La Comunidad Valenciana se juega 13.000 millones de euros de fondos europeos, y aspira a obtener otros 8.000 más en los próximos cinco años. Unas cifras nada desdeñables que están obligando a las administraciones a tener sumo cuidado en cada paso que dan para captar el dinero de Europa. La aprobación por parte del Consejo Europeo del programa Next Generation EU, un instrumento dirigido al estímulo económico, es una de las medidas más importantes desde el punto de vista financiero asumidas desde la Unión Europea, en respuesta a una crisis sin precedentes causada por la pandemia y ahora agravada por la crisis energética tras la invasión de Rusia a Ucrania que ha derivado en más subida de precios e inflación. Es una oportunidad única para que las instituciones obtengan financiación, pero para poder acceder esos fondos se debe estar preparado organizativa y estructuralmente. La Unión Europea está siendo muy exigente con los requisitos para obtener los deseados fondos, y quiere alejar toda sospecha de corrupción o uso inadecuado de los mismos. La Diputación de Alicante, que precisamente cuenta con una oficina destinada a gestionar los recursos que llegan de Bruselas, es una de las más interesadas en cumplir con el estricto control que exige la UE, aseguran desde la institución provincial. Así, tiene listo para su aprobación un plan de medidas antifraude que evite las "corruptelas" con esos fondos europeos.
Se trata de un documento necesario que el Ministerio de Hacienda exige como sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses en las administraciones que gestionen fondos europeos provenientes del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), núcleo del Fondo de Recuperación. El plan, que la institución provincial, de PP y Cs, pretende aprobar en el próximo pleno, se estructura en torno a los cuatro elementos clave del denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución, y será de aplicación a todos los órganos y a todo el personal que intervenga en la gestión de los mismos. De hecho, uno de los requisitos es que se identifique a las personas responsables de la gestión del dinero procedente de Europa. En el caso de la institución que dirige el popular Carlos Mazón, este papel se dejará en manos de un grupo de funcionarios formado por personal de Intervención y Secretaría.
El futuro de muchos futuros proyectos en la provincia pasa por obtener financiación europea. En un país donde tiempos ha la corrupción era casi una bandera política, no está de más instaurar fuertes mecanismos de control que eviten la tentación de un mal uso de los recursos que llegan de Europa. En definitiva, que los fondos que se gestionan pasen todos los filtros para el destino por el que se solicitaron, explica la diputada provincial de Proyectos Europeos, María Gómez. De hecho, uno de los objetivos del plan antifraude es promover una cultura que ejerza un efecto disuasorio de las actividades fraudulentas.
El mecanismo de control prevé la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y define el procedimiento para su aplicación efectiva, las acciones correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude y establece el proceso a seguir para el seguimiento de la posible corrupción y recuperación de los fondos de la UE que se hubieran podido gastar fraudulentamente. "Se trata de dar la máxima transparencia a la financiación y recursos públicos que llegan de Europa", explica Gómez a este diario.
Para garantizar la adecuada aplicación del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, la institución provincial creará un órgano específico encargado de garantizar del adecuado control, coordinación, planificación, seguimiento y evaluación denominado "comité antifraude". Este emitirá un Informe de ejecución anual, del que se dará cuenta en el pleno, en donde se evaluará el cumplimiento de las medidas del plan y se propondrá, en su caso, la revisión y mejoras que garanticen la transparencia y minimicen los riesgos. "Queremos obtener la mayor cantidad de fondos posibles y ponemos todos los mecanismos para evitar su mal uso", zanja la diputada encargada de Proyectos Europeos.
Ayudas a los municipios
Los ayuntamientos de la provincia también tendrán que adoptar medidas para evitar fraudes con los recursos de Bruselas que gestionen. Todos y cada uno de los que soliciten ayudas europeas tendrán que contar también con un plan que evite el fraude y la corrupción. La institución provincial subvencionará la elaboración de esos programas, algo que está incluido en las bases que acaba de publicar para que los consistorios obtengan ayudas provinciales para presentar proyectos para financiarse con dinero de Europa.
La institución provincial pretende impulsar la llegada de subvenciones de la Unión Europea y multiplicar la cifra de las que hasta ahora han venido a Alicante. Así, creará un banco de proyectos de la provincia que puedan optar a fondos europeos. El objetivo de la iniciativa, a la que la institución provincial destinará dos millones, es facilitar que los ayuntamientos, especialmente los de tamaño medio y pequeño, puedan sufragar los estudios o planes estratégicos previos de proyectos que necesitarán, posteriormente, financiación europea para poder ejecutarse. Así, la Diputación distribuirá una media de 15.000 euros a cada uno de los 141 municipios de la provincia, dinero procedente de los remanentes. Y contarán todos ellos con un órgano de control para el buen uso del dinero que recibirán de Bruselas en los próximos años.
