La negociación en el Consell para determinar el requisito lingüístico que se exigirá a los nuevos funcionarios de la Generalitat se encuentra encallada, una vez más. La conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, liderada por Gabriela Bravo (PSPV), y el departamento de Educación, Cultura y Deporte, encabezado por Vicent Marzà (Compromís), han sido incapaces de llegar a un acuerdo. El escollo sigue siendo el nivel de conocimientos de la lengua cooficial que se solicitará a los trabajadores públicos del grupo más alto de la Administración autonómica, los A1 y A2. El departamento que dirige la socialista cree que no se puede reclamar un nivel de capacitación más allá del que se garantiza en el sistema educativo, por lo que no es partidaria de que se fije como requisito demostrar un nivel C1, al menos de momento. En esa línea, cree que la conselleria de Marzà debe poner en marcha un decreto de homologación de niveles y, si así lo considera, acreditar ese nivel C1 a los estudiantes que concluyan el Bachillerato. No obstante, los valencianistas ya han advertido de que no están dispuestos a ceder en esa cuestión, reclaman que el C1 sea indispensable y dejan claro tienen el poder de bloquear cualquier paso adelante que quiera dar Bravo.
El debate sobre esta cuestión, que se remonta a la pasada legislatura, cobró fuerza hace un año, justo cuando se aprobó la nueva Ley de Función Pública Valenciana. En marzo de 2021, la normativa salió adelante en las Cortes sin establecer el grado de conocimientos de valenciano que tendrán que documentar los candidatos que aspiren a un puesto público. El pulso entre socialistas y valencianistas quedó entonces en punto muerto. Acordaron condicionar la decisión final al desarrollo posterior de un reglamento que debería estar aprobado en un plazo de 12 meses. Para ello se conformó una Comisión de Competencia Lingüística que serviría de base para regular la capacitación y establecer el certificado de valenciano necesario para los distintos grupos del personal de la Administración Pública. Pues bien, el informe elaborado ya está sobre la mesa. Fija la exigencia del certificado A2 para la agrupación profesional funcionarial, del B1 para el subgrupo C2 y del B2 para el grupo B y el subgrupo C1. Respecto a la exigencia para los grupos A1 y A2, la Comisión ha trasladado dos alternativas: exigir B2 o el C1. Y es precisamente ahí donde, una vez más, se ha producido un choque de trenes que supone uno de los grandes motivos de divergencia en el Botànic en sus siete años de vida.
El departamento de Bravo mantiene su hoja de ruta para tratar de poner en marcha cuanto antes el decreto para regular la capacitación lingüística con el objetivo de acceder a la función pública valenciana y, para ello, pretende buscar acuerdos con Compromís, imprescindible para que pueda ser aprobado. Todo mientras los valencianistas acusan públicamente al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat, de querer pedir únicamente el grado elemental de valenciano a los altos funcionarios de la administración pública, advirtiendo que "contraviene los objetivos marcados por el Estatut de Autonomía". En plena polémica, Bravo advirtió este martes de que es partidaria de un punto de encuentro "razonable" en el que no se exija "un plus" mas allá del nivel de capacitación del valenciano que dé el sistema educativo, del que subrayó que debe poner en marcha ahora el decreto de homologación de niveles. Bravo aseguró que la posición mayoritaria de la Comisión, al igual que la suya, es que para acceder a la función pública se tiene que exigir el nivel de capacitación que ofrece el sistema público. "Si la finalidad de nuestro sistema educativo es garantizar el pleno conocimiento del castellano y el valenciano, no hay razón alguna para que, al acceder a la función pública, tengamos que exigir un nuevo examen para seguir valorando si los conocimientos adquiridos en la etapa educativa son los adecuados", advirtió, poniendo de alguna forma la pelota en el tejado de Marzà, es decir, de Compromís. La consellera socialista defendió que ese criterio es el que prima en otras comunidades como Galicia, en alusión a la autonomía puesta como ejemplo por Compromís, que reprochó al PSPV, su socio de gobierno en la Generalitat, su propuesta de requisito.
"Lo que no dicen es que en el sistema educativo de Galicia, cuando los alumnos acaban la etapa educativa de Bachiller, adquieren directamente el C1. Lo mismo pasa en Catalunya", sentenció Bravo. Por tanto, a su juicio, "exigir un plus significa no confiar en que el sistema educativo que está enseñando debidamente nuestro idioma. Y esa es la responsabilidad de nuestro sistema educativo: garantizar que una vez concluido el Bachiller, tengan pleno conocimiento de los dos idiomas".
Así, la consellera avanzó que desde su departamento van a poner en marcha ya mismo el decreto que regulará la implementación de los distintos niveles y exigencia de capacitación. Otra cosa, claro está, es que Compromís permita su aprobación, algo que hoy por hoy parece complicado. Con todo, Bravo manifestó que su "responsabilidad" es activar la elaboración del reglamento "y estar en condiciones de llevarlo al Consell lo antes posible". "Es mi responsabilidad porque la ley establecía el plazo de un año para la aprobación", advirtió. Con todo, evidenció un tono conciliador. "Si hay discrepancias, se intentarán solucionar como hemos hecho siempre. Somos un gobierno de coalición que, en ocasiones, hemos tenido puntos de vista diferentes. Algunas veces se ha llegado a acuerdos y otras no".
Bravo recordó que uno de los aspectos importantes que se plasman en el informe de la Comisión es que la tramitación del decreto tiene que ir acompañada del decreto de homologación de niveles que tiene que poner en marcha Educación. "Ahora mismo no están garantizando el B2. Tienen que poner en marcha la homologación de niveles y es ahí donde hemos tenido posiciones diferentes porque en la Comisión un sector era partidario de que el decreto de homologación estableciera que, superado el Bachiller, a las personas se les reconociera el C1", apostilló.
Interpelada entonces por si el decreto contaría con la exigencia del B2, Bravo dijo que lo que plantea el decreto de implementación es exigir lo que da el sistema educativo: "Si el decreto de homologación da el B2, eso", repitió. Por otro lado, Bravo explicó que la incorporación del requisito lingüístico tendría un periodo transitorio de implantación porque no afectaría a todas las personas que está en fase de exámenes o en fase próxima a poderse presentar a la oposición. "Establecemos un periodo mínimo de transición de entre uno y dos años, en función de la situación. Es una cuestión que estamos valorando", afirmó.
No renunciarán
Mientras tanto, la síndica de Compromís, Papi Robles, insistió este martes en que el nivel C1 de valenciano o mitjà debe ser un "requisito imprescindible" para los funcionarios en la Comunidad y aseguró que así se lo ha trasladado al presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig.
"No estamos de acuerdo, es público y notorio y continuaremos reinvindicándolo", recalcó. La portavoz de los valencianistas en las Cortes reconoció que la propuesta del departamento de Función Pública (PSPV) es diferente a la de la Conselleria de Educación que dirige su compañero Marzà, pero ha advertido que no piensan "renunciar" a que se exija el mitjà.
Y es que, a su juicio, los funcionarios de los grupos A1 y A2 deben tener suficiente formación como para atender en valenciano, preservando así el derecho de la ciudadanía a que la administración les responda en las dos lenguas oficiales.
Robles añadió que es un requisito que ya se exige al profesorado en las oposiciones, con lo que "de manera coherente se debe pedir al personal de la administración pública".
Intersindical cree "inaceptables" los niveles de valenciano para la función pública y exige a Bravo una "rectificación"
Intersindical Valenciana ha calificado de "inaceptables" los niveles de conocimiento de valenciano determinados por el reglamento de la Ley de la función pública valenciana y exige a la consellera de Justicia, Gobernación y Administración Pública, Gabriela Bravo, una "rectificación".
Para este sindicato, "el tratamiento de Bravo al valenciano lo equipara sociolingüísticamente al castellano, lo que se alinea con las falsas tesis del PP que sostienen que ambas lenguas están en igualdad de condiciones".
Intersindical recuerda, en un comunicado, que valoró positivamente que, por primera vez, la Ley de la función pública regulara la competencia lingüística en valenciano para todo el personal de las administraciones públicas, aunque, a la vez, criticaba que la norma no fijara los niveles, "que se hipotecaban a un futuro reglamento".
"Ahora se ha conocido que este reglamento fijará unos niveles que no garantizan en absoluto el dominio lingüístico pertinente para poder atender la ciudadanía en valenciano, puesto que solo con el nivel del bachillerato todos los cuerpos funcionariales tienen reconocida la competencia en valenciano", critica la organización.
En ese sentido, el sindicato apunta que ya presentó una propuesta en el proceso de negociación sindical y en su comparecencia, en julio de 2020, en Les Corts Valencianas, defendió que para acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano con respecto al principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes los niveles exigibles serían: Grupos A1, A2, B y C1: Certificado C1; Grupo C2: Certificado B1 y Agrupaciones profesionales funcionariales: Certificado A2.
La acreditación de estos conocimientos de valenciano tendría que realizarse mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Pero para Intersindical, el tratamiento que está recibiendo el valenciano en el ámbito de la función pública --educación al margen porque disfruta de normativa propia desde hace años-- es, a la práctica, "una equiparación con el castellano en cuanto a su conocimiento".
"No es de recibo que, a una lengua minorizada como el valenciano, se le equipare un dominio lingüístico como disfruta el castellano, que es la lengua dominante sociolingüísticamente en el País Valenciano".
"Esta minorización de la lengua propia por la Conselleria que dirige Gabriela Bravo --continúan-- confirma los temores que planteaba el sindicato cuando se reguló la nueva ley de la función pública valenciana, que se han visto confirmados ahora".
Además, Intersindical pide tener en cuenta que la competencia lingüística será de aplicación no solo a la administración de la Generalitat Valenciana, sino también a las administraciones locales, universidades públicas, empresas públicas y personal estatutario.
"PAPEL MOJADO"
Este hecho "tendría que suponer dar un fuerte impulso a la promoción del valenciano, la apreciación de su valor social y su presencia pública y garantizar los derechos lingüísticos de las valencianas y valencianos, pero todo esto se queda ahora en papel mojado".
El sindicato está en contacto con las entidades en defensa del valenciano para "analizar la situación y emprender las acciones necesarias para que el gobierno valenciano dignifique la lengua de los valencianos y trabaje por su normalización real en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la función pública valenciana y la atención a la ciudadanía en la lengua del país".
Además, Intersindical Valenciana ha pedido una reunión urgente con Gabriela Bravo para "pedirle explicaciones y exigirle una rectificación inmediata", concluyen.
