El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no rendirá cuentas ante las Cortes valencianas la próxima semana. El jefe del Consell ha excusado su asistencia a la sesión de control prevista para el jueves porque, precisamente esos días, encabeza una delegación empresarial e institucional de la Comunidad que se desplaza a Portugal, en concreto a Lisboa. La derecha, en bloque, ha cuestionado la ausencia del líder autonómico al considerar que su desplazamiento al país vecino no es para nada casual, puesto que coindice con la semana en que su hermano, Francis Puig, está citado a declarar ante un juez de València como investigado por un supuesto fraude en ayudas públicas para el fomento del valenciano. Es por ello que lo acusan de "huir" del control parlamentario, una visión que, por contra, difiere de la que sostienen los grupos que sustenta al Gobierno del Botànic, que alegan que esa cumbre lleva meses preparándose; aunque los valencianistas reconocen que el Ejecutivo debe rendir cuentas, pero creen que hay margen para reformular la sesión de control.
El viaje institucional de Puig a Portugal, así como la anunciada falta de asistencia de varios consellers, entre ellos algunos de los que acabar de asumir el cargo, en el pleno programado para el 25 y 26 de mayo, ha generado discrepancias a derecha e izquierda del Parlamento autonómico, cuya junta de síndics se ha reunido para ordenar las cuestiones que se debatirán en la Cámara. La imputación del familiar de Puig es una de las armas políticas que la oposición viene utilizando para desgastar al Botànic y, sobre todo al jefe del Consell. Este hecho se une, además, a que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha conformado el tribunal que deberá decidir próximamente si acepta o no la imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por la supuesta actuación negligente de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos, en concreto, los cometidos por su exmarido sobre una menor tutelada por la Generalitat mientras ejercía como educador. En una diligencia de ordenación, hecha pública por el alto tribunal, la Sala informa sobre la composición de dicho tribunal, del que formarán parte la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, el magistrado Antonio Ferrer, en calidad de ponente, y el ex fiscal anticorrupción Vicente Torres. Con todo, el caldo de cultivo perfecto para que la oposición trate de sacar rédito.
La portavoz del grupo mayoritario de la oposición, María José Catalá, ha definido el desplazamiento de Puig como "una huida en toda regla" y ha recordado que Puig ya faltó a la sesión de control tras la renuncia del exportavoz socialista, Manolo Mata, para centrarse en su papel de abogado del presunto cabecilla del caso Azud. "El gobierno valenciano está paralizado y huye de Les Corts", ha denunciado, para advertir que supone "un mal augurio".
La portavoz popular ha ahondado en su valoración asegurando que no ha vivido nada parecido en su labor como diputada y ha considerado que "Si están agotados, lo mejor que pueden hacer es convocar elecciones, si no que vengan a dar la cara", al tiempo que ha criticado que no hayan aceptado su propuesta de un pleno extraordinario para que comparezcan los nuevos consellers el próximo lunes.
Como portavoz adjunta de Cs, Merche Ventura ha criticado que Puig "tiene algo que esconder o no quiere responder" y que ya es la tercera vez que no acude a una sesión de control. "Ya están preparando su campaña con estos cambios de cromos y de consellers", ha aseverado, augurando que dará la "sorpresa" de un nuevo adelanto electoral. la diputada liberal ha recordado que “justamente coincide con los días en los que el hermano de Puig acudirá a declarar en sede judicial por presuntas irregularidades en el cobro de ayudas públicas”, por lo que se ha preguntado si “el presidente tiene algo que esconder para no querer dar la cara”. Su compañera Mamen Peris ha añadido que "no es momento de pedir elecciones anticipadas" y ha exigido al tripartido que "se dejen de peleas y protagonismos internos".
Desde la bancada de Vox, José María Llanos ha tachado la falta del presidente de "atentado a la democracia y desprecio a Les Corts" tras una remodelación del Consell que ve como un parche para "alargar la agonía a los valencianos". "No existen las casualidades en política", ha dicho, y ha reiterado que la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), "puede ser imputada en cualquier momento" por presunto encubrimiento a los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada.
Por contra, la portavoz adjunta del PSPV Carmen Martínez ha rebatido que es la cumbre de Portugal tiene tal "magnitud" que es "absolutamente imprescindible" que Puig no asista a la sesión de control. Ha destacado que asistirán numerosos empresarios y que "se habló incluso antes de la pandemia" y no se ha organizado en "15 o 20 días" cuando se supo la declaración de su hermano.
Papi Robles, síndica de Compromís, ha defendido que "el gobierno debe rendir cuentas en las Cortes", aunque ha remarcado que hay que entender "las agendas" del presidente y los consellers. Ha abogado así por proponer otra sesión de control o por establecer un pleno adicional en julio como otros años, mientras no ha querido entrar en si es una falta casual o causal porque "el mundo no se mueve en función de las necesidades de Ximo Puig".
Y de Unides Podem, Pilar Lima ha sostenido que el viaje a Lisboa forma parte de la agenda y no pueden "juzgar ni valorarlo" y ha asegurado que Puig "siempre ha dado la cara como le corresponde en las Cortes". Además, ha resaltado que en la sesión de control de este jueves preguntará al presidente sobre la corrupción y la figura de los "corruptores".
Decreto de renovables
Por otro lado, en el pleno de la próxima semana se votará finalmente la convalidación del decreto de medidas urgentes que aprobó el Consell hace unas semanas para impulsar las energías renovables ante la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, así como la bajada de las tasas autonómicas.
Compromís ha reiterado que votará a favor, aunque ha reiterado que tiene la "firme intención" de pedir que se tramite como proyecto de ley. Las facilidades que se introducen a la instalación de plantas fotovoltaicas para potenciar las renovables es algo que ha causado tensiones en el seno de la coalición valencianista, con un grupo de diputados que piden replantear esta cuestión para evitar que las grandes compañías eléctricas hagan caja y se perjudique el paisaje medioambiental. Por contra, desde Unides Podem han dejado claro que pretenden negociarlo con la nueva síndica socialista, Ana Barceló, que se estrena este miércoles en las Cortes, y el PSPV cree que "es una opción" aunque "sería la primera vez" que se sigue este proceso en una norma aprobada por el pleno del Consell.
El PP, por su parte, ha advertido que votará en contra de la convalidación y también pedirá su tramitación como proyecto de ley, así como que de lo contrario interpondrá un recurso al Tribunal Constitucional.
Al margen de este decreto, los populares preguntarán en el próximo pleno a la vicepresidenta Oltra si "considera que los errores políticos tienen consecuencias políticas, algo que debería sonarle cuando estaba en la oposición", y Cs interpelará al nuevo conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, por "la posible reversión a gestión pública del Hospital de Dénia" y a la recién nombrada titular de Universidades, Josefina Bueno, por la política de becas.
