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La guerra del agua cobra fuerza en las Cortes en la recta final de la legislatura

El hachazo que el Gobierno quiere asestar al Tajo-Segura inunda un pleno salpicado por las causas de Oltra y el hermano del presidente. Puig saca pecho de haber recurrido 39 veces contra los recortes hídricos y el PP aprieta para aumentar la ofensiva judicial contra Sánchez

Rebeca Torró, Arcadi España, Miguel Mínguez y Josefina Bueno, bajan la escalera del hemiciclo y pasan por delante de Ximo Puig. BIEL ALIÑO/EFE

El hachazo que el Gobierno central pretende asestar al trasvase Tajo-Segura salpicó este jueves, de principio a fin, la sesión de control celebrada en las Cortes. La ausencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la multitudinaria manifestación organizada el pasado martes en Alicante sirvió de queroseno a la oposición para centrar sus ataques políticos contra el jefe del Consell, que defendió que el Ejecutivo que lidera ha acudido a los tribunales hasta en 39 ocasiones para defender la vigencia de los aportes hídricos. Y eso es algo que, aseguró con vehemencia, se seguirá haciendo, al tiempo que se mantendrá abierta la negociación para tratar de frenar el plan que respalda Pedro Sánchez. No obstante, ese es un argumento que no convenció ni un poco a la portavoz del PP, María José Catalá, que consideró que el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, está humillando al presidente de la Generalitat, por lo que reclamó mayor firmeza en la defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana y, en particular, de la provincia que resultará más afectada al respecto, Alicante. La síndica del grupo parlamentario popular propuso a Puig sellar un pacto que pasa por cerrar filas en el Parlamento autonómico para que los servicios jurídicos interpongan, en nombre de la Cámara, un recurso frente al inminente tijeretazo. Está por ver si el Botànic acepta el ofrecimiento en un momento en que la sempiterna guerra del agua vuelve a cobrar fuerza en el escenario autonómico.

El frente común planteado por Catalá en la Cámara valenciana discurre en la línea de lo reclamado estos días por la nueva síndica del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, quien ha venido defendiendo la necesidad de un pacto político global para sumar fuerza en la defensa del trasvase. Con todo, no es ningún secreto que la lucha por la supervivencia del Tajo-Segura está sirviendo para alimentar la batalla política a izquierda y derecha, especialmente en un momento en el que resta un año para las próximas elecciones. En ese contexto de persistente confrontación, parece complicado que se produzca, efectivamente, esa unión, y mucho menos que se acuerde que las Cortes emprendan su propia contienda judicial contra el Gobierno estatal.

El agua y las causas judiciales que salpican a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y al hermano del presidente de la Generalitat, inundaron la sesión de control. La lideresa de Compromís se encuentra al borde de una posible imputación por la supuesta actuación negligente de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos, en concreto, los cometidos por su exmarido sobre una menor tutelada por la Generalitat. El hermano del jefe del Consell, declarará el lunes como investigado por un supuesto fraude en ayudas públicas para el fomento del valenciano. Ambos casos vienen sirviendo a la oposición para hilvanar su estrategia de acoso y derribo contra la tripartito. A Puig lo acusan directamente de ser cómplice, mientras el Botànic prefiere no enredarse más de lo estrictamente necesario en estas cuestiones con tal de evitar dar protagonismo a la derecha.

La portavoz del grupo popular fue la primera en abrir la veda, reprochando a Puig su "fracaso" en la defensa de dos asuntos que considera capitales, como es la financiación autonómica y el trasvase. ¿Va a permitir que García-Page siga chuleándole a usted y a los valencianos?, le espetó. Para Catalá, Sánchez habla de eliminar trasvases y el presidente de Castilla La Mancha se mofa al invitar a Puig a ir a Israel para ver las técnicas de aprovechamiento del agua. "¿Va a consentir estas humillaciones al pueblo valenciano?", insitió la síndica popular, quien dijo que espera que obligue al presidente del Gobierno a no aprobar ese controvertido decreto que limitará los aportes hídricos.

Puig contestó que la auténtica humillación es todavía ver en los medios de comunicación y en los tribunales lo que hizo el PP durante tantos años, mientras que lo que está haciendo la Generalitat con la izquierda al frente es mantener una ofensiva judicial contra trasvases que no se consideraban justos, y eso es algo que seguirán haciendo.

"A mí no me humilla quien quiere. Ni a mí ni al pueblo valenciano. Es mucho más que cualquier cosa que pueda decir García Page o quien sea". Y le hizo hecho una petición a Catalá: "Dígale al presidente de la Comunidad de Madrid que depure. Uno de los problemas graves del Tajo es que la Comunidad de Madrid no depura. Es un problema gravísimo", apostilló.

Puig señaló que en esa concentración había representación del Gobierno valenciano y dijo que él estaba poniendo en servicio la línea 10 de Metrovalencia, y no burlándose de los agricultores subiéndose a un tractor, como hicieron algunos, en referencia al presidente del PPCV, Carlos Mazón. Acabado el pleno, Catalá señaló que Mazón se subió al tractor porque estaba en la manifestación y porque le invitaron los manifestantes, "cosa que Puig no puede decir".

La síndica del PPCV, María José Catalá. Información

"No nos hace falta nada, que haya una especie de convocatoria o aquelarre para ir a los tribunales", destacó Puig, que ahondó en la línea sobre que los criterios sobre los que se asienta la justificación para recortar el trasvase "no están sustanciados técnicamente ni son rigurosos ni corresponden al interés general", manifestó. "Con total legitimidad y fortaleza le hemos dicho al Gobierno que no estamos de acuerdo y estaremos en frente en todos los ámbitos, pero por los regantes vamos a continuar negociando", insistió.

Lo que Puig trató de dejar claro es que no está dispuesto q entrar en la guerra del agua que, a su juicio, ha venido alimentando el PP durante años para sacar rédito electoral. Y en ese sentido, instó a los populares a arrimar el hombro, a buscar soluciones también con el PP de Castilla La Mancha, reprochando que van más allá y lo que quieren es cerrar definitivamente el trasvase.

También Ciudadanos entró al trapo con la cuestión del trasvase: "Hubiera sido valiente acercarse el martes a los regantes que están viendo como el campo se muere, plantarse ante Sánchez y exigirle el agua, pero no lo ha hecho", ha dicho Ruth Merino. En su contestación, el presidente de la Generalitat subrayó que el Consell sí estuvo en esa manifestación para buscar soluciones para garantizar agua para siempre. "Esa es nuestra obligación de Gobierno", recalcó.

¿Dónde estaba el martes? Con la cabeza escondida, porque bajo las siglas del PSOE se destruye la Comunidad Valenciana", le recriminó la portavoz de Vox, Ana Vega.

Hemiciclo de las Cortes durante la sesión de este jueves. Información

Recurso propio del PP

Acabado el pleno, la síndica del PP ha anunciado que elevarán su propuesta a través de una proposición no de ley para que las Cortes debatan si se presenta un recurso contra el recorte al trasvase por parte de la propia Cámara. En caso de que no se alcance un acuerdo, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana presentará un recurso judicial propio.

En concreto, lo que se pide a través de esa proposición no de ley es : que las Cortes acuerden interponer, a través de sus servicios jurídicos, recurso contencioso-administrativo frente al acuerdo del Consejo de Ministros en virtud del cual se apruebe el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Y, en segundo lugar, que el grado de cumplimiento de esta resolución se dé cuenta en estas Cortes en el plazo máximo de tres meses.

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