa de expansión económica y pasó de representar el 6,3% del PIB en 1995 al 11,4% en 2007. Este ritmo se acentuó a partir de 2008 hasta llegar al 43,3%en 2016, año a partir del cual desciende, excepto por el rebote provocado por la pandemia en 2020 (principalmente por la disminución del PIB): 48,5% en 2020 y 47,8% en 2021.
La radiografía realizada por el Síndic también muestra la evolución de la deuda pública del conjunto de comunidades autónomas. A pesar de que parte en 1995 de un porcentaje respecto al PIB muy parecido al valenciano, su ritmo de crecimiento ha sido diferente. El conjunto de las comunidades autónomas mantuvo constante el peso que la deuda pública representaba respecto al PIB durante la etapa de crecimiento económico y solo se disparó la ratio al llegar la crisis. Este "comportamiento diferencial" indica que la Generalitat Valenciana ha tenido "más problemas presupuestarios que el conjunto de comunidades, no solo durante la crisis, sino también anteriormente".
Según los últimos datos disponibles, la deuda pública valenciana representa el 47,8% del PIB en el cuarto trimestre de 2021. En términos absolutos son 53.820 millones de euros, una cifra que equivale a más de dos años completos del presupuesto de la Generalitat. Durante los últimos años han existido unas condiciones ventajosas para endeudarse, debido a la existencia de unos tipos de interés históricamente bajos y a las facilidades dadas por el FLA. Pero en el momento en que cambien estas condiciones, el endeudamiento acumulado representará un grave problema para el mantenimiento del sector público autonómico valenciano.
Consecuencias futuras
Así, el informe alerta de las consecuencias futuras. Si tenemos en cuenta que en el territorio valenciano viven, aproximadamente, cinco millones de personas, es fácil deducir que la deuda representa más de 10.000 euros por habitante. Este endeudamiento ha permitido al Gobierno valenciano prestar los servicios públicos fundamentales en unas condiciones parecidas al resto de territorios (en particular, en sanidad y educación), "pero hay que ser conscientes de las consecuencias futuras de este problema", advierte el Síndic. "Es una deuda que tendremos que afrontar entre todos los valencianos, salvo que haya algún mecanismo de resarcimiento de la infrafinanciación sufrida durante las décadas pasadas", añade.
El informe, consultado por Europa Press, alude igualmente a los criterios para definir la financiación autonómica y señala que la población ajustada es una variable cuestionada porque, tal como está ahora definida, no justifica suficientemente los indicadores empleados ni tampoco explica la decisión de las ponderaciones asignadas a cada uno. "Más aún, apunta, en la propuesta que ha hecho recientemente el Ministerio de Hacienda para redefinir esta variable se observan defectos importantes, que hacen arriesgado sustituir la población de derecho por otras variables poblacionales, geográficas o de otro tipo, sin la transparencia y precisión necesarias".
En este sentido, añade que es razonable considerar que la diferente estructura por edades de la población justifica ciertas diferencias de necesidades por habitante. Sin embargo, los análisis realizados de forma objetiva a partir de las variables que resultan explicativas de la diferente intensidad de demanda de los servicios públicos fundamentales conducen a considerar "inaceptable" una definición de la población ajustada que se separe injustificadamente de la población de derecho.
