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Ángel Luna: «El estado del bienestar requiere de entrega y trabajo por parte de los funcionarios»

Ángel Luna es un firme defensor del estado del bienestar. Tanto que, por segundo año consecutivo, le saca los colores a los gestores públicos, esta vez, por no haber sido capaces de satisfacer los derechos vitales de la ciudadanía en un plazo razonable. Por eso mismo, reivindica por enésima vez la modernización de las administraciones, y también un mayor compromiso de los funcionarios. Lo hace desde el convencimiento de que el Síndic de Greuges es la conciencia crítica de la Administración y debe seguir siéndolo.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la sede de la institución, situada en Alicante. | ALEX DOMÍNGUEZ

Si durante el primer año de pandemia el informe del Síndic de Greuges puso en evidencia las graves limitaciones de las administraciones para ser eficaces cuando más las necesita la ciudadanía, lo que sostiene en el segundo año es que se han mostrado incapaces de satisfacer derechos vitales en un plazo razonable. ¿Hemos ido de mal en peor?

La pandemia ha empeorado muchos de los ritmos de funcionamiento de las administraciones públicas, fundamentalmente, en todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales de carácter esencial. Se ha notado en la tramitación de las ayudas, y ha habido graves disfunciones en muchos casos, pero lo más reseñable es el funcionamiento de las de los servicios esenciales del estado del bienestar, de las prestaciones de dependencia y discapacidad, de la renta valenciana de inclusión y, por supuesto, de las prestaciones sanitarias. El acceso a los centros de salud y a todas las prestaciones sanitarias se ha visto muy afectado por la pandemia.

Y, situaciones como ésta, ¿responden a la desidia o, directamente, es incompetencia?

Tiene más que ver con las inercias de las administraciones. La Administración es un aparato mastodóntico que funciona como un transatlántico. Es muy difícil ponerlo en marcha, frenarlo, y hacerlo girar. Entonces, en situaciones excepcionales como laque hemos vivido con la pandemia, hubiéramos necesitado capacidad de adaptación y más flexibilidad por parte de las administraciones a la hora, por ejemplo, de destinar personal de un sitio a otro.

A un año de las elecciones, ¿es factible dar algún paso para modernizar la Administración?

A un año de las elecciones va a ser muy difícil que se aborden grandes cambios. Sin embargo, vivimos un momento muy singular, porque una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE ha forzado a las administraciones a replantearse la situación de los funcionarios interinos. Puede ser una buena oportunidad para consolidar plantillas y replantearse el funcionamiento de estas plantillas. Por ejemplo, la finalización de los 6.000 contratos covid ha coincidido con el anuncio de la convocatoria de 5.000 plazas para consolidar en la Administración sanitaria. Vamos a ver con qué carácter se hace, cómo se hace y dónde se destinan.

¿Y cómo se debería hacer?

Tendríamos que empezar a contar con mecanismos de flexibilidad que permitieran modificar el trabajo de una Administración en función de las necesidades de la ciudadanía. El estado del bienestar no puede ser una cuestión de héroes, pero también requiere de una capacidad de entrega y trabajo por parte de los funcionarios. Durante la pandemia, mientras muchos trabajadores de empresas privadas habían perdido su salario o su trabajo, los que trabajamos para las administraciones públicas hemos mantenido nuestro trabajo y nuestro salario. Tenemos que ser conscientes de que, si el Estado nos ha garantizado el trabajo y el salario, tenemos que devolver ese trato especial con una capacidad de entrega y sacrificio a la hora de defender los intereses y necesidades de la ciudadanía.

En una situación tan complicada, ¿cómo se explican los retrasos en la renta valenciana de inclusión o en la dependencia?

La renta valenciana de inclusión tiene serios problemas de gestión. Tengo la sensación, en función de las respuestas que nos da la conselleria en muchas de las quejas, de que no cuentan con una aplicación informática adecuada a las necesidades de la gestión de un instrumento tan potente. Y, desde luego, la renta valenciana de inclusión tiene un problema fundamental: no es posible que se esté denegando la prestación cuando alguien accede a un trabajo temporal o a tiempo parcial si ha pasado un año o un año y medio desde que la solicitó, y no ha tenido nada en ese periodo. Por lo menos durante ese tiempo, debe tener derecho a percibir la prestación y, si luego el trabajo es por menos de 12 meses, debe poder reanudarla otra vez. Estamos desincentivando que la gente busque trabajo.

Fue muy sonado el choque entre el Síndic de Greuges y la vicepresidenta Mónica Oltra a cuenta de los centros menores. ¿En qué punto nos encontramos?

«Las relaciones con Oltra son por escrito. No tenemos más relaciones»

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La conselleria ha aceptado las recomendaciones, pero le hemos pedido que amplíe la respuesta porque la aceptación es demasiado generalizada y no nos queda nada claro cómo se van a llevar a efecto algunas de las recomendaciones que ha aceptado. Estamos a la espera de esa ampliación del informe. No está cerrada la queja.

Con los antecedentes que tenemos, ¿son optimistas?

No lo sé. La situación de esa dirección general en estos momentos no es la más favorable para que puedan tener un trabajo tranquilo al respecto. No nos han contestado. Vamos a ver.

¿Cómo se llegó a ese choque institucional con la vicepresidenta?

La directora general asumió en la reunión que mantuvimos la responsabilidad de haber dado las instrucciones para contestar de manera agrupada por parte de la conselleria lo que era un cuestionario dirigido a los directores de los centros, y nos manifiesta que lo hizo con la mejor voluntad, con la intención de ayudar al Síndic y que no pensaba que se iba a provocar ese choque institucional.

¿Cómo son las relaciones del Síndic de Greuges con Mónica Oltra?

Son relaciones por escrito. Recibimos las quejas, solicitamos informes, los recibimos y dictamos resoluciones. No hay más relaciones.

Una de cada cuatro quejas corresponden a esa conselleria…

Sí, pero es normal. La gente que acude al Síndic de Greuges, en muchos casos, es porque no tiene otros recursos. Las resoluciones del Sindic de Greuges, si quieren cumplirse, se cumplen, y se acatan, y se aceptan, y se ejecutan . Si no quieren no, y la gente tiene que acudir al juzgado.

El último tirón de orejas ha sido para Vivienda...

En agosto se aprueba el decreto del Consell del Registro de Demanda de Viviendas. Desde hace tiempo, venimos denunciando varios problemas en relación con la gestión de vivienda. Primero, no responden a las solicitudes de los ciudadanos. En segundo lugar, mantienen durante dos años la inscripción en el registro. Parece que entienden la solicitud de una vivienda como que si hay se la doy, y si quiere una ayuda el ciudadano tiene que estar pendiente del DOGV, cuando el mecanismo de la ley no es ese. En nuestra opinión, si soy una familia vulnerable que reúne los requisitos, la Administración o me da la vivienda o me da ayudas al alquiler, porque es un derecho subjetivo que me confiere la ley. Además, no se puede obligar a las familias a hacer la solicitud de forma exclusivamente telemática. Ya le habíamos dicho esto a la Administración antes de que aprobaran este decreto, y en su respuesta nos dijeron que iban a estudiar el tema, pero no han estudiado nada, y no tienen nada que estudiar. La Ley de Procedimiento Administrativo es muy clara. Luego, si no tengo casa, ¿cómo voy a tener internet?

¿Le preocupa que acabe todo en una confrontación como la que se vivió con Oltra?

No creo que vayamos a terminar en un conflicto porque el secretario autonómico de Vivienda y la directora general del EVHA solicitaron una reunión con nosotros para discutir el tema. Por la actitud de la conselleria de venir a plantear su punto de vista y de tomar nota de lo que le dijimos, no creo que vayamos a acabar en conflicto.

En cualquier caso, tras los antecedentes con Compromís y ahora con Unides Podem, ¿no le inquieta que haya quien pueda pensar que actúa de parte?

Evidentemente, sí me preocupa que puedan pensar eso. Muchos medios me siguen etiquetando como exdiputado socialista. Sin embargo, yo soy el que toma la decisión última, pero esto es un trabajo colectivo. Hay gente que ha venido de muchos sitios, y nuestro trabajo pone de manifiesto que aquí no se mira el color político de nadie. ¿Qué eso lo van a utilizar? Seguramente, pero, por ejemplo, le hemos dado la razón a concejales de Vox en relación con la falta de transparencia de un ayuntamiento regido por los socialistas.

¿Y a la inversa? ¿Tiene más predisposición Sanidad que Igualdad, por ejemplo?

No, en las consellerias no detecto diferencias, pero, por ejemplo, la Conselleria de Sanidad tiene un Servicio de Atención e Información al Paciente que filtra todos los problemas, y eso hace que, cuando llega aquí la queja, la conselleria ya conoce el problema y responde más rápido. Ahora, no es porque la conselleria sea de la cuota socialista, es porque tiene ese mecanismo que otras consellerias no tienen. Si hubiera un servicio parecido para la dependencia, igual funcionaría de otra forma, pero no lo hay, y acuden aquí por primera vez.

Las listas de espera han sido una cuestión recurrente en los informes del Síndic. Sin embargo, en el último ejercicio también pone el foco en el «colapso injustificado» de Atención Primaria. ¿Qué falla?

«La Atención Primaria siempre ha sido el pariente pobre de sanidad, igual que la salud pública»

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Lo que falla es que son años y años de no prestarle el interés que se debe a la Atención Primaria. En un momento determinado, si te pasa alguna cosa, acudes a Urgencias en el hospital, y colapsas Urgencias, y es más caro dar el servicio en Urgencias que tener un centro de Atención Primaria. La Atención Primaria siempre ha sido el pariente pobre de sanidad, igual que la salud pública. Soy un defensor acérrimo de la salud pública y el control epidemiológico, porque tienen un papel importantísimo, y ahora se ha visto claramente que no teníamos mecanismos suficientes, y no me refiero ya solamente a nivel de comunidad autónoma, que por supuesto, sino a nivel de todo el Estado.

El proceso de reversión del Hospital de Torrevieja ha estado marcado por las protestas. ¿Se ha traducido eso en quejas?

Ha habido algunas, pero, fundamentalmente, por información, y alguna otra también por el servicio de Urgencias. El problema es que los que diseñaron el sistema de privatización de determinados servicios sanitarios no pensaron que eso pudiera ser reversible en algún momento, y hacer reversible la privatización de un área sanitaria es, como hemos visto, muy complejo, y tiene muchas aristas. Ya no solo es que no haya mecanismos legales que permitan convertir a los trabajadores en personal estatutario o funcionario. Por otro lado, muchas veces las empresas tampoco se muestran especialmente colaboradoras, porque no aceptan de buen grado que se les retire una concesión que es parte de su negocio.

Vivienda, sanidad, servicios sociales… ¿Hay motivos para preocuparnos por el futuro de nuestro estado del bienestar?

«No podemos tener servicios de Dinamarca con impuestos de Irlanda»

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Sí, me preocupa mucho el futuro del estado de bienestar, no solamente por todos estos problemas que vemos de falta de capacidad de las administraciones públicas para satisfacer los derechos y las necesidades de los ciudadanos, sino también por el planteamiento recurrente de la rebaja de impuestos como solución a los problemas económicos. Si queremos servicios del nivel de Dinamarca, tenemos que pagar los impuestos que pagan en Dinamarca. No podemos tener servicios de Dinamarca con impuestos de Irlanda.

Un año después de la entrada en vigor de la nueva ley que regula el Síndic de Greuges, ¿que queda en el debe y en el haber?

La mayor ventaja de la ley no solo es la posibilidad sino la obligatoriedad de hacer públicas las resoluciones, y las respuestas y los incumplimientos por parte de la Administración. Eso introduce la posibilidad de que haya un control social, y que el ciudadano sepa si se hace o no caso a las resoluciones del Síndic. ¿En el debe? No sabría decir. En estos momentos, estamos intentando adaptar el funcionamiento de la institución a los requerimientos de la ley, y no nos hemos encontrado con ningún problema.

La institución ha ganado en transparencia con la nueva ley. Sin embargo, la opacidad de los ayuntamientos sigue siendo la tónica…

Sí, eso no baja, al contrario, y es curioso. Una de nuestras patas fundamentales es la defensa de la democracia, y la democracia se degrada cuando desaparece la transparencia. Por eso, prestamos mucha atención al derecho que tiene la oposición a acceder a la misma información que tiene el que está gobernando y, por eso, hemos reclamado en la memoria de este año una modificación del artículo 128 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana para evitar que haya alcaldes que se sigan escudando en que no tienen la obligación de entregar esa información por razones variopintas, como, por ejemplo, por la protección de datos... Luego, si hay alguien que hace mal uso de esa información, a por él, porque el alcalde también puede hacer mal uso de los datos personales. Ahí se nota la falta de cultura democrática.

Vox ha entrado por primera vez en un gobierno, en el de Castilla y León, junto al PP. A un año de las citas con las urnas. ¿Qué escenario se vislumbra?

Respecto al futuro, y desde mi posición de Síndic, lo único que puedo decir es que, pase lo que pase, mis obligaciones en relación con la defensa de los derechos fundamentales van a seguir siendo las mismas, y mi actitud va a seguir siendo la misma en torno a la defensa a ultranza de sus derechos fundamentales.

El Síndic de Greuges, en un momento de la entrevista. | ALEX DOMÍNGUEZ

«La guerra de Ucrania no la debería ganar Rusia. Nos jugamos la democracia»

Hay refugiados ucranianos que han estado un mes en Ciudad de la Luz, pese a que la estancia máxima debería ser de dos días, por la burocracia. Aunque el Síndic no tiene competencias en este caso, ¿le preocupa?

Luna aboga por una mayor implicación en el conflicto y por explicarle a los ciudadanos que va a tener un coste, al tiempo que defiende un pacto de rentas

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Efectivamente, Extranjería es competencia del Estado y, por tanto, del Defensor del Pueblo. En lo que podemos sí hemos actuado, y hemos abierto una queja de oficio para que la conselleria nos explique cómo está abordando el tema educativo. Evidentemente, hace falta una mayor implicación en la guerra de Ucrania a todos los niveles y hace falta también hablarle muy claro a la ciudadanía. La guerra de Ucrania no la debería ganar Rusia de ninguna de las maneras porque nos estamos jugando la democracia y la paz, y hay que decirle a los ciudadanos claramente que la guerra de Ucrania no no nos va a salir gratis. Los ucranianos están poniendo los muertos, pero para nosotros ahora viene la inflación, viene la subida del precio del petróleo... Claro, naturalmente, es que hay un señor que ha invadido otro país y ha llevado la guerra al corazón de Europa. Si queremos lavarnos las manos, lo pagaremos, pero no hoy, dentro de cinco años.

Precisamente, la inflación está disparada, y desde muchos foros se está pidiendo un pacto de rentas. ¿Lo suscribiría?

Es imprescindible un pacto de rentas. Lo peor para la inflación es el estado de ánimo, y pensar en subir las cosas porque está subiendo todo. Por tanto, un pacto de rentas es imprescindible.

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