No es la primera vez que se produce un choque entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, con la prostitución como trasfondo. Sus posturas divergentes son de sobre conocidas y, una vez más, se acentúan. esta vez, con motivo de la estrategia que ha emprendido Bravo para avanzar hacia la abolición de esta práctica en la Comunidad Valenciana. Su propuesta pasa por modificar la Ley de Espectáculos para introducir cambios que incluyen multar hasta con 60.000 euros a los prostíbulos, cerrando hasta tres años los locales donde se permita o se favorezca que se negocie con servicios sexuales a cambio de una prestación económica. Sin embargo, esa es una vía que no acaba de convencer a la consellera de Igualdad, que considera que para erradicar la prostitución "hace falta algo más que medidas punitivas" y aboga por escuchar a las víctimas y por hacer una norma que no les perjudique.
Oltra opta por la cautela y, por el momento, prefiere no pronunciarse directamente en contra de la línea que está dispuesta a seguir su compañera de gobierno. En ese sentido, afirma que hoy por hoy es solo un anteproyecto, es decir, que no está definido en su totalidad y que, por ende, deberá someterse a una fase de alegaciones que permite realizar aportaciones. En cualquier caso, con las palabras pronunciadas este viernes, la vicepresidenta evidenció su desacuerdo: "Para erradicar la prostitución hace falta algo más que medidas punitivas". En ese sentido, destacó que existen estudios prestigiosos, como uno de la Universidad de Barcelona, que muestran que las políticas basadas en interponer sanciones "causan perjuicios en el ámbito, sobre todo, de mujeres víctimas de explotación sexual o que ejercen la prostitución". Con todo, cree que no se puede establecer un "debate de brocha gorda" y que todo este asunto se debe de abordar desde un prisma más amplio que incluya, también, dar voz a las afectadas. En ese sentido, ha destacado que existe un sindicato de trabajadoras sexuales al que también se debe de escuchar, tal y como ella ha hecho mediante reuniones.
"Es importante que desde los gobiernos no se tomen decisiones despóticas. Esto es seña de identidad del Botànic: escuchar a las personas que tienen algo que decir porque son las primeras afectadas", remarcó. A su juicio, se debe procurar que una norma no perjudique a la parte más vulnerable, a las personas que ejercen la prostitución, que sean víctimas de explotación sexual o que sean víctimas de trata con fin de explotación sexual. "No es útil jugar con debates nominalistas", insistió. Lo que dijo tener claro es que la prostitución no se puede abolir promulgando solo una ley.
Oltra puso en valor todas las acciones que ha llevado a cabo su departamento para abordar este complejo fenómeno, como la asunción del salario mínimo interprofesional en la Renta Valenciana de Inclusión cuando se trata de personas en contexto de prostitución, algo que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, o el programa Alba, "pionero en España" en ofrecer alternativas a las mujeres prostituidas y contribuir a la minimización de riesgos. Todas impulsadas por su departamento, pues ninguna de las que ha mentado han sido de las aprobadas por Justicia.
La división en la izquierda valenciana es un reflejo de lo que está sucediendo en estos momentos en la escena estatal, donde las formaciones progresistas del Congreso de los Diputados tampoco se han puesto de acuerdo en avanzar hacia la abolición que propone el PSPV-PSOE.
"La única vía feminista es la abolicionista”
La respuesta del PSPV a las declaraciones de Oltra no se hizo esperar. "La única vía feminista es la abolicionista”. Así se ha manifestado la vicesecretaria general y de Igualdad del partido, Ana Domínguez, quien ha recordado que “el 7 de octubre de 2021 todos los partidos que sustentan al Botànic aprobaron en Les Corts Valencianes una Proposición No de Ley a favor de la abolición de la prostitución” y, por tanto, añadió, “eso es lo que está haciendo el Consell de Ximo Puig, dando pasos para acabar con la esclavitud del siglo XXI que afecta a las mujeres”.
La dirigente socialista explicó que la proposición no de ley aprobada recogía tres iniciativas diferentes: “la punitiva, castigando a los puteros, la de acompañamiento a las víctimas, garantizándoles oportunidades de vida, y la pedagógica, para hacer entender a la sociedad que en ningún caso la regulación es un opción para acabar con la prostitución”.
En este sentido, Domínguez recordó que “el discurso de la regulación solo promueve el patriarcado del consentimiento” y ha señalado que “frente a las falsas libertades, los y las socialistas no vamos a renunciar a nuestra postura abolicionista y vamos a seguir promoviendo políticas públicas valientes que garanticen la igualdad real”.
“La modificación del Código Penal para castigar a los puteros y multar a los locales donde se ejerce la prostitución es un objetivo al que no vamos a renunciar”, apuntó la portavoz del PSPV-PSOE. “En la Comunidad Valenciana ya hemos presentado ordenanzas abolicionistas y no pararemos hasta conseguir acabar con la esclavitud de las mujeres, porque desde el Partido Socialista y desde el Consell no entendemos el feminismo de otra forma”, concluyó.
