"Prefiero que se quede como está". Así de contundente se posiciona la portavoz del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra, sobre la posibilidad de que las Cortes valencianas, a iniciativa de los propios partidos de izquierdas, modifiquen el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico que recoge medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, un texto que establece un nuevo marco normativo para impulsar las renovables. En la misma línea se sitúa la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que considera que la redacción actual "está muy bien como está". Llama la atención que sea, precisamente, el grupo parlamentario de Compromís, el que haya abierto este melón, abogando por mtramitar este decreto como proyecto de ley, tal y como anunció esta semana la síndica de los valencianistas en las Cortes, Papi Robles, que milita en Més (antiguo Bloc), mientras Oltra y Mollà están adscritas a Iniciativa. Con todo, está por ver qué ocurre finalmente porque Oltra deslizó este viernes que hay posibilidades de que, finalmente, se apruebe el decreto sin someterse después a un procedimiento legislativo.
El hecho de que la Cámara valenciana y, en concreto, los grupos parlamentarios que sustentan al tripartito, puedan acabar enmendando la plana al Consell para modificar el decreto aprobado por unanimidad por los representantes del PSPV, Compromís y Unides Podem en el Ejecutivo sería algo insólito, aunque, visto lo visto, no imposible. Aún así, los tres grupos han garantizado que el decreto impulsado por el Ejecutivo de Ximo Puig saldrá adelante en la Cámara. Lo que no está tan claro es que no pidan modificarlo a través de su tramitación como ley para incluir modificaciones. Los socialistas son, a priori, los más reticentes a este planteamiento. Según fuentes parlamentarias, sería algo así como "enmendar" al propio Consell. No obstante, será su nueva síndica, Ana Barceló, la que tendrá que lidiar con esta cuestión. Cabe recordar que tres diputados de Compromís y dos de Unides Podem rubricaron un manifiesto hace unas semanas en las que reclamaban cambios en el decreto. En líneas generales, lo que exgien ambas formaciones es que los ayuntamientos tengan una mayor capacidad de decidir sobre las plantas solares, y que se priorice la instalación en zonas urbanas y espacios en desuso antes que en espacios verdes.
Está previsto que el decreto sea convalidado en las Cortes la próxima semana, al límite del plazo. Eso es algo que está en principio garantizado porque el Botànic cuenta con mayoría de votos. El PP, por su parte, amenaza con llevarlo a los tribunales. Con todo, el final de esta historia está por escribir, o eso dejó entrever este viernes la vicepresidenta del Consell, al señalar que hay un 50% de probabilidades de que el decreto anticrisis se convalide sin que sea necesaria su tramitación como proyecto de ley en las Cortes. Como argumento a favor, dijo que las medidas contempladas seguirían aplicándose ya sin generar "inseguridad" sobre el texto que resultará como resultado de ese proceso. En cualquier caso, Oltra negó que los grupos parlamentarios estén desautorizando la aprobación de este decreto por unanimidad del Consell y garantizó que los acuerdos a los que lleguen "se respetarán y serán bienvenidos" por el Gobierno autonómico.
Mollà, por su parte, coincidió en que se apruebe en su redacción actual porque está "muy bien como está", pero pidió "desdramatizar" si tuviera que ser aprobado por la vía de decreto ley para "incorporar alguna matización o mejora" o alguna traslación del Real Decreto del Gobierno.
Sobre la carta suscrita por cinco diputados respecto a las plantas solares, la consellera dijo que hay aspectos que puede compartir sobre las grandes infraestructuras de producción de energía solar. No obstante, recalcó que estas grandes plantas, las de más de 50 MW, no las regula la Generalitat ni los Ayuntamientos sino el Estado, al que piden que "tengan los criterios territoriales, paisajísticos y ambientales para hacer esas tramitaciones".
La responsable de Transición Ecológica recalcó que en las plantas que tramita la Generalitat el papel de los Ayuntamiento es "destacado", mientras que en las de tramitación estatal es "anecdótica".
"Si tiene que pasar por proyecto de ley, se mejorará seguro. Y si no, tal y como está garantiza una transición energética, ecológica y social justa y adecuada a los parámetros territoriales, económicos y ambientales de nuestro territorio", apostilló.
Agencia Valenciana de Cambio Climático
El Gobierno valenciano aprobó este viernes el anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Valenciana de Cambio Climático, que será un instrumento "clave" para "la coordinación y ejecución de los diferentes planes de lucha contra el cambio climático y la descarbonización", según explicó Mollà. La creación de este instrumento, que es uno de los compromisos del segundo Acuerdo del Botánico, tiene como misión coordinar las diferentes estrategias contra el cambio climático, tanto en los diferentes departamentos de la Generalitat como con los ayuntamientos, la sociedad civil y la comunidad empresarial. La misión de este nuevo recurso será impulsar las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y comunicación del cambio climático, supervisando el mantenimiento del equilibrio económico, ambiental y social. Según Mollà, la entidad tendrá un papel "fundamental" en la ejecución, seguimiento y evaluación del próximo Plan Valenciano Integrado de Energía y Clima (2030) con el que se impulsará la descarbonización mediante la implantación de un modelo energético "limpio y eficiente".
Mollà afirma que el Consell "no liderará una guerra del agua" y que las abiertas por el PP "no han traído ni una gota"
La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, recalcó este viernes el Consell "no liderará una guerra sobre el agua" y, al respecto, ha subrayado que "ninguna de las que ha iniciado el PP ha aportado ninguna gota más de agua para los regantes, sino todo lo contrario". En ese sentido, señaló que "aún hay margen para la negociación" del caudal del trasvase Tajo-Segura porque el Consell "tiene la razón como avalan los técnicos", pero advirtió de que si no hay un acuerdo irán a los tribunales.
Por su parte, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, recalcó que la defensa del Consell de los regantes del sur y de la tierra del Vinaolpó es "incuestionable y está demostrado" en los 40 recursos planteados y que seguirán "defendiéndolos".
Mollà, consideró que la postura de los regantes es "exactamente la misma" que la Generalitat, aseveró que hay "margen de negociación porque tenemos la razón" porque, según explicó, "no discutimos el caudal ecológico sino de cifra, de cuántos metros cúbicos por segundo". En ese sentido, subrayó "el aval técnico" con el que cuentan para saber que con 6 m3 por segundo podría ser un caudal ecológico que garantizara el caudal del Tajo y el mantenimiento del trasvase.
Además, ha destacado que es "la primera vez" que el Ministerio en el Plan del Tajo señala que la causa del estado degrado es "la depuración de las agua sucia de Madrid". Por todo ello, reclamó al PP que "haga algo más que intentar abrir guerras y solucione los problemas que tiene el Tajo que los está produciendo en primera persona la señora Isabel Díaz Ayuso", presidenta de Madrid.
Por otra parte, explicó que la propuesta que llevarán el próximo miércoles al plan de la Confederación Hidrográfica del Júcar para atajar la sobreexplotación de acuíferos que pasa por un recorte en la extracción del agua. En ese sentido, dijo: "Sabemos que están los acuíferos sobreexplotados y que se debe hacer esta sustitución, pero no se puede hacer esa sustitución si no está encima de la mesa". Por ello, pedirán a este organismo que "retrase la decisión de los planes de esos acuíferos para tener asegurado el trasvase del Júcar-Vinalopó y que podemos asegurar en condiciones revertir la situación degrada de los acuíferos". "Si ganamos un poco de tiempo y se trabaja y tenemos el remedio antes que la enfermedad, mejor", añadió.
Por último, aseveró que en esta reunión también trasladará su oposición a la venta de agua a Almería por parte de la Acequia Real del Júcar. "En ese espacio en el que se nos presenta una realidad de los acuíferos sobreexplotados y una regulación que pondría en peligro el trasvase Júcar-Vinalopó no tiene ningún sentido una propuesta de coger agua del Júcar para Almería porque si hay agua disponible debe ser para el Vinalopó y la Albufera".
