El Partido Popular de la Comunidad Valenciana se plantea iniciar una batalla en los tribunales frente al decreto ley de medidas urgentes del Consell para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania y fomentar las renovables. “Se salta el trámite parlamentario sin justificación, intenta colar cuestiones que nada tienen que ver con medidas anticrisis y, además, la propia Abogacía ha puesto reparos legales”, según aseveró este martes el presidente de la formación, Carlos Mazón, que subrayó que están estudiando la posibilidad de presentar un recurso en el Tribunal Constitucional al tener "serias dudas" de su legalidad.
El primer paso que darán los populares será el de pedir el informe de la Abogacía de la Generalitat que avala la legalidad de este decreto ley con tal de analizar lo posible inconstitucional de su contenido. "Para hablar de la memoria histórica o de nuevos chiringuitos hay un canal legal, para eso están los presupuestos de la Generalitat", destacó Mazón.
"Si se adoptan medidas contra una crisis energética para saltarse el trámite parlamentario debe estar justificado. Hace falta rigor legal. Intentan colar bajo mano situaciones negativas que no se ajustan a ley. Hasta la propia portavoz de la Generalitat ha reconocido que estaba mal tramitado, mal trabajado y mal planteado”, afirmó durante una comparecencia en la que estuvo acompañado de la síndica en las Cortes, María José Catalá. En concreto, se preguntó qué tiene que ver con la guerra en Ucrania o con las necesidades de las familias "modificar la ley de publicidad institucional para repartirla a dedo"; "la creación de nuevos chiringuitos", como una agencia alimentaria; calificar de interés general los hospitales de campaña, o hablar de nuevas regulaciones para la Ley de Memoria Democrática.
El líder del PPCV cargó las tintas contra el Gobierno que lidera Puig al considerar que con las medidas que se están adoptando "se está cargando las clases medias en la Comunidad" mientras se niegan a rebajar los impuestos, como mínimo a las rentas más bajas. En ese sentido, insistió en la necesidad de articular medidas muy concretas de reducción de gravámenes.
Mazón ha señalado que “el último decreto- ley aprobado tras una serie de despropósitos legales cuestionados por la propia Abogacía demuestra falta de ganas o la falta de capacidad de trabajar de manera adecuada y con el mínimo respeto a la ley. Es un fracaso general en el que reconocen todo lo que no se ha hecho. Quieren enmendar por la puerta de atrás todo lo que ha hecho mal y es falso hasta el propio título haciendo referencia a la guerra de Ucrania, como si fuera la causante de la brecha social, la pobreza o la inflación que estaba ya antes”.
Habilitación legal
El líder de los populares valencianos ha manifestado que “el reconocimiento del fracaso empieza con las medidas que se citan. Se habla de conseguir la soberanía energética cuando tiene una media de tres años en lista de espera para conseguir una licencia de energía renovables, en siete años de gobierno solo ha aumentado un 4% nuestra capacidad de autonomía verde o cuando en el presupuesto de pobreza energética hay cero euros por parte de la Generalitat”.
El presidente popular ha indicado que “no se hace ninguna mención a reducir el gasto público o la gran cantidad de asesores. No hay mención a la renta valenciana de inclusión que es gravísimo que no se actualice con el actual salario mínimo profesional. Tampoco hace mención a la disminución de las tasas de la Comunidad. Han aumentado un 46% las tasas, pero ahora dicen que las van a rebajar un 10%, pero son solo anuncios. Nosotros pedimos la suspensión total de las tasas que afecten a los sectores más afectados”.
La convalidación del decreto ley en las Cortes no se producirá en el pleno de la próxima semana, algo que ha sido criticado por los tres grupos de la oposición, pero que los parlamentarios que sustentan al Botànic justifican en que no ha dado tiempo a tramitarlo. "Si se aprobó el viernes y el lunes era festivo, la tramitación se tendrá que preparar en algún momento, ¿No?", se preguntó el síndic socialista, Manolo Mata. Misma opinión tenía la síndica de Compromís, Papi Robles, que cuestionó si la oposición entiende los plazos la Cámara. "Estas cuestiones tienen que entrar a Cortes por la Mesa", señaló. La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, defendió que la tramitación está dentro de la "normalidad".
Según el reglamento de la Cámara, un decreto ley debe someterse a su convalidación o derogación antes de que transcurran los treinta días siguientes a su promulgación. "Si no ha entrado en este pleno, entrará en el siguiente", aseguró Mata. "El decreto entró en vigor el viernes y ya se puede aplicar", incidió Blanes. "Es curioso escuchar a la oposición hablar de esta manera", opinó Robles.
La oposición, por su parte, criticó que no entre en el orden del día. Catalá aseguró "no dar crédito a la falta de seriedad, rigor y torpeza" del Botànic; la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino, mostró su "sorpresa" y se preguntó si "no se atreven" a llevarlo a Cortes, mientras que Ana Vega (Vox) afirmó no entender que "cuando se hace un decreto con extraordinaria y urgente necesidad, se estén alargando en el tiempo y no lo presenten".
