La Generalitat y la Diputación mantienen su tensa relación a cuenta del Fondo de Cooperación Municipal. No hay entendimiento entre ambas administraciones y se ha vuelto a evidenciar su enfrentamiento en la primera reunión organizada para la coordinación de este programa con el que el Consell reparte 13,7 millones a los municipios alicantinos (más otros 480.000 del de Despoblación). La institución provincial se ha negado a participar por sexto año consecutivo, alegando que su Plan + Cerca refuerza las ayudas a los municipios de menor población, que reciben más de lo que les ingresa la Generalitat. Es precisamente en este último aspecto en el que no se ponen de acuerdo las dos administraciones. La Diputación ha exigido la rectificación del modelo de reparto de ayudas que la Generalitat quiere implantar el próximo año y planteó en la reunión otro alternativo basado en los criterios que ha introducido en su plan. Así, la institución provincial propone que tenga menos peso el criterio poblacional y más el de la despoblación, como en su caso. Sin embargo, los representantes de la Generalitat en esa reunión telemática, encabezados por el director general de la Administración Local, Toni Such, han rechazado cambiar los criterios. La demanda ha sido defendida por los diputados provinciales Javier Gutiérrez (Cs), titular de Infraestructuras, y María Gómez (PP), responsable del área de Hacienda. Ambos han lamentado la actitud del Consell a pesar de "nuestra predisposición negociadora". A la reunión han asistido siete representantes de la Generalitat, cuatro de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y dos de cada una de las tres diputaciones provinciales de la Comunidad Valenciana. En este sentido, la institución provincial alicantina ha criticado la composición de este órgano decisorio, por invitar "sólo" a dos representantes de aquí.
Durante el encuentro, los diputados provinciales pidieron que se quedara encima de la mesa la propuesta del plan sectorial del Consell para aplicar en su lugar los criterios del Plan + Cerca, pero la propuesta no salió adelante con 12 votos en contra, tres a favor (los de los diputados alicantinos y otro más) y una abstención. Gutiérrez ha lamentado que se haya "desperdiciado la oportunidad" de plantear en esta mesa de debate una solución alternativa "más equitativa y transparente" y ha censurado el "bloqueo y cerrazón" de los representantes de las administraciones "gobernadas por los socios del Botànic". El titular de Infraestructuras ha argumentado que, con el modelo de reparto de la institución provincial, llegarían a los municipios de menos de 5.000 habitantes más de la mitad de los 14 millones de euros anuales con los que contará el Fondo de Cooperación el próximo ejercicio. Sin embargo, con los criterios del Botànic, las poblaciones más vulnerables, asegura, pierden más de cuatro millones de euros de capacidad de financiación y solo recibirán 2,6 millones. Como ejemplo, ha mencionado el caso de Penàguila, que pasará de 90.000 a 28.000 euros, o Alcoleja, que verá reducida su asignación de 80.000 a 20.000 euros. "Ahí es donde se ve claramente la diferencia entre lo que defiende Diputación y lo que impone la Generalitat por la ley del rodillo", ha afirmado el diputado de Cs.
Por su parte, Toni Such se quejó de la actitud de la Diputación de querer enfrentar a un fondo con otro a pesar de ser compatibles, señaló, e instó a la institución que dirige el popular Carlos Mazón a participar en el autonómico y a poner en marcha también el provincial. "No tengo una máquina de hacer dinero", le respondió Gutiérrez. Al respecto, el diputado provincial ha recordado que el espíritu de las diputaciones es favorecer a las poblaciones más pequeñas. Así, las grandes ciudades como Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela o Benidorm, algunas de ellas con más presupuesto que la Diputación, recibirán con los criterios de la Generalitat casi 8 millones, más del 50% de los fondos disponibles para 2023, que se elevan a 40 millones para las tres provincias. En cuanto al reparto de fondos, se votó por mayoría dar un mínimo de 10.000 euros por municipio, frente a las otras dos opciones de que fueran 3.000 o 6.000 euros.
La diputada de Hacienda, María Gómez, advirtió de que el Consell está "incumpliendo" el preámbulo de la propia Ley del Fondo de Cooperación que urge a actuar para eliminar las desigualdades entre municipios y ayudar a que se desarrollen. El de la Diputación, señaló, es un modelo "claramente más justo y ventajoso" para los municipios que más lo necesitan porque carecen de menos recursos.
Batalla política
El Fondo de Cooperación Municipal se ha convertido en uno de los asuntos nucleares que alimentan la batalla política entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante o, lo que es lo mismo, entre las dos principales instituciones lideradas por la izquierda autonómica, con el socialista Ximo Puig al frente, y la derecha, encabezada por Carlos Mazón, líder del PPCV. Los populares han llevado al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, ya admitido a trámite, contra la Ley Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat. El recurso fue presentado por los diputados del PP en el Congreso por considerar que la ley, aprobada el pasado mes de octubre, atenta contra la autonomía financiera de la Diputación al obligarla participar en ese fondo a partes iguales con la Administración autonómica a partir de 2023. Por contra, desde el tripartito de izquierdas que pilota la Generalitat se ha acusado reiteradamente a Mazón de no aplicar criterios objetivos en el reparto de ayudas y de dar el dinero a dedo según determinadas afinidades. Con todo, este asunto ha alimentado la confrontación institucional y política con posiciones absolutamente enfrentadas que transcienden el ámbito del poder legislativo y que tienen mucho que ver con la estrategia para marcar posicionamientos políticos.
En el encuentro entre administraciones, se ha hablado, además, del Fondo de Despoblación de la Generalitat para el próximo ejercicio, que reparte 480.000 euros en la provincia y que ha triplicado el importe mínimo a percibir por los beneficiados. En este punto, los representantes de la Diputación han criticado que solo beneficiará a 29 ayuntamientos alicantinos y que muchos otros se quedarán fuera, por lo que pidieron cambios. De nuevo, volvieron a contraponer los 2,5 millones para esta finalidad que reserva el plan alternativo de la Diputación al del Consell para distribuir con criterios de despoblación del que se beneficiarán 107 municipios con cuantías de entre 15.000 y 45.000 euros adicionales.
